Edgardo Casaña cobró 53 mil lempiras mensuales por jefatura fantasma en Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.- En Santa Bárbara lo conocen como uno de los caciques del magisterio. Patepluma de origen y político por oficio, Edgardo Casaña ha repetido en público que su lucha es por los niños y por los docentes, una narrativa que en su departamento se vuelve poder cuando se traduce en empleo, ascensos y silencios.

Documentos en poder de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium certifican que Casaña fue beneficiado con una cadena de plazas en el departamento de Santa Bárbara, al noroccidente de Honduras, con registros que lo ubicaban como docente en 2023 y que luego lo colocaron en una jefatura departamental por la que el sistema llegó a reflejar hasta 53 mil lempiras mensuales de salario, pese a que ese cargo no existe en el reglamento que organiza las direcciones educativas.

Además de los documentos, una fuente de entero crédito bajo anonimato sostuvo en diálogo con este equipo que en los centros y dependencias donde esas plazas aparecían asignadas se sabía que Casaña figuraba como parte de los equipos, pero que nunca se le vio llegar a cumplir funciones.

Para reconstruir el origen de esos nombramientos, este rotativo rastreó los acuerdos en el Portal Único de Transparencia de la Secretaría de Educación y se solicitó la documentación mediante peticiones de información a través del Sistema de Información Electrónica de Honduras (Sielho), pero no se obtuvo la información específica de las plazas, aun cuando sí se compartió otra documentación relacionada con nombramientos de otros docentes.

Autoridades actuales de la Secretaría de Educación mantienen una revisión interna para determinar cómo se cargaron esas plazas y bajo qué figura se tramitaron.

Una de las líneas bajo revisión por parte de las nuevas autoridades educativas es si se canalizaron mediante asistencias técnicas, una figura prevista para realizar funciones de apoyo técnico y pedagógico, en lugar de impartir clases directamente en el aula, pero que, según las últimas denuncias, pudo ser utilizada para plazas fantasmas.

Fuentes consultadas por este equipo indicaron, además, que las pesquisas no se limitan al caso del diputado. También abarcan nombramientos vinculados a su círculo cercano y a otras personas favorecidas dentro de la estructura educativa departamental, en un expediente más amplio sobre plazas sin función visible.

Para conocer cómo obtuvo esas plazas y escuchar su versión, este rotativo intentó comunicarse con Casaña, pero hasta la publicación de esta investigación no había respondido las llamadas ni mensajes.

Los estados de cuenta cotejados ubican a Edgardo Casaña como jefe de sección departamental en la Dirección Departamental de Santa Bárbara desde septiembre de 2024 hasta enero de 2026, con la plaza 16-01-80016-000036, que establecía 54 horas clase y un salario de 53,454 lempiras mensuales.

Sin embargo, el reglamento que regula la organización de las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación describe la estructura de mando con la que deben operar esas dependencias, pero no incluye la figura “jefe de sección departamental”, pese a que así aparece consignado.

Sumado a esa ausencia en el reglamento, la versión recabada por este equipo periodístico bajo anonimato en Santa Bárbara sostiene que dentro de la institución se sabía que el diputado estaba asignado a esa plaza, pero que nunca se le vio llegar a desempeñar funciones, pese a que el salario se siguió devengando.

Además, esta unidad de investigación se desplazó hasta la Departamental de Santa Bárbara y no encontró oficina, señalización, archivo o registro interno que diera fe de que Casaña trabajó en esa jefatura; lo único que sostiene el cargo, hasta ahora, son los comprobantes mensuales de pago y el rastro en el sistema.

En los documentos revisados, el salario que recibió Casaña por su cargo se mantuvo en 50,354 lempiras desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025, siempre con el mismo número de plaza y las mismas 54 horas clase.

Desde febrero de 2025, la misma plaza registró un aumento y el salario quedó en 53,454 lempiras mensuales, sin cambios en el número de plaza ni en las horas clase. No hay documentos que evidencien la razón del aumento.

Los documentos en poder de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium muestran pagos hasta enero de 2026 en el Sistema de Administración de Recursos Humanos Docente (Siarhd). Casaña todavía aparecía activo en la misma plaza y con el mismo salario de 53,454 lempiras a esa fecha.

En total, entre septiembre de 2024 y enero de 2026, el salario acumulado por esa jefatura rondó los 893 mil lempiras, al sumar cinco meses con 50,354 lempiras y 12 meses con 53,454 lempiras.

Ese monto fue pagado por un puesto que no existe en la norma que organiza las direcciones educativas y que tampoco se materializó como oficina o función visible dentro de la Departamental de Santa Bárbara, corroboró este equipo de trabajo.

El caso no involucra a un actor menor del sistema educativo ni de la política hondureña. Casaña comenzó su carrera en 1998 como maestro normal y luego impartió clases en el Instituto Técnico Eulogio Galeano Trejo, uno de los centros más grandes de Santa Bárbara.

Pero su paso por las aulas fue breve y con el tiempo se volcó a la dirigencia sindical, desde donde amplió su influencia en el gremio docente.

Ese ascenso lo llevó a ocupar espacios de decisión. Fue directivo del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) y también integró la junta directiva del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), dos plataformas desde las que consolidó redes de influencia dentro del sector educativo.

En Santa Bárbara, docentes y actores del sistema lo describen como una figura con capacidad para incidir en nombramientos, ascensos y movimientos administrativos, al punto de construir una base de poder político y laboral que trascendió las aulas.

A la par de esa trayectoria gremial, Casaña desarrolló una carrera política. Fue electo diputado para el período 2014-2018, reelecto para 2018-2022 y actualmente es diputado por Santa Bárbara para el período 2026-2030.

En el Congreso Nacional también asumió cargos de peso, entre ellos la vicepresidencia de la Junta Directiva y la presidencia de la Comisión de Educación, una combinación de poder político, sindical y territorial que ayuda a explicar por qué su caso adquiere especial relevancia en su departamento.

Fue acusado junto con otros cuatro directivos de Inprema de abuso de autoridad, pues en 2010 aprobaron, a través de la resolución 1526, una modificación de la estructura de pensiones y jubilaciones por un monto de 100 millones de lempiras; todo se realizó pese a que ya existía una resolución de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) negando parcialmente la solicitud de autorización de aumento, debido al déficit que presentaba ese instituto de previsión según su actuarial.

En ese sentido, el Ministerio Público presentó una casación y la Sala Penal sentenció a Edgardo Casaña, junto a los dirigentes magisteriales César Ramos y Óscar Recarte, a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y la suspensión de la ciudadanía por seis años.

En 2022, Casaña solicitó la aplicación de la Amnistía Política (a través del decreto 04-2022, aprobado en el gobierno de Xiomara Castro), pero un juez se abstuvo de dársela justificando que no era su competencia y determinó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sea la que decida sobre el caso.

Por este mismo caso quedó expuesto en un episodio de alcance internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel y lo señaló por participación en actos de corrupción significativa relacionados con la reestructuración del Inprema.

Ese antecedente añade contexto al caso actual. La investigación sobre la plaza de jefe de sección departamental no surge en el vacío, sino sobre la trayectoria de un dirigente que ya había sido cuestionado por su intervención en estructuras estratégicas del sistema educativo y por el alcance de su poder político y gremial en Santa Bárbara.

El caso de Casaña no es el único. Una investigación previa de este medio demostró que, entre 2022 y 2025, con Daniel Esponda como titular de la Secretaría de Educación, dentro del sistema se asignaron plazas, asistencias técnicas, supervisiones y jefaturas que, en varios casos, no tenían una función visible o una trazabilidad clara sobre cómo fueron aprobadas.

El propio Esponda fue beneficiado con este esquema, al recibir dos nombramientos el 11 de septiembre de 2024 mientras aún ejercía el cargo de secretario de Educación.

Antes de figurar en Santa Bárbara con una jefatura que el reglamento no reconoce, los estados de cuenta también evidencian pagos a Casaña en calidad de docente en el Centro Educativo La Independencia, en ese mismo departamento, durante cuatro meses consecutivos en 2023.

