Tegucigalpa, Honduras.- El general de división en condición de retiro, Walter Iván Amador Lacayo, fue nombrado director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Al asumir el cargo, afirmó que es necesario “mantener el orden en los centros penales” y anunció la implementación de un plan para bloquear las comunicaciones, con el objetivo de frenar la extorsión.
Amador Lacayo asume el cargo después de que el Gobierno disolviera la Comisión Interventora que estaba al mando del sistema carcelario en Honduras y que estaba integrada por el coronel de caballería Othoniel Gross Castillo, quien fungía como presidente, acompañado por los coroneles Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes, entre otros miembros.
El relevo de los tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas se implementa como parte de la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno de la República para recuperar y restablecer el control en los centros penitenciarios del país.
Fuentes también revelaron a EL HERALDO que los tres oficiales eran parte del círculo cercano del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y que estuvieron involucrados en acciones cuestionables, como ataques a medios de comunicación y solicitudes comprometedoras en las elecciones generales de 2025. Pese a ello, los militares fueron favorecidos con cargos en la ahora extinta interventora.
Amador Lacayo ocupó altos cargos dentro de la institución castrense, entre ellos: comandante de la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula.
Al asumir el nuevo reto, Amador Lacayo dijo: “El objetivo inmediato es mantener el orden en los centros penales, apoyado por las Fuerzas Armadas, que han sido clave en la estabilidad reciente”.
“Hay que conservar el orden en los centros penales como se ha mantenido en los últimos meses”, destacó.
El nuevo titular del INP dio a conocer que “existe un plan estratégico 2026-2030 que será analizado para fortalecer el control institucional y mejorar la gestión penitenciaria”.
En Honduras hay 21 centros penitenciarios, los que son ocupados por alrededor de 19 mil privados de libertad, donde en algunos casos las condiciones son de hacinamiento.
"La extorsión y el uso de teléfonos desde las cárceles, siguen siendo un problema crítico. El 99% de la extorsión se ejecuta a través de un teléfono celular”, advirtió, insistiendo en el uso de tecnología para frenar estas redes.
“El plan del INP contempla el uso de biometría, digitalización y bloqueo de señales —amplió el funcionario— para reducir la comunicación ilegal desde los centros penitenciarios del país hondureño".
También se impulsarán reuniones con Conatel y operadores de justicia para regular la venta de SIM cards y frenar su uso en actividades ilícitas en centros penales, anunció
Amador reiteró que “el objetivo final es la rehabilitación y reinserción social, evaluando preliberaciones con grilletes electrónicos para descongestionar las cárceles de Honduras”
El oficial retirado explicó que, aunque ahora dirige el sistema en condición de civil, “la estructura operativa mantiene una importante presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en los centros penitenciarios. No obstante, a largo plazo se prevé un retiro progresivo del componente militar”.
“Este no es un cambio inmediato, es un proceso gradual. La idea es que en el futuro el sistema sea dirigido completamente por personal penitenciario formado para esa función ya que existe una escuela especializada para capacitar agentes y oficiales”, explicó.
En cuanto a la estructura administrativa del INP, dio a conocer que, por ahora, “se mantendrá sin cambios mientras se realiza una evaluación integral”.
En cuanto a las autoridades que dejarán el cargo, explicó que “ya se iniciaron reuniones con miembros de la junta interventora para recibir informes generales, mientras que en los próximos días se profundizará en la rendición de cuentas y el estado real del sistema penitenciario”.
Reconoció que, pese a avances logrados en los últimos años, aún existen prácticas heredadas que afectan la gobernabilidad interna de las cárceles. “Se ha mejorado, pero todavía quedan remanentes de los vicios del pasado que debemos eliminar”, remarcó.
“La instrucción del gobierno es mantener el orden alcanzado y reforzarlo mediante una estrategia basada en control, inteligencia penitenciaria y respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta los distintos niveles de peligrosidad de la población privada de libertad”, destacó.
