Festín de plazas: Educación repartió acuerdos en zonas de poder político de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, la Secretaría de Educación repartió acuerdos de forma masiva en territorios donde Libertad y Refundación (Libre) concentró poder político, sindical o institucional.

Un análisis de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, a partir de una base de datos facilitada mediante la solicitud SOL-SDE-4653-2026, contabiliza al menos 3,664 acuerdos en las áreas administrativa y operativa de la Secretaría de Educación.

Los nombramientos fueron emitidos entre febrero de 2022 y enero de 2026, en su mayoría bajo la gestión del exsecretario Daniel Esponda.

La mayor cantidad de acuerdos se repartió en Francisco Morazán, con 716. Le siguió Santa Bárbara, con 636. En tercer lugar se ubicó el nivel central, con 612, y después apareció Olancho, con 203.

El patrón no luce casual. Francisco Morazán concentró el peso administrativo de la Secretaría de Educación. Santa Bárbara fue uno de los territorios donde Libre sostuvo influencia sindical y política. Y Olancho también apareció entre los departamentos más favorecidos, en otra zona clave del oficialismo.

En conjunto, Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central sumaron 1,964 acuerdos. Eso equivale al 54% del total analizado.

Esta unidad de investigación ya había identificado señales de opacidad en la Secretaría de Educación durante la administración pasada. Una de esas pesquisas reveló que el diputado Edgardo Casaña figuró con una jefatura departamental en Santa Bárbara por la que recibió pagos mensuales, aunque no se encontró evidencia de que haya realizado el trabajo.

En Francisco Morazán, también se encontró una dinámica similar. Otra investigación estableció que Casaña apareció vinculado a un cargo distrital en Tegucigalpa, mientras otras personas sostenían el trabajo cotidiano dentro de esa estructura. Ese antecedente ya apuntaba a un manejo cuestionable de plazas en Educación, una línea que vuelve a aparecer en el análisis masivo de acuerdos emitidos entre 2022 y 2026.

La evolución anual muestra que el reparto de plazas se sostuvo durante casi toda la administración. En 2022 se registraron 393 acuerdos. En 2023 la cifra subió a 771. El punto más alto llegó en 2024, con 1,295 acuerdos, y en 2025 se mantuvo elevada, con 1,201. Para enero de 2026 solo se contabilizaron cuatro.

Ese comportamiento confirma que no se trató de ajustes aislados de personal. Fue una política sostenida de nombramientos durante los cuatro años de gobierno.

El análisis por oficina específica refuerza el patrón territorial. La mayor carga de acuerdos se concentró en la Dirección Departamental de Santa Bárbara, desde donde se abrieron 554 puestos.

Luego se encuentra la Dirección Departamental de Francisco Morazán, con 532 casos. Después figuraron la Gerencia Administrativa, con 385, y la Dirección de Educación Continua, con 197.

Además, esta unidad de investigación contabilizó 697 acuerdos distribuidos entre varios centros educativos a nivel nacional. El reparto, por tanto, no se limitó a escuelas, sino que también se asentó en oficinas y estructuras departamentales.

La mayoría de las contrataciones en los cuatro años de Libre corresponde a conserjes, con 914 registros. En segundo lugar están las designaciones para guardias de seguridad, con 760.

Otros perfiles incorporados durante la gestión de Daniel Esponda en Educación fueron oficinistas, con 541; auxiliares, con 273; y oficiales de diversas áreas, con 148.

Solo conserjes, guardias y oficinistas sumaron 2,215 acuerdos. Es decir, el 61% del total de acuerdos analizados se concentró en esos tres perfiles.

El dato revela que el grueso del reparto no se volcó a reforzar las aulas, sino a ampliar la estructura operativa y administrativa.

Santa Bárbara es el caso que más preguntas genera. Para 2025 fue el octavo departamento con mayor matrícula escolar y tampoco figuró entre los primeros cinco por número de centros educativos. Aun así, terminó como el segundo más beneficiado con acuerdos.

De acuerdo con registros del Departamento de Talento Humano de la Dirección Departamental de Educación en Santa Bárbara, allí se realizaron 26 nombramientos de asistencia técnica, cuatro supervisiones de asistencia técnica y cuatro jefaturas de sección departamental.

Paralelamente se reportó el nombramiento permanente de 817 personas, en su mayoría personal no docente, incluyendo conserjes, oficinistas, guardias, aseadores y otros cargos administrativos. Esa carga, según fuentes consultadas, habría generado sobrepeso en varios centros y desbalance en la distribución del personal.

En Santa Bárbara, además, los registros muestran 177 acuerdos para conserjes, 156 para guardias y 117 para oficinistas. Parte importante de esa carga se asentó en la propia Dirección Departamental y no exclusivamente en centros escolares.

Santa Bárbara ha sido uno de los bastiones de Libre dentro del magisterio, en buena medida por la influencia sindical y política que Edgardo Casaña construyó en ese departamento.

Por eso, que aparezca como el segundo territorio más beneficiado con acuerdos no solo refuerza el peso que tuvo en la estructura educativa, sino que también vuelve más sensible el volumen de nombramientos registrados allí.

Para Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el volumen de plazas asignadas en Santa Bárbara y en el nivel central de la Secretaría de Educación refleja un patrón de corrupción y abuso de poder que no puede entenderse como un hecho aislado.

“Es corrupción, es abuso de poder. Cuando uno ve lo que sucedió en Santa Bárbara, donde Edgardo Casaña era presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, y observa 636 contrataciones, evidentemente algo no anda bien”, dijo a este rotativo.

Francisco Morazán y el nivel central también completan el mapa. Aunque la concentración de dependencias en la capital puede explicar parte del dato, las 716 plazas en ese departamento y las 612 asignaciones a nivel central muestran que una porción clave del reparto se produjo en el corazón administrativo de la secretaría.

Olancho cierra el patrón. Aunque su cifra fue menor, con 203 acuerdos, volvió a figurar entre los departamentos más beneficiados, en otro territorio donde Libre mantuvo peso político.

Visto en conjunto, el mapa muestra una distribución masiva de cargos en zonas donde el oficialismo tenía liderazgo político, capacidad de decisión o estructuras de control institucional. Bajo ese patrón, el festín de plazas deja de parecer una simple suma de acuerdos.

“Es un acto de los muchísimos que estamos observando sobre el comportamiento de algunos exfuncionarios en el último gobierno, pero también una historia que se ha venido dando en el país en los últimos años”, enfatizó Hernández.