El Instituto Departamental La Independencia (IDLI) es una de las instituciones educativas más emblemáticas de Santa Bárbara, con más de 150 años de historia, ubicada en el barrio Las Galeras, contiguo a la sede de la Dirección Departamental de Educación en Santa Bárbara, justo donde Casaña recibió pagos en concepto de jefe de sección.

En lo que concierne a su labor en este centro educativo, en los recibos de mayo, junio, julio y agosto de 2023, esa asignación aparece desglosada en dos estructuras dentro del mismo centro educativo: una de 24 horas clase a través de la plaza 16-01-50001-000035, y otra de 12 horas clase con la plaza 16-01-50001-000139.

En esos mismos documentos, el total de pago mensual rondó los 22,500 lempiras, lo que dejó un acumulado aproximado de 90 mil lempiras entre mayo y agosto de 2023.

Autoridades locales consultadas en Santa Bárbara sostuvieron a este equipo que, pese a que Casaña figuraba asignado a esa plaza docente, nunca lo vieron presentarse a cumplir jornada en el centro educativo en el gobierno pasado.

El propio Casaña, a través de sus redes sociales, admitió en junio de 2025, para el 150 aniversario del centro educativo, que formó parte de su cuerpo docente, aunque no precisó fechas. En una publicación en Facebook, IDLI lo identifica también como parte de sus docentes y como gestor de una donación de computadoras.

Aunque la ley otorga ciertos beneficios al gremio magisterial y médico para ocupar puestos públicos sin abandonar su plaza original, se deben cumplir una serie de condiciones, como solicitar una licencia con o sin goce salarial. Y en caso de conservar el pago, se debe dejar constancia de que no hay incompatibilidad para que pueda ejercer los dos cargos.

La Constitución de la República, en su artículo 203, establece que los diputados en ejercicio no pueden desempeñar cargos públicos remunerados durante el período para el que fueron electos, excepto los de carácter docente, cultural y los relacionados con servicios profesionales de asistencia social.

Pero las autoridades locales consultadas en Santa Bárbara por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium sostuvieron que, en el caso de las plazas atribuidas a Casaña, no existió un concurso para obtenerlas. Ese señalamiento choca con el artículo 2, numeral 16 del reglamento que desarrolla el Estatuto del Docente, que define el concurso como el mecanismo mediante el cual se compite para obtener una plaza vacante en el sistema educativo.

Además, el Reglamento de Carrera Docente establece que la convocatoria y/o publicación debe dar a conocer los puestos docentes que serán sometidos a concurso de selección, sea por creación de plaza nueva o por vacante, es decir, que las plazas deben abrirse públicamente bajo ese mecanismo.

Ese es el núcleo del expediente: la excepción docente puede existir en el papel, pero no justifica una plaza sin evidencia de jornada, ni explica una jefatura que no existe en el reglamento de direcciones, ni sustituye la trazabilidad mínima de cómo se asignó y bajo qué procedimiento se sostuvo el nombramiento.

Ese vacío no se queda en una denuncia pública sin destino: autoridades de Santa Bárbara sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación, entregaron documentación sobre carga irregular de plazas y solicitan una mesa técnica para investigar lo ocurrido, según conoció este equipo de una fuente de ese ministerio.

Si se confirman irregularidades, el caso podría escalar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para una auditoría y al Ministerio Público (MP).

Las indagaciones, sin embargo, no se agotan en la plaza atribuida a Casaña. Dentro de Educación, confiaron fuentes a este medio, también se revisan otras estructuras cargadas en Santa Bárbara que no tendrían correspondencia clara con una función visible dentro de las dependencias departamentales, así como nombramientos aprobados durante la pasada administración que hoy generan dudas por su volumen, concentración y falta de documentación accesible.

La revisión incluye, según fuentes consultadas, a otras personas favorecidas con cargos administrativos y plazas dentro del mismo circuito de influencia política y magisterial. El caso de Casaña es, por ahora, el más emblemático por su peso político, el monto del salario y el cargo inexistente en el reglamento, pero no sería el único expediente bajo sospecha dentro de la depuración que actualmente impulsa Educación.