Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el combate a la corrupción se posiciona como una promesa recurrente de los gobiernos, registros oficiales evidencian que entre el 2019 y 2025 el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solo remitió cuatro expedientes por enriquecimiento ilícito al Ministerio Público (MP).
Información obtenida por EL HERALDO, mediante la solicitud de información SOL-TSC-539-2026, muestra que los cuatro casos remitidos a la Fiscalía fueron contra exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Fondo Hondureño para la Inversión Social (FHIS) y dos municipalidades.
Los casos remitidos corresponden a presuntos perjuicios económicos o incrementos patrimoniales no justificados que, en conjunto, superan los 92.4 millones de lempiras,
Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2019, el TSC remitió un único expediente por indicios de enriquecimiento ilícito de Levis Donaldo Martínez, quien se desempeñaba como analista administrativo del IHSS, y es señalado de percibir 85 millones de lempiras de las arcas del Estado.
El artículo 8 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos dice explícitamente que se incurren en este delito "cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa".
Bajo esta normativa, según los documentos, el ente regulador no trasladó expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público entre 2020 y 2022, pero en 2023 reportaron el caso de César Arnulfo Salgado Sauceda, exministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), por un monto que supera los dos millones de lempiras.
Mientras que el pasado 21 de noviembre de 2025, el ente regulado trasladó dos expedientes: uno corresponde a Manuel Meza, alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, señalado de enriquecimiento ilícito por 1.6 millones de lempiras.
El otro caso remitido el último año involucra a Ada Esperanza Muñoz Torres, directora ejecutiva de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, por más de 3.6 millones de lempiras.
El 90% se concentra en un solo expediente
La documentación oficial evidencia que, además del reducido número de expedientes remitidos en el período analizado, la mayor parte del monto investigado se concentra en un solo caso.
El expediente relacionado con el IHSS representa más del 90% del valor económico total consignado en los cuatro procesos enviados por el Tribunal Superior de Cuentas al Ministerio Público, de acuerdo con la información oficial.
Ante los hallazgos, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que el hecho de el TSC haya remitido únicamente cuatro expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público en los últimos años no simboliza una relación con la realidad que enfrenta el país en materia de corrupción.
El especialista señaló que, la falta de expedientes tiene repercusiones a nivel internacional, ya que los organismos que evalúan la transparencia y el control de la corrupción toman en cuenta este tipo de indicadores para medir el desempeño institucional de los Estados.
"Cuando un país registra tan pocos expedientes de esta naturaleza, las calificaciones internacionales tienden a ser bajas, porque las cifras no representan la realidad del país ni reflejan un verdadero nivel de regulación o transparencia", afirmó Espinal.
Expedientes
De los cuatro expedientes remitidos por el TSC, solo dos de los involucrados ya habrían enfrentado investigaciones o procesos judiciales ante el Estado por enriquecimiento de los bienes del Estado.
Por ejemplo, para Levis Donaldo Martínez, exanalista administrativo del IHSS, en 2017 el TSC notificó un informe de responsabilidad por indicios de enriquecimiento ilícito superiores a L85 millones, al determinar que el patrimonio del exfuncionario "no era congruente con los ingresos que percibía en el cargo".
Posteriormente, el Ministerio Público aseguró bienes vinculados al exfuncionario y lo relacionó a la investigación del desfalco de recursos en el IHSS.
Para el exdirector del FHIS, César Arnulfo Salgado, ya había sido procesado por presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios relacionados con la ejecución de fondos destinados al combate de la pobreza, no obstante, en 2022 obtuvo carta de libertad definitiva al acogerse a la Ley de Amnistía.
Ada Esperanza Muñoz Torres, exjefa de Control de Ingresos de la Municipalidad de San Pedro Sula, fue acusada en 2017 por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) junto a otros exempleados municipales por integrar una presunta red que eliminaba de forma irregular deudas por impuestos municipales y tasas jurídicas.
Según la acusación, las maniobras, conocidas como los "borrones", ocasionaron un perjuicio de 92 millones de lempiras a las finanzas de la comuna.
Particularmente, Manuel Meza, exalcalde de Reitoca, también enfrentó procesos judiciales, sin embargo, fueron distintos al expediente por presunto enriquecimiento ilícito remitido, ya que en 2024, un tribunal lo condenó a 146 años de prisión tras declararlo culpable de seis delitos de asesinato y dos delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
La sentencia corresponde a hechos distintos y no guarda relación con el expediente enviado por el TSC al Ministerio Público por presuntos indicios de enriquecimiento ilícito.
Institucionalidad
Ante los casos, Alex Navas, exmiembro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), opinó que históricamente, el país enfrenta un desafío institucional para fortalecer la lucha contra la corrupción y regulación a los funcionarios públicos.
"El enriquecimiento ilícito es de las cosas más fáciles de probar en Honduras, pero lo que se necesita es despolitizar los entes fiscalizadores y auditores del Estado; es trascendental que eso suceda para un mejor funcionamiento institucional", apuntó.
El especialista también consideró que para combatir la corrupción, los entes reguladores deben mejorar capacidades técnicas, y operativas para prevenir actos irregulares.
"En necesario fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y administrativas del Tribunal Superior de Cuentas, mediante la contratación y formación de personal capacitado en estos temas", apuntó.
Es decir, los expertos en materia de justicia y transparencia explicaron a este rotativo que la escasa cantidad de expedientes remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas refleja debilidades en los mecanismos de fiscalización y combate a la corrupción en Honduras.
Además, sugirieron fortalecer los índices investigativos y adoptar medidas preventivas que permitan detectar irregularidades antes de que se consumen, o se realicen auditorías a final de cada gestión gubernamental.
