Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de frenar las defraudaciones masivas y cerrar los vacíos legales que quedaron al descubierto tras el escándalo de Koriun Inversiones, desde el Congreso Nacional (CN) urgen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir con celeridad la opinión legal para incorporar el delito de captación irregular de fondos o recursos al Código Penal.
La iniciativa fue presentada ante la cámara legislativa en agosto pasado por el diputado del Partido Liberal, Alex Berríos. Actualmente, el proyecto se encuentra en manos del Poder Judicial luego de que la Secretaría del Legislativo remitiera la documentación para cumplir con el trámite constitucional previo a su aprobación en el pleno.
El parlamentario solicitó con respeto a los magistrados del pleno de la CSJ agilizar el dictamen técnico correspondiente. Según explicó, el país necesita con urgencia este escudo jurídico para blindar el patrimonio de las familias hondureñas frente a redes financieras que operan al margen de la ley.
"Este agregado al Código Penal está destinado a proteger a las familias hondureñas de defraudaciones y estafas piramidales, así como a castigar a los malos hondureños y extranjeros que vienen al país a aprovecharse de la humildad del pueblo quitándole sus ahorros", manifestó Berríos.
El proyecto establece una tabla gradual de sanciones penales dependiendo de las agravantes o atenuantes de cada expediente, no obstante, el congresista precisó que el marco sancionatorio contempla penas que oscilan entre los 8 y los 15 años de prisión efectiva para quienes incurran en esta práctica ilícita.
"El delito contempla que ninguna persona natural o jurídica que no cuente con autorización legal para recibir fondos o ahorros podrá hacerlo, y automáticamente el Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tendrán la herramienta jurídica necesaria para detener estas operaciones y castigar a los autores", señaló Berríos.
De acuerdo con los antecedentes legislativos, esta figura delictiva sí formaba parte del antiguo Código Penal de 1983, pero fue excluida al entrar en vigor la nueva normativa penal.
"Este es un nuevo delito que estoy pidiendo incluir en el Código Penal porque existía en la normativa de 1983 y fue excluido sin explicación, pero los casos recientes demuestran que amerita su reincorporación; ya he dialogado previamente con diputados de las distintas bancadas y todos están respaldando la moción", puntualizó el legislador.
Para que la reforma entre en vigencia, el Congreso Nacional requiere recibir la opinión no vinculante de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo establece la Constitución de la República cuando se trata de modificar códigos vigentes.
Una vez recibido el documento, el dictamen pasará a discusión y aprobación en el hemiciclo legislativo.