Audios y mensajes revelan cómo operaba red extorsiva de excónsul en Atlanta: "Decime cuánto tenés"

Citas consulares condicionadas a sobornos, dinero repartido entre familiares y órdenes para evitar sospechas: una acusación federal reconstruye la presunta red de Ada Evila Serrano Núñez que operó en Atlanta durante el gobierno de Libre

  • Actualizado: 17 de noviembre de 2026 a las 18:15
Audios y mensajes revelan cómo operaba red extorsiva de excónsul en Atlanta: Decime cuánto tenés

Tegucigalpa, Honduras. Mensajes de WhatsApp y Telegram, notas de voz y conversaciones telefónicas descritas en una acusación federal revelan cómo Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, nombrada durante el gobierno de Xiomara Castro, habría coordinado junto con dos familiares una presunta red de sobornos por citas consulares que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, generó más de 375 mil dólares (unos 10 millones de lempiras), de acuerdo con el expediente judicial en poder de EL HERALDO Plus.

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La acusación formal, presentada el 1 de septiembre de 2026 por un gran jurado federal ante el Tribunal del Distrito Norte de Georgia, permaneció bajo secreto judicial hasta el 15 de noviembre, cuando se autorizó su divulgación. Aunque la orden de arresto había sido emitida desde el 1 de septiembre, Serrano Núñez fue detenida el 15 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. También fueron detenidos sus hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, y el exempleado consular Mario Antonio Castellanos Velásquez.

Aunque la acusación de 15 páginas no identifica por sus nombres a los presuntos colaboradores, sí describe la participación de dos familiares inmediatos y un empleado consular. El Departamento de Justicia estadounidense identificó a los tres detenidos como presuntos participantes del esquema, aunque las imputaciones contra ellos se tramitan en una denuncia penal separada.

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El expediente judicial, correspondiente al caso 1:26-cr-00407-UNA, atribuye a la exfuncionaria tres cargos penales: conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), exigencia y recepción de sobornos en su condición de funcionaria extranjera y conspiración para lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense también solicita el decomiso de bienes y recursos relacionados con los presuntos delitos, aunque no establece una cantidad específica.

Para comprender el funcionamiento de la presunta red es necesario partir del sistema de atención consular. Los hondureños que necesitaban pasaportes, documentos de viaje, servicios notariales y otros trámites debían obtener una cita mediante la plataforma habilitada por el consulado. El número de espacios disponibles cada día era limitado.

En ese contexto operaba una empresa privada registrada en Tennessee, que ofrecía transporte hacia Atlanta, asistencia para programar citas y preparación de documentos. Entre sus representantes figuraban un propietario con doble nacionalidad hondureña y estadounidense y un empleado hondureño, ambos residentes en Tennessee. Sus identidades no aparecen públicamente en la acusación.

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La compañía cobraba aproximadamente 300 dólares (unos 8,100 lempiras) por cliente, una cantidad que incluía el traslado, la asistencia para acceder a los servicios consulares y los presuntos pagos ilegales. Antes de que Serrano Núñez asumiera el cargo, la empresa no tenía que entregar sobornos al consulado ni a sus empleados para conseguir citas.

La situación habría cambiado al menos desde julio de 2023, cuando Serrano Núñez instruyó a un empleado que entonces trabajaba como guardia de seguridad del consulado para exigir sobornos a los representantes de la empresa por cada persona trasladada a esas instalaciones.

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A cambio del dinero, la excónsul habría facilitado y priorizado el ingreso de los clientes de esa compañía para obtener pasaportes, documentos de identificación y otros servicios. Los representantes debían pagar por cada cita para conseguir un acceso que, de otra manera, les habría sido negado.

De esa forma, la presunta red habría aprovechado el control sobre el ingreso de usuarios al consulado para establecer un mecanismo de cobros ilegales. La empresa mantenía la posibilidad de atender a sus clientes, mientras los pagos eran recibidos y distribuidos por personas vinculadas con la representación diplomática.

El caso fue divulgado públicamente el 16 de noviembre de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que anunció la detención de Serrano Núñez y otros tres implicados. Las autoridades estadounidenses destacaron que se trata del primer proceso penal presentado bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera.

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Ese mismo día, la Cancillería de Honduras anunció verificaciones administrativas para establecer los antecedentes del caso y determinar las actuaciones correspondientes. La institución también expresó su disposición de colaborar con las autoridades estadounidenses, bajo el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En su pronunciamiento, Relaciones Exteriores precisó que Serrano Núñez fue nombrada mediante el Acuerdo 174-SRH-2022, del 18 de mayo de 2022, durante el gobierno de Xiomara Castro. Su nombramiento fue cancelado el 24 de marzo de 2026, mediante el Acuerdo 489-SRH-2026, emitido por la administración de Nasry Asfura.

Citas, efectivo y órdenes

El 9 de octubre de 2023, Serrano Núñez, que ejerció como cónsul general de Honduras en Atlanta aproximadamente entre julio de 2022 y marzo de 2026, envió un mensaje por Telegram a un empleado consular para comunicarle que lo llamaría porque era “más privado”. Ese mismo día se reunió con el trabajador y dos familiares en su residencia, donde habló de las precauciones que debían adoptar para evitar que se descubriera el esquema.

