Nuevos cargos en vez de castigo para militares señalados de sabotear el proceso electoral
La justicia militar nunca los tocó, el Ministerio Público tampoco. Igualmente, el nuevo jefe del EMC no ha implementado acciones contra los supuestos saboteadores; más bien, sus compañeros de armas, lo señalan de haber sido parte del complot
- Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 13:44
Tegucigalpa, Honduras.— A pesar de que la legislación de las Fuerzas Armadas (FFAA) prohíbe y sanciona a sus miembros que se involucren en política, el grupo de oficiales señalados de boicotear y poner en peligro el proceso electoral desde el 9 de marzo de 2025 hasta la declaración oficial del ganador, nunca fueron sancionados internamente, ni perseguidos por la Fiscalía.
El Código de Justicia Militar regula los delitos, faltas y procedimientos legales dentro de las Fuerzas Armadas, complementado por la Ley Constitutiva de las FF AA, que establece su carácter profesional, apolítico y obediente, enfocado en la defensa de la soberanía y el orden constitucional.
Incluso el artículo 109 de la Ley de Personal de las FFAA, precisa que los militares “responden ante la vía administrativa, civil o penal, según sea el caso, por los daños y perjuicios que ocasionen al Estado, a sus instituciones o a los particulares, cuando dichos miembros actuaren con dolo, negligencia o morosidad”.
A pesar que existieron informes militares de los hechos del 9 de marzo de 2025 y evidencia de cómo posteriormente Roosevelt Hernández, entonces jefe de las FF AA, con la complicidad de otros miembros de la cúpula, interfería ilegalmente, abusando del cargo, el Ministerio Público no mostró mayor interés por investigar las acciones del jerarca, cuyos compañeros de armas apuntaron hacia él como el cabecilla del complot electoral, conspirador contra la democracia y de cometer el delito de traición a la patria.
Entre tanto, a lo interno de la institución castrense se maneja que tanto Roosevelt como su sucesor y mano derecha, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien en aquel momento se desempeñaba como comandante del Ejército, no mostraron interés en castigar o someter al fuero militar a los uniformados que atentaron contra el proceso electoral, a pesar de que en los informes se recomendaba sanción para los saboteadores.
Más bien, una vez que Valerio Ardón fue nombrado nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), los militares de la 27, 29 y 30 promoción, mencionados como partícipes en el sabotaje electoral, fueron premiados en la organización actual, asignándolos a diferentes unidades, mientras que los de la 28 promoción que se rebelaron a la politización de la institución militar siguen relegados.
El teniente coronel Ubaldo Rodríguez Chinchilla, subdirector de Relaciones Públicas, quien caminaba en las concentraciones políticas con la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, actualmente está asignado en la Armería de las Fuerzas Armadas, confirmaron fuentes militares.
El informe de la Inspectoría General de las FF AA responsabilizó al general Nahún Canales Cruz, al entonces comandante del Comando de Apoyo Logístico (Calfa), y recomendó relevarlo como supervisor del trabajo de distribución de los materiales electorales. Actualmente, este oficial se fue de baja sin ninguna sanción.
En otra investigación de Inspectoría del Ejército también se señaló del desastre a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, jefe del Comando de Operaciones Especiales (COES), quien era el encargado de la distribución a nivel de Francisco Morazán, igualmente al coronel Alan Barahona Rosales, comandante del Primer Batallón y responsable de la distribución del material electoral a nivel del Distrito Central.
En este segundo informe de la Inspectoría General del Ejército, de acuerdo con las fuentes militares, se recomendó relevar a los dos coroneles antes mencionados y someter a tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona.
No obstante, Serrano Benitez, antes comandante del Comando de Operaciones Especiales, actualmente es el comandante regional de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en San Pedro Sula, mientras que Barahona Rosales pasó de comandante del Primer Batallón a ser el Comandante de la Fuerza de Tarea Maya Chorties.
