Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras anunció ayer que realizará verificaciones administrativas relacionadas con el caso de Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, detenida en Estados Unidos por su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero.
En un comunicado oficial divulgado ayer 16 de noviembre de 2026, la Cancillería se pronunció luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre la detención de la exfuncionaria y detalló los antecedentes de su nombramiento, la cancelación de este y las medidas que adoptará la institución.
En ese sentido, la Cancillería aseguró que los hechos investigados por las autoridades estadounidenses habrían ocurrido durante el período en que Serrano Núñez ejercía sus responsabilidades consulares, antes de que la actual administración cancelara su nombramiento.
De acuerdo con las autoridades de Relaciones Exteriores, Ada Evila Serrano Núñez fue nombrada cónsul general de Honduras en Atlanta mediante el Acuerdo No. 174-SRH-2022, emitido el 18 de mayo de 2022, durante la administración gubernamental anterior de Xiomara Castro.
La exfuncionaria asumió sus funciones diplomáticas en julio de ese mismo año.La Cancillería indicó que posteriormente, el 24 de marzo de 2026, la actual administración gubernamental que dirige Nasry Asfura, emitió el Acuerdo No. 489-SRH-2026, mediante el cual dispuso la cancelación de su nombramiento y de todos los acuerdos emitidos a su favor, en el contexto de la transición administrativa.
La institución precisó que, según la información oficial publicada por las autoridades estadounidenses, los hechos bajo investigación se habrían producido mientras la exfuncionaria todavía desempeñaba sus responsabilidades consulares, antes de la emisión del acuerdo de cancelación.
Vienen verificaciones
En su pronunciamiento oficial, la Cancillería reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público.También manifestó su respeto a las investigaciones y los procedimientos judiciales que desarrollan las autoridades competentes de Estados Unidos.
Como parte de las acciones propias anunciadas, la institución informó que realizará las verificaciones administrativas correspondientes para establecer los antecedentes relacionados con el caso y determinar las actuaciones que procedan conforme a la legislación aplicable.
Reiteró, además, que el acceso a las citas consulares oficiales no debe estar condicionado a pagos indebidos ni a intermediaciones irregulares.En ese sentido, sostuvo que la protección de los connacionales hondureños y la prestación de servicios consulares transparentes constituyen prioridades institucionales.
Obligaciones consulares
La Cancillería también hizo referencia a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y reafirmó que el ejercicio de las funciones consulares debe desarrollarse en estricto apego a ese instrumento internacional, así como en observancia y respeto de las leyes y los reglamentos de los países receptores.
Asimismo, recordó que el personal consular hondureño tiene la obligación de ejercer sus funciones con integridad, responsabilidad y pleno respeto al marco jurídico del país donde se encuentra acreditado.
Finalmente, aseguró que dará seguimiento al proceso y mantendrá su disposición de colaborar con las autoridades pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias y conforme a los mecanismos legales correspondientes.
Cancillería senaló que cualquier colaboración y actuación relacionada con este caso se desarrollará en estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia