Tegucigalpa, Honduras. -Hasta 40 años de prisión podría enfrentar Ada Evila Serrano Núñez, excónsul general de Honduras en Atlanta, Estados Unidos, si es declarada culpable de los tres delitos que se le imputan por su presunta participación en un esquema de sobornos y lavado de dinero.
La exfuncionaria fue arrestada en Atlanta y enfrenta tres cargos federales: conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), violación de esa misma legislación y conspiración para cometer lavado de dinero.
Junto con Serrano también fueron arrestadas otras tres personas, entre ellas sus hijos Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, así como Mario Antonio Castellanos Velásquez, quien trabajó en el Consulado de Honduras.
De acuerdo con el desglose de las disposiciones federales aplicables a los delitos imputados, la conspiración para violar la FEPA contempla una pena máxima de cinco años de prisión; la violación de esa ley, hasta 15 años, y la conspiración para cometer lavado de dinero, hasta 20 años.
La suma de esos máximos alcanza los 40 años de prisión. Sin embargo, la sentencia dependerá de las circunstancias particulares del caso, las disposiciones legales aplicables y la determinación del juez federal asignado al caso.
Tres cargos y sus posibles penas
El primer señalamiento corresponde a la conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, contemplada en el Título 18, sección 371, del Código de Estados Unidos.
Esta disposición castiga los acuerdos entre dos o más personas para cometer un delito federal cuando se realiza al menos un acto para avanzar en el plan. En este caso, la acusación está relacionada con un supuesto acuerdo para exigir y recibir sobornos a cambio de facilitar servicios consulares.
La pena máxima contemplada para este delito es de cinco años de prisión.
El segundo cargo es la presunta violación de la FEPA, tipificada en la sección 1352 del Título 18. Esta legislación permite perseguir a funcionarios extranjeros que exijan, soliciten o acepten sobornos relacionados con actos oficiales o ventajas indebidas dentro de su ámbito de aplicación.
A diferencia de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), enfocada principalmente en sancionar el soborno de funcionarios extranjeros, la FEPA incorpora responsabilidad penal para los funcionarios que exigen o reciben esos pagos en las circunstancias previstas por la ley.
Por esta acusación, la pena máxima señalada es de 15 años de prisión.
El tercer cargo corresponde a la conspiración para cometer lavado de dinero, contemplada en la sección 1956(h) del Título 18.
Esta disposición sanciona los acuerdos para realizar operaciones financieras con recursos provenientes de actividades ilícitas, cuando se cumplen los elementos establecidos en la legislación federal.
Entre las conductas que contempla la normativa está el uso de transacciones para ocultar el origen, la naturaleza o la propiedad de fondos ilícitos.
La pena máxima para este cargo puede alcanzar los 20 años de prisión.
¿Cómo funcionó el esquema?
Según documentos judiciales, el presunto esquema operó desde al menos agosto de 2024 hasta marzo de 2026, período durante el cual Ada Serrano se desempeñaba como cónsul general de Honduras en Atlanta.
La acusación sostiene que la excónsul y sus presuntos colaboradores exigieron y recibieron sobornos de una empresa con sede en Tennessee, identificada como Consular Services Company, a cambio de facilitar el acceso de sus clientes a citas para realizar trámites en el consulado hondureño.
De acuerdo con la investigación, la compañía programaba citas y proporcionaba transporte a sus clientes para que pudieran recibir servicios consulares.
Tras el nombramiento de Serrano, esta habría exigido pagos por cada persona transportada hasta el consulado. A cambio, presuntamente permitió que la empresa tuviera acceso a las citas necesarias para que sus clientes tramitaran pasaportes, documentos de identificación y otros servicios.
La acusación también señala que Serrano habría ordenado a otras personas, entre ellas Mario Antonio Castellanos, coordinar directamente con representantes de la compañía para garantizar el ingreso de sus clientes al consulado después del pago de los sobornos.
Los hijos recibieron los depósitos en efectivo
Uno de los aspectos centrales de la acusación está relacionado con la presunta utilización de cuentas bancarias de los hijos de la excónsul para ocultar el origen del dinero.
Según los documentos judiciales, entre julio de 2023 y diciembre de 2024, Ada Serrano habría ordenado que los sobornos en efectivo recaudados de Consular Services Company fueran entregados a Luis Euceda y Ángel Euceda.
Posteriormente, ambos habrían realizado depósitos en efectivo de entre 100 y 6,000 dólares en sus cuentas bancarias personales dentro del Distrito Norte de Georgia.
Este mecanismo es parte de los señalamientos que sustentan el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
El expediente también hace referencia a más de 375,000 dólares involucrados en el caso, una cantidad que podría ser relevante para el análisis de las penas, aunque su composición, procedencia y relación exacta con cada transacción deben establecerse con base en los documentos judiciales.