Mientras tanto, los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, que de acuerdo a videos y fotografías, eran los que tenían detenidos varios buses en unos puntos de la capital y tenían las maletas electorales tiradas en el piso, tampoco fueron castigados, según fuentes a lo interno del Estado Mayor.
Los oficiales no leales a Roosevelt Hernández y tampoco a Valerio Ardón —por considerarlo, por un lado, una continuación de su antecesor y, por otro, un hombre de confianza de Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y liberado por un indulto presidencial— también señalan como saboteadores del proceso electoral a los coroneles Raúl Alexis Fuentes Borjas y Otoniel Gross Castillo.
“Como reconocimiento a estos oficiales, se les ha premiado en la organización actual con altos cargos, incluyendo JEMC, Junta de Comandantes, INP (Instituto Nacional Penitenciario), entre otros”, destaca el análisis de un oficial de alto rango, donde menciona cómo las FFAA al tapar esos delitos, se exponen a continuar con la pérdida de los preceptos fundamentales de la institución castrense y el irrespeto al escalafón y antigüedad.
“Es importante hacer mención de que el actual ministro de Defensa, Abog. Enrique Rodríguez Burchard corre el riesgo de ser saboteado en su gestión por la actual cúpula de las FF AA en vista de que la misma fue puesta por el PLR (Partido Libertad y Refundación) y el general Roosevelt Hernández”, explicó.
Esta fuente dejó entrever que Valerio Ardón, en los momentos críticos, nunca jugó un papel fundamental en la defensa de la democracia, sino que, al llegar al poder ante la presión nacional e internacional, y ante la captura del dictador Nicolás maduro en Venezuela, no le quedó otra alternativa que apegarse a la Constitución y al respeto de la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Un oficial timorato
Sus compañeros de armas también señalan a Valerio Ardón como responsable de la crisis electoral, ya que, al formar parte de la Junta de Comandantes que dirigía Roosevel Hernández, se negó a enviar seguridad al CNE durante el proceso de presentación de oferentes para el TREP, dando lugar a que los colectivos de Libre obstaculizaran el proceso.
Asimismo, como la instalación del Campo de Parada Marte está bajo control del Ejército, se le responsabiliza de la negación de su uso al CNE. De manera similar, se le señala de desconocer la ley, al presentarse como miembro de la Junta de Comandantes ante el CNE, a fin de exigir la entrega de copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos sin fundamento legal.
Igual, de omitir la protección del Ejército, al asistir como miembro de la Junta de Comandantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y observar y permitir que Roosevelt Hernández amenazara e insultara a los oficiales que no permitieron que los colectivos de Libre asaltaran el Centro Logístico Electoral (CLE) instalado en el Infop.
De la misma forma, sus compañeros lo tildan de negligente al no fortalecer la presencia del personal militar en el CLE y no definir posturas claras ante la incertidumbre del personal militar para llevar a cabo acciones en contra de los colectivos de Libre, dando como resultado dos soldados del Ejército gravemente heridos.
Ante la falta de sanción a los oficiales involucrados en el bloqueo de las elecciones primarias y generales y sobre los señalamientos de que el actual jefe militar también formó parte de los conspiradores, EL HERALDO trató de conocer la versión militar.
No obstante, el vocero Mario Rivera remitió al coronel Erwin Lara Franco, quien, a pesar de haber sido nombrado como interventor en el Instituto Nacional Penitenciario, sigue como director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, sin embargo, este oficial no contestó a ninguna llamada telefónica.
Actualmente, el presidente Nasry Asfura tiene pendiente la ratificación de la cúpula militar —dirigida por Valerio Ardón— dejada por Roosevelt Hernández y Xiomara Castro, así como la decisión de tomar o no en cuenta a los miembros de la 28 promoción que —a nivel interno— se les reconoce su esfuerzo por mantener a las FFAA apegadas a la Constitución y a la democracia.
