CNA denunció en 2024 al actual secretario de Educación y a otros seis cargos de la UPNFM

Tegucigalpa, Honduras.- Percibir casi 44 mil lempiras mensuales por dos asignaciones vinculadas a un instituto cerrado, sin que las autoridades educativas proporcionaran los registros solicitados para comprobar el cumplimiento de sus funciones, no es el primer cuestionamiento que enfrenta el recién nombrado secretario de Educación, José Darío Cruz Zelaya.

En enero de 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), mediante el informe Inseguridad jurídica en la gestión de la educación de la UPNFM, concluyó que Cruz Zelaya y otras seis autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) habrían cometido los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y prolongación de funciones públicas, al permanecer en sus cargos después del vencimiento de sus mandatos sin convocar elecciones.

Además de Cruz Zelaya, entonces vicerrector administrativo, el CNA señaló al rector Hermes Alduvín Díaz Luna; los vicerrectores Bartolomé Chinchilla Chinchilla, José Hernán Montúfar Chinchilla y Jenny Margoth Zelaya Matamoros; el secretario general José Wilmer Godoy Zepeda y la directora regional Lexy Concepción Medina Mejía.

La investigación se originó en una denuncia ciudadana recibida el 14 de marzo de 2023 sobre los intentos de modificar el Estatuto de la UPNFM, que regula la elección y duración de los cargos directivos. La propuesta buscaba ampliar de tres a cuatro años el mandato del rector y establecer una transición de hasta dos años que permitiría a las autoridades continuar en sus puestos.

Sin embargo, el Consejo de Educación Superior (CES) no aprobó las reformas y, mediante el Acuerdo 4970-380-2023, del 9 de junio de 2023, ordenó realizar las elecciones conforme a la normativa vigente.

Pese a esa disposición, los mandatos vencieron el 30 de junio de 2023 sin que se convocaran oportunamente elecciones. El CNA documentó que el Consejo Superior Universitario (CSU), del que formaba parte Cruz Zelaya, continuó sesionando después de esa fecha, incluido un encuentro del 2 de agosto. Posteriormente, las autoridades justificaron su permanencia mediante el Acuerdo CSU 024-2023, publicado en La Gaceta el 26 de agosto, a partir de una interpretación de la resolución del CES.

Para el organismo anticorrupción, esa interpretación contradecía la orden de renovar las autoridades y evidenciaba un conflicto de interés: quienes debían convocar elecciones eran los mismos funcionarios beneficiados por la prolongación de sus mandatos.

El CNA consideró que estas actuaciones vulneraron la normativa universitaria y presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP), en enero de 2024, para que investigara las posibles responsabilidades penales.

En mayo de 2024, la UPNFM finalmente celebró elecciones y Cruz Zelaya fue reelegido vicerrector administrativo para el período 2024-2028. Con ello terminó la permanencia bajo los nombramientos vencidos que había cuestionado el CNA, aunque la elección posterior no resolvía por sí misma las posibles responsabilidades por los hechos denunciados. No se dispone de información que permita establecer qué resolución adoptó el MP sobre esa denuncia.

Cruz Zelaya continuó en la vicerrectoría hasta su nombramiento como secretario de Educación, el 3 de noviembre de 2026. Cuatro días después, EL HERALDO Plus reveló que percibía casi 44 mil lempiras mensuales por dos estructuras presupuestarias que sumaban 46 horas semanales, mientras ejercía paralelamente como autoridad universitaria, sin que se proporcionaran documentos que acreditaran el cumplimiento de sus funciones en Educación.

La investigación, sustentada en comprobantes salariales, entrevistas y visitas de campo, estableció que ambas estructuras permanecían registradas en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, ubicado en la colonia Kennedy de Tegucigalpa y cerrado desde aproximadamente 2014.

Ante esa situación, el equipo periodístico acudió a las autoridades educativas y al Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae), donde aseguraron que Cruz Zelaya había sido reubicado, pero no entregaron los registros solicitados para comprobar sus actividades laborales.

Durante una visita al Intae, el 5 de noviembre de 2026, la directora Carmen Canaca afirmó que el funcionario había trabajado en ese establecimiento durante el año, bajo una modalidad híbrida. Sin embargo, cuando EL HERALDO Plus solicitó las bitácoras de asistencia, los diarios pedagógicos, los informes de actividades y las licencias, la directora argumentó que los documentos estaban bajo llave y se comprometió a entregarlos posteriormente, lo que no ocurrió.

Antes de publicar los hallazgos, EL HERALDO Plus también buscó directamente la versión de Cruz Zelaya, pero no obtuvo respuesta. Dos días después de la publicación, el 9 de noviembre, el funcionario se pronunció públicamente ante varios medios de comunicación, rechazó los cuestionamientos y aseguró que había cumplido sus obligaciones laborales.

Cruz Zelaya sostuvo que las dos estructuras presupuestarias correspondían a una sola plaza y afirmó que existían documentos para respaldar su trabajo, aunque no los presentó durante su comparecencia.

“Yo tuve una plaza pagada por dos estructuras, lo que pasa es que hay desconocimiento de la ley. Yo estoy abierto a cualquier investigación por parte de los órganos contralores del Estado”, justificó.

Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), exigió al Gobierno respaldar con documentos las explicaciones sobre la situación laboral del secretario de Educación, a fin de determinar si los pagos recibidos correspondieron a servicios efectivamente prestados.

“Él tiene que mostrar la evidencia para verificar que verdaderamente no se estuvo erogando dinero sin prestar ningún servicio”, advirtió.

Así, Cruz Zelaya asumió la conducción de Educación con el antecedente de una denuncia del CNA por su permanencia en la UPNFM después de vencido su mandato y nuevos cuestionamientos sobre pagos docentes cuyo respaldo laboral no fue proporcionado.

Aunque el funcionario sostiene que cumplió sus funciones, los registros solicitados por EL HERALDO Plus siguen pendientes de entrega, mientras tampoco se ha establecido el desenlace de la denuncia presentada ante el MP en 2024.