Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto legislativo de reformas al Código Penal orientado a garantizar la legítima defensa domiciliaria superó un paso importante al recibir la opinión favorable y sin objeciones por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La iniciativa denominada ley Casa Segura busca dar un fuerte amparo legal a las personas que deban repelar ataques violento dentro de sus viviendas, vehículos o establecimientos comerciales para defender su integridad.
El pleno de magistrados determinó avalar íntegramente la propuesta de incorporar el numeral 6 al artículo 30 del Código Penal, norma que regula las causas eximentes de responsabilidad penal.
Con este dictamen favorable, la normativa pasa a la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para elaborar el dictamen que se someterá a debate y aprobación final en la cámara legislativa.
"Estamos muy contentos porque recibimos la opinión de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde aprueban y recomiendan Casa Segura", expresó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.
El parlamentario sostuvo que los jueces y la fiscalía contaban con vacíos legales que provocaban la detención preventiva o prisión de ciudadanos honestos por el simple hecho de repeler a delincuentes en sus propiedades.
"Casa segura es un reforzamiento jurídico de legítima defensa para que cuando recibamos un ataque podamos usar la fuerza sin que esto conlleve a que nos acusen", afirmó Berríos.
La reforma contempla la presunción especial de legítima defensa para beneficiar a quien provoque lesiones o el deceso de un agresor que ingrese de forma ilegal, violenta o con intimidación.
El congresista proyecta que el proyecto sea integrado para su discusión de forma conjunta con el paquete general de reformas penales enviado al Congreso Nacional.
"Las leyes y los derechos humanos deben estar del lado de los hondureños que hacemos lo correcto y trabajamos por construir un país mejor", aseguró el legislador.
El trámite contempla su aprobación en el pleno, la posterior sanción por parte del Poder Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta para su entrada en vigor.
