Tegucigalpa, Honduras.- Las medidas legales orientadas a robustecer el combate contra las estructuras criminales y las maras en el país declaradas como terroristas avanzan de manera firme en el Poder Legislativo, donde serán sometidas a discusión para su aprobación definitiva esta semana.
La iniciativa surge a raíz de las directrices emanadas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que propuso un endurecimiento general de las normativas vigentes para cerrar los espacios de impunidad a los grupos delictivos.
Para cumplir con este trámite legislativo, el proyecto de decreto fue asignado de forma directa a las comisiones de Seguridad y Defensa, las cuales se encargarán de emitir el dictamen correspondiente previo al debate en el pleno.
El bloque de modificaciones abarca aspectos sustantivos del Código Penal, específicamente en los artículos 81, 193, 195, 570 y 587, los cuales abordan temas vinculados al régimen de penas, el tratamiento de asociaciones ilícitas y las limitaciones a beneficios de ejecución de condenas.
Asimismo, el proyecto contempla cambios procesales determinantes al intervenir los artículos 170, 177, 184, 186, 191, 212 y 285 del Código Procesal Penal, enfocados en optimizar la labor investigativa de los operadores de justicia y los procedimientos de captura.
Dentro de los artículos penales señalados se busca replantear figuras relativas a la responsabilidad de agrupaciones terroristas y redes de extorsión, mientras que en el ámbito procesal se agilizan herramientas como los allanamientos y el manejo de indicios urgentes.
Sobre esta temática, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha explicado que se mantiene la firme determinación de sacar adelante estas reformas para dotar al Estado de instrumentos más eficaces frente a la criminalidad, priorizando la seguridad ciudadana por encima de cualquier obstáculo institucional.
La discusión de estas reformas se convertirá en uno de los puntos focales de la agenda parlamentaria semanal, con la expectativa de que los cambios entren en vigencia a la mayor brevedad para intensificar la presión operativa contra el crimen organizado en el territorio nacional.