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Durante el encuentro pidió mantener un perfil bajo y limitar la cantidad de clientes que la empresa intermediaria llevaba al consulado. “Hasta 15, si es posible menos”, habría ordenado, en referencia al máximo de citas diarias que podían gestionar sus representantes.

La restricción no correspondía al número total de personas que podía atender el consulado, sino a los clientes de la compañía involucrada en los presuntos pagos. La acusación presenta esa medida como una forma de reducir la exposición de las operaciones y evitar sospechas.

La exfuncionaria también manifestó preocupación por la posibilidad de que existieran dispositivos de vigilancia dentro de las instalaciones consulares. “Puede haber cámaras. Tengo miedo, por favor tengan cuidado”, expresó.

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Además, habló de revisar debajo de su escritorio porque sospechaba que allí podían colocar micrófonos. También pidió cubrir las rejillas de ventilación ante la posibilidad de que ocultaran cámaras capaces de registrar la entrega de una lista.

En esa conversación, Serrano Núñez habría indicado que podían observar al empleado precisamente cuando le entregaba ese documento.

La Fiscalía estadounidense también identifica entregas de efectivo relacionadas con el esquema. El 9 de agosto de 2024, Serrano Núñez habría ordenado a un empleado consular entregar aproximadamente 4,000 dólares (unos 108 mil lempiras) a uno de sus familiares.

Un mes después, el 10 de septiembre, uno de los representantes de la empresa intermediaria entregó alrededor de 1,700 dólares (unos 45 mil 900 lempiras) al mismo trabajador. El dinero fue recibido en beneficio de la excónsul y sus dos familiares.

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El 13 de septiembre de ese año, el empleado entregó directamente a Serrano Núñez aproximadamente 3,595 dólares (unos 97 mil lempiras).

Las comunicaciones telefónicas también permitieron reconstruir el destino de otras entregas. El 18 de octubre de 2024, el trabajador habló con uno de los familiares de la excónsul y explicó que tenía aproximadamente 4,900 dólares (unos 132 mil 300 lempiras) pendientes de entregar. También indicó que Serrano Núñez le había pedido consultar con otro familiar qué debía hacer con el efectivo.

En una segunda llamada, ese otro familiar aseguró que la exfuncionaria le había indicado que recibiera el dinero. “Decile al empleado que me dé el dinero”, fue la instrucción atribuida a ese familiar, según la traducción de la conversación incorporada al expediente.

Sin embargo, al día siguiente, el 19 de octubre, el empleado entregó los 4,900 dólares (unos 132 mil 300 lempiras) directamente a Serrano Núñez, quien preguntó: “Eso es por casi todo el mes, ¿verdad?”.

Las instrucciones continuaron mediante WhatsApp. El 22 de diciembre de 2024, cuando se encontraba fuera de Georgia, la excónsul envió una nota de voz al empleado para pedirle que entregara dinero a uno de sus familiares. Antes, quería saber cuánto efectivo había recaudado.

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“Primero decime cuánto tenés. Yo llevo el control de todas las citas que se han hecho”, señaló. También le indicó que, después de conocer la cantidad aproximada, volvería a llamarlo.

La referencia al control de las citas es relevante porque vincula las instrucciones sobre el dinero con el registro de personas atendidas mediante el mecanismo investigado.

En esa misma conversación, mediante un mensaje escrito, le ordenó: “Guardame 2,000 y dámelos cuando llegue”, en referencia a unos 2,000 dólares (54 mil lempiras). Ocho días después, el 30 de diciembre, el empleado le entregó aproximadamente esa cantidad en efectivo.

El dinero pasaba por familiares

La acusación también reconstruye cómo se distribuía el dinero de los presuntos sobornos. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, dos representantes de la empresa intermediaria entregaban efectivo a un empleado del consulado hondureño en Atlanta.

Por instrucciones de Serrano Núñez, el trabajador debía entregar la mayor parte de esos recursos a dos familiares de la excónsul, en lugar de dárselos directamente a ella. En algunas ocasiones, como las documentadas durante septiembre, octubre y diciembre de 2024, el dinero sí llegó a manos de la exfuncionaria.

Los familiares posteriormente realizaban depósitos en sus cuentas bancarias personales, que también utilizaban para sus negocios. Las cantidades depositadas oscilaban entre 100 y 6,000 dólares (entre 2,700 y 162 mil lempiras).

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Parte de las operaciones consistía en depósitos de cantidades reducidas, efectuados de manera gradual y, en algunos casos, mediante cajeros automáticos. Para los investigadores estadounidenses, esta modalidad buscaba dificultar la identificación del origen del dinero y ocultar su relación con los presuntos sobornos.

La acusación sostiene que estas transacciones pretendían disimular no solo la procedencia de los recursos, sino también su propiedad y control. Esa conducta constituye una de las bases del cargo de conspiración para lavado de dinero.

