Tegucigalpa, Honduras. -Impedir el ingreso de diputados al Congreso Nacional, instalar una comisión permanente que la Fiscalía considera ilegal y promover un decreto para ordenar el recuento de votos son parte de los hechos que el Ministerio Público (MP) atribuye a Luis Redondo, en un requerimiento fiscal que señala actuaciones dirigidas a menoscabar el proceso electoral de 2025.
Según la acusación, el 28 de octubre de 2025, Redondo ordenó a la seguridad interna del Congreso restringir el acceso de varios parlamentarios que pretendían celebrar una sesión extraordinaria para ampliar el período de sesiones ordinarias.
Ante el impedimento, los diputados terminaron reuniéndose en la vía pública. Durante esa sesión, el pleno aprobó extender el período ordinario hasta el 20 de enero de 2026.
Sin embargo, la resolución no fue publicada en el diario oficial La Gaceta, de acuerdo con el requerimiento fiscal, porque el entonces gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edys Moncada, se negó a recibir la documentación.
Tres días después, el 31 de octubre, Redondo y miembros de la junta directiva procedieron a designar e instalar una comisión permanente, pese a que, según la Fiscalía, el período ordinario ya había sido prorrogado por el pleno.
El Ministerio Público sostiene que estas actuaciones buscaron mantener arbitrariamente el control de la función legislativa, generar caos y retrasos en el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y menoscabar el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
"Con las investigaciones se ha constatado que las acciones realizadas por los encausados con pleno conocimiento y voluntad estaban encaminadas a menoscabar el proceso electoral de fecha 30 de noviembre de 2025", señala acusación.
Redondo promovió el recuento de 19,167 JRV
El requerimiento fiscal también cuestiona las actuaciones atribuidas a Redondo en enero de 2026, cuando las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya habían emitido las declaratorias oficiales de resultados.
Según la Fiscalía, Redondo, quien se encuentra prófugo de la justicia, convocó el 7 de enero a una sesión extraordinaria para el día siguiente, con el propósito de conocer un informe jurídico sobre supuestos incumplimientos del CNE y someter a votación una disposición para revisar y recontar 19,167 Juntas Receptoras de Votos (JRV).
A la sesión del 8 de enero asistieron 71 diputados, entre propietarios y suplentes, según el requerimiento.
No obstante, el Ministerio Público sostiene que no existía un cuórum legalmente válido, debido a la incorporación de suplentes que no podían sustituir a propietarios de otras bancadas o que excedían el número permitido.
Pese a esos cuestionamientos, durante la sesión se discutió y aprobó el decreto legislativo 58-2025, publicado en La Gaceta el 9 de enero de 2026, de acuerdo con la acusación.
La Fiscalía objeta que el decreto ordenara al CNE efectuar un nuevo escrutinio general de las actas electorales y estableciera que, si el organismo electoral se negaba, el propio Congreso asumiría las funciones de revisión y escrutinio.
Según el Ministerio Público, esas disposiciones invadían competencias que la Constitución y las leyes reservan a las autoridades electorales. El requerimiento sostiene que las decisiones cuestionadas podían afectar el desarrollo institucional del proceso electoral y las atribuciones del órgano encargado de administrar los comicios.
Luis Redondo es acusado de los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
La acusación plantea que las actuaciones se habrían ejecutado con conocimiento y voluntad.
