Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, designada presidencial, se refirió al regreso del expresidente Juan Orlando Hernández y reconoció que su reelección en 2017 fue ilegal.
La exdiputada aseveró que Hernández Alvarado deberá enfrentar la justicia por este caso, ya que la Constitución no permite la continuación presidencial como lo hizo JOH a partir del 2018 al 2022.
"Él debe estar consciente que la reelección no era permitida y cómo lo hizo tampoco era permitido, debe asumir las consecuencias de las acciones", manifestó Mejía en TV Azteca Honduras.
La charla la tuvo con el exdiputado Darío Banegas, quien le preguntó qué debe hacer el Ministerio Público (MP), por lo que la designada contestó: "Hacer las investigaciones oportunas y que pueda comprobar la culpabilidad o inocencia según sea el caso".
Sobre su vuelta a Honduras tras cuatro años en Estados Unidos y el indulto de Donald Trump, Mejía consideró que "el expresidente quiere recuperar el tiempo con su familia, quiere reencontrarse. Creo que viene a ser un hombre de familia, como dijo él, que viene a recuperar el tiempo con su familia. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos y que pueda disfrutar su jubilación si es que ya está apto".
Juan Orlando Hernández actualmente enfrenta a la justicia hondureña por el caso Pandora II donde se investiga un presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional (CN).
Según los entes acusadores, Ministerio Público y Procuraduría General de la República (PGR), estos fondos habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de Hernández en 2013.
Reelección
El 8 de diciembre de 2014, 15 diputados del Partido Nacional y uno de la Unificación Democrática (UD) pidieron a la Corte Suprema de Justicia despenalizar el artículo 239 de la Constitución 239, el cual no permite hablar de reelección en Honduras.
En consecuencia, el 22 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, falló a favor de despenalizar el mencionado artículo de la carta magna, permitiendo la reelección en nuestro país.
En agosto de 2016, la Corte Suprema dirigida por Rolando Argueta emitió una resolución donde concluyeron que la reelección presidencial en Honduras era caso juzgado y lo que correspondía era reglamentarla.
En tal resolución, la CSJ expresó que “no se pronuncia opinando, dictaminando o interpretando situaciones de carácter fáctico-jurídico”, es decir, en casos en que ya ha emitido un fallo anteriormente.
Subrayó que la Sala Constitucional es el último y definitivo intérprete de la Constitución de la República y sobre este caso ya ha dado una decisión de “ejecución inmediata y con efectos generales, firmes e inmutables” (caso juzgado); por lo tanto, no puede cambiar en sus determinaciones.
