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Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña, cobró hasta 43 mil lempiras mensuales como director distrital en Francisco Morazán. De su trabajo no quedó rastro, pero en el entorno laboral se daba por hecho que esa posición pertenecía a un político con poder e influencia, alguien a quien no se podía denunciar.
En el reportaje titulado “Casaña cobró 53 mil lempiras mensuales por jefatura fantasma en Santa Bárbara”, EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium documentaron que el diputado recibió más de 820 mil lempiras por una de las plazas pagadas, sin evidencia de trabajo en el lugar donde debía ejercerla.
Esta segunda entrega amplía esa ruta y muestra que el patrón ya aparecía antes en la capital: plazas otorgadas bajo una lógica similar, sin más respaldo documental que los recibos de pago y bajo una opacidad que también deja ver el poder que Casaña acumuló dentro del sistema educativo mientras su partido gobernaba.
Después de figurar como docente en Santa Bárbara entre mayo y agosto de 2023, Casaña pasó a aparecer desde septiembre de ese mismo año como director distrital en Francisco Morazán. Es decir, antes de la jefatura departamental documentada en Santa Bárbara, ya cobraba en la capital por un cargo del que tampoco quedó rastro interno de ejercicio.
La plaza asignada a Casaña como director distrital quedó registrada con el número 08-01-80008-000022. Una fuente de la institución que conoció el caso de cerca explicó que el correlativo 80008 identifica a la Dirección Distrital 8, que funciona en la colonia Centroamérica Oeste, al norte de la capital.
Con esa referencia, esta unidad de investigación se trasladó al Centro de Educación Básica Las Américas, donde funciona la Dirección Distrital 8. En el lugar se encontró un patrón similar al de Santa Bárbara: dentro del entorno laboral todos sabían que Casaña estaba asignado ahí, pero nadie dijo haberlo visto trabajar. Denunciar no era una opción por el temor que generaba su poder dentro de la institución.
Esa plaza no pasa desapercibida. La dirección distrital a la que se vincula el nombramiento tiene bajo su responsabilidad más de 120 centros educativos ubicados en la zona norte de la capital y alrededor de 2 mil docentes. Una estructura de ese tamaño deja huella administrativa diaria: firmas, controles, libros de asistencia, memorandos, trámites y documentación de gestión.
Para este tramo, esta unidad de investigación también intentó comunicarse con el congresista Casaña con el objetivo de conocer su postura respecto a las plazas con las que fue beneficiado, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
Los recibos de pago en poder de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium evidencian que Casaña figuró como director distrital desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, con la plaza 08-01-80008-000022.
La siguiente variación ocurrió en 2024. En marzo, la documentación ya lo reporta como permanente y con una carga reducida de 54 a 36 horas. A partir de abril, el salario bajó a 36,817 lempiras y se mantuvo en ese rango en los comprobantes localizados de mayo, junio, julio y agosto. En términos redondos, primero hubo un incremento de casi 9 mil lempiras y luego una reducción de casi 7 mil.
Con los comprobantes localizados, el rastro de dinero suma casi 307 mil lempiras, sin asumir que ese sea el universo completo de pagos. Pero los documentos, por sí solos, no explican lo más importante: qué hacía Casaña en ese cargo y dónde quedó el rastro de su gestión.
La búsqueda de esa respuesta llevó a esta unidad al Centro de Educación Básica Centroamérica, donde funciona la Dirección Distrital 8. El centro educativo tiene más de 400 alumnos, instalaciones amplias y una imagen de orden y estabilidad poco común dentro del sistema público.
Desde la entrada principal se escuchaban voces infantiles. Unos niños cantaban y otros repetían palabras guiados por sus docentes. En la zona también había padres de familia y personal que se movía con normalidad, en una escena de estabilidad escolar que contrasta con la otra realidad detectada en el lugar: que ese centro sirvió de soporte administrativo para una plaza de la que no quedó rastro verificable de trabajo.
Durante la verificación en la Dirección Distrital 8, la percepción en el lugar fue de apertura y trato cordial. Ese ambiente permitió revisar libros de asistencia, controles internos y documentación firmada para ubicar el rastro básico de una dirección en funciones. En esa revisión no apareció la firma de Casaña ni constancias que lo colocaran ejerciendo la dirección.
Una vez en el lugar, el relato fue similar al de Santa Bárbara. Dentro de la distrital se sabía que el cargo estaba asignado a Casaña, pero durante esos meses nadie dijo haberlo visto trabajar y denunciarlo o exponerlo no era una opción.
Y el silencio tenía una explicación. Personal consultado sostuvo que durante los años en que Libre estuvo en el poder y la influencia de Casaña se sentía con más fuerza dentro del sistema educativo, preguntar demasiado —y mucho más denunciar— se percibía como un riesgo. El temor, dijeron, iba desde perder el empleo hasta afectar la seguridad personal y la de la familia.
La visita dejó otra evidencia de peso. En los registros consultados aparece Carlos Rigoberto Fajardo Ponce firmando como director durante el período revisado. En la práctica, eso apunta a una plaza paralela: Casaña cobraba en planilla mientras otro funcionario sostenía la operación cotidiana.
Para reforzar esa verificación, esta unidad solicitó información sobre quiénes, durante esos meses, estuvieron al frente de las 15 direcciones distritales que operan en la capital. En ninguna apareció Casaña como director en funciones, fuera de la plaza que lo vinculaba administrativamente con la Distrital 8.
Ese patrón también se refleja en la ruta completa reconstruida por esta serie. En Santa Bárbara, los recibos de mayo a agosto de 2023 reflejan pagos mensuales de poco más de 22 mil lempiras como docente del Instituto Departamental La Independencia (IDLI), es decir, alrededor de 90 mil lempiras en cuatro meses. A eso se suma la jefatura departamental documentada en ese mismo departamento, que acumuló alrededor de 893 mil lempiras entre septiembre de 2024 y enero de 2026.
En total, con lo que ya está respaldado en papel en estas tres plazas, Casaña recibió del Estado más de 1.2 millones de lempiras por cargos en los que, según la verificación, los registros revisados y las versiones recabadas, no existe evidencia verificable de ejercicio del cargo y justo en periodos cuando fungía como legislador.
El hallazgo, al final, es tan simple como incómodo. Mientras el diputado se proyecta como defensor del magisterio y de la niñez, lo expuesto muestra otra secuencia: dinero público pagado con regularidad y registros internos que no lo ubican en funciones.
Meses atrás, este medio documentó cómo durante la gestión de Daniel Sponda también se repartieron plazas bajo figuras administrativas cuestionadas dentro del sistema educativo. En el caso de Casaña, las fuentes consultadas sostienen que esa lógica no puede separarse del poder político y gremial que acumuló durante los años de gobierno de Libre.
En este expediente, el patrón se repite con nombre y apellido. Edgardo Antonio Casaña Mejía aparece cobrando en planilla; dentro de las oficinas se sabía que estaba asignado; pero en los libros, controles y documentos internos revisados no quedó rastro de que haya ejercido el cargo por el que recibió esos pagos.