Aunque esta acusación no identifica a los familiares por sus nombres, el Departamento de Justicia estadounidense señaló a los hijos de Serrano Núñez como presuntos participantes en la recepción y depósito del dinero.

Los nombres de los dos hijos de la excónsul, así como el de Castellanos, figuran en un proceso judicial separado, identificado con el expediente 1:26-MJ-1215, al que este medio también tuvo acceso.

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El mecanismo de recaudación también cambió durante el funcionamiento de la presunta red. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024, los pagos fueron recibidos por un empleado consular de nacionalidad mexicana, quien inicialmente desempeñaba funciones de guardia de seguridad y distribuía el efectivo siguiendo las instrucciones de Serrano Núñez. Este trabajador permaneció vinculado al consulado hasta aproximadamente enero de 2025.

A partir de enero de 2025 y hasta marzo de 2026, otro colaborador del consulado, identificado en el expediente como “coconspirador número 3”, habría asumido la recaudación de los sobornos por instrucciones de la exfuncionaria.

Este último colaborador tenía doble nacionalidad hondureña y estadounidense y residía en el Distrito Norte de Georgia. Su función consistía en recibir los pagos de los representantes de la empresa intermediaria y coordinar el ingreso de sus clientes al consulado.

La sustitución del encargado de recibir el efectivo no habría significado el fin del esquema. La acusación sostiene que los cobros continuaron durante 2025 y hasta aproximadamente marzo de 2026, cuando concluyó el período de Serrano Núñez como cónsul general.

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La distribución del efectivo entre familiares, los depósitos bancarios y la intervención de empleados consulares forman parte de los mecanismos que sustentan las acusaciones de conspiración para infringir la legislación estadounidense contra la extorsión de funcionarios extranjeros y conspiración para lavado de dinero.

Más de 375 mil dólares en sobornos

La presunta red de cobros ilegales vinculada al consulado hondureño en Atlanta habría generado más de 375 mil dólares (unos 10 millones de lempiras) entre 2023 y 2026, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La cantidad corresponde al conjunto de sobornos atribuidos al esquema en el que participaron Serrano Núñez y sus presuntos colaboradores.

Aunque la acusación federal identifica varias entregas de efectivo, no establece cuánto dinero recibió personalmente la excónsul ni qué proporción quedó en manos de sus familiares. Tampoco precisa qué cantidad habría obtenido cada uno de los empleados consulares involucrados.

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Los 375 mil dólares corresponden a la cifra global divulgada por el Departamento de Justicia.

La dimensión económica del caso también forma parte de las pretensiones de la Fiscalía estadounidense, que solicita el decomiso de bienes y recursos relacionados con los delitos imputados. La petición incluye tanto las ganancias procedentes de los presuntos sobornos como los bienes vinculados con las operaciones de lavado de dinero, sin fijar una suma específica.

El expediente contempla, además, la posibilidad de reclamar otros bienes de Serrano Núñez por un valor equivalente si los recursos originalmente relacionados con los delitos fueron ocultados, transferidos a terceros, colocados fuera de la jurisdicción estadounidense, perdieron sustancialmente su valor o fueron mezclados con otras propiedades.

La solicitud de decomiso está condicionada a lo que determine el proceso penal.

En el ámbito judicial, la acusación fue presentada el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que también se emitió la orden de arresto contra Serrano Núñez. Sin embargo, ambos documentos permanecieron bajo secreto judicial hasta noviembre.

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La exfuncionaria fue detenida el 15 de noviembre y compareció al día siguiente ante la jueza federal Regina D. Cannon. La Fiscalía también presentó una solicitud de detención y, según el Departamento de Justicia, los cuatro arrestados permanecían bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras continuaban las actuaciones judiciales.

El excanciller Eduardo Enrique Reina, bajo cuya gestión Serrano Núñez fue nombrada cónsul general con la aprobación de Xiomara Castro, aseguró que durante su administración se investigaron denuncias relacionadas con la venta de citas en distintas representaciones consulares hondureñas.

“Yo presenté en febrero de 2024 una denuncia para investigar el tema de la venta de citas en todos los consulados”, afirmó Reina, quien sostuvo que también se realizaban auditorías sorpresivas y se investigaban señalamientos sobre irregularidades.

No obstante, al referirse específicamente al consulado de Atlanta, aseguró que no recordaba denuncias graves contra Serrano Núñez. “En el caso particular de Atlanta no tuvimos denuncias serias que recuerde”, manifestó.

Las declaraciones del excanciller contrastan con el período descrito en la acusación estadounidense, que sitúa el comienzo del presunto esquema en julio de 2023, cuando Reina todavía dirigía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el expediente no establece que el entonces canciller tuviera conocimiento de las operaciones atribuidas a Serrano Núñez.

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Reina también defendió las medidas de supervisión adoptadas durante su gestión y reiteró que las denuncias recibidas eran investigadas. Sobre el proceso abierto en Estados Unidos, expresó respeto por la presunción de inocencia de la exfuncionaria.

Los cargos contra Serrano Núñez deberán ser resueltos por la justicia estadounidense. La exfuncionaria mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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