Tegucigalpa, Honduras.- Sin un análisis de riesgo que lo justificara y sin ocupar un cargo autorizado en reglamento para recibir este tipo de privilegios, el abogado Alberto Lozano Ferrera contaba con cuatro militares asignados a su seguridad.
Desde mayo de 2026, el gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Alberto Lozano Ferrera, y su familia estaban siendo custodiados por elementos de seguridad del Estado.
El funcionario tenía a su disposición dos oficiales y dos suboficiales. La fuente consultada por Grupo OPSA argumentó que Lozano contaba con seguridad debido a los riesgos que implica el ejercicio de sus funciones.
La seguridad asignada incluía dos vehículos, cada uno con dos militares a bordo, quienes brindaban protección las 24 horas del día. La fuente también aseguró que la custodia se extendía a su familia.
Tras la publicación del reportaje de LA PRENSA titulado "INP investiga compras de alimentos con indicios de fraude", el director del INP, general Walter Lacayo, informó que la seguridad asignada al funcionario había sido suspendida.
Asimismo, tras una investigación interna, la fuente consultada aseguró que Lozano sería removido de su cargo. Sin embargo, al cierre de esta edición, continuaba al frente de la Gerencia Administrativa del INP.
¿Qué establece el reglamento?
Los criterios para asignar equipos de protección personal a determinados funcionarios están tipificados en el artículo 8 del Acuerdo No. 01-2018, que contiene el Reglamento para Regular la Retribución Adicional por Riesgo en el Desempeño del Cargo del INP.
"La asignación de equipos de protección personal se autorizará tanto por el cargo que desempeñan como por el riesgo que corren en el ejercicio de sus funciones", establece la normativa.
Entre los funcionarios que pueden recibir este beneficio figuran el director nacional, los subdirectores, el inspector general, el secretario general, así como los directores y subdirectores de los centros penitenciarios.
El reglamento también permite incluir a "otros funcionarios de esta Institución" que, a criterio de la Dirección Nacional, desempeñen funciones de riesgo. Sin embargo, esta asignación debe contar previamente con un análisis de la Dirección de Inteligencia Policial.
En el caso del gerente administrativo, su cargo no figura entre los puestos que tienen autorizado este beneficio. Además, tampoco contaba con el análisis de riesgo que exige la normativa. A esto se suma que la protección extendida a su familia excedía lo contemplado en el artículo.
Cabe destacar que el cargo ocupado por Lozano no es menor dentro del INP. La Gerencia Administrativa es la unidad encargada de gestionar las compras y contrataciones de la institución, entre ellas, la adquisición de alimentos para las personas privadas de libertad, un proceso que actualmente está bajo investigación interna.