Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional dictaminó de forma favorable una iniciativa de ley orientada a castigar con prisión a perpetuidad a las personas que asesinen a operadores de justicia, fiscales, jueces y miembros de los cuerpos de seguridad pública.
El proyecto de decreto, que introduce reformas profundas por adición al Código Penal, busca frenar las agresiones y asegurar la integridad física de los funcionarios que combaten directamente la criminalidad organizada.
La propuesta fue introducida formalmente ante el pleno legislativo por el presidente de ese poder del Estado, José Zambrano, y recibió el respaldo multipartidario en el seno de la comisión dictaminadora.
"La modificación o la adhesión al Código Penal lo que busca es fortalecer la protección penal de servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana, la investigación criminal y la impartición de justicia", explicó Kilvett Bertrand, diputado y presidente de la Comisión de Defensa.
La reforma jurídica contempla la creación de una sección novedosa dentro del título 29 del estamento legal, específicamente orientada a tipificar los delitos contra las instituciones del Estado bajo la denominación de Atentado Contra Instituciones y Cuerpos de Seguridad.De acuerdo con el dictamen técnico, se incorporarán de forma estricta los artículos 540A, 540B y 540C, estructurando una escala de penas severas que no admitirá medidas sustitutivas y que penalizará con la máxima sanción penal el asesinato de uniformados y funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos.
"Quien dé muerte a miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad del Estado, así como cualquier tipo de agente policial, agentes penitenciarios, investigadores criminales, agentes fiscales, jueces, magistrados y servidores judiciales por su razón de su función, cargo o condición con la finalidad de afectar la autoridad del Estado, se le deberá imponer la pena de prisión a perpetuidad", detalló Bertrand.Las reformas también innovará en el castigo de la conspiración previa y el sicariato, estableciendo condenas de 20 a 25 años de cárcel para quienes planifiquen estos ataques.
Asimismo, el texto legal estipula un incremento de un tercio de la pena si los autores intelectuales o materiales forman parte de maras, pandillas o bandas del crimen organizado.
En relación a las conductas delictivas que no se logren consumar, el artículo 540C dejará fijadas penas de 20 a 25 años de prisión para las tentativas inacabadas y de 23 a 28 años de reclusión en los casos de tentativa acabada, eliminando los márgenes de discrecionalidad judicial.
"Esto demuestra la voluntad política que tenemos para decir que vamos a luchar por la paz, por la tranquilidad de nuestro país en esta iniciativa de ley que fue presentada ante el pleno por parte del presidente de este Congreso Nacional, Tomás Zambrano", amplió el parlamentario.
El presidente de la comisión aclaró que la medida no pretende configurar un estamento de ciudadanos privilegiados frente a la ley penal general, sino responder de forma proporcional al nivel de exposición y vulnerabilidad que enfrentan quienes persiguen el delito en las zonas más conflictivas del país.
"No se puede comparar a un ciudadano con un juez que toma determinaciones, por ejemplo, contra el crimen organizado, contra un fiscal que acusa directamente y de frente al crimen organizado o a los policías o a los militares que hacen redadas en los sectores más complejos y complicados del país", argumentó Bertrand.
El dictamen, firmado por los representantes de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal y el Partido Nacional, será remitido de inmediato a la Secretaría del Congreso Nacional con la expectativa de que su discusión y aprobación se concrete durante las sesiones de esta misma semana.
