Cárceles de Honduras desbordadas: algunas triplican su capacidad

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras el Legislativo y el Ejecutivo pretenden agilizar las capturas y enviar a prisión preventiva con más celeridad a los integrantes de estructuras denominadas terroristas, el sistema carcelario de Honduras ha desbordado su capacidad para albergar a personas privadas de libertad.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó los datos sobre la capacidad y la población penitenciaria en los 21 recintos carcelarios a nivel nacional y registró una sobrepoblación de más de 2 mil personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), hasta el pasado septiembre se reportaba una sobrepoblación de 2,197 presos en las cárceles del país.

El sistema carcelario tiene capacidad para albergar a un máximo de 17,831 personas, pero registra más de 19,200 reclusos.

Para calcular la sobrepoblación, el INP suma los presos que sobrepasan la capacidad de cada cárcel, sin descontar los espacios disponibles en otros centros penitenciarios. En este cálculo solo incluye a los reos sin opción a preliberación.

El centro penal de Olanchito, en Yoro, figura como el más desbordado en términos porcentuales. Pese a disponer de solo 150 espacios, alberga a 520 personas, todas sin opción a preliberación. Esta cifra se traduce en una sobrepoblación del 247%, es decir, casi tres veces por encima de su límite.

Otra cárcel sumamente sobrepoblada es la de Danlí, en El Paraíso, con un excedente del 85%. Cuenta con 348 cupos en los que han tenido que ser acomodados 645 privados de libertad.

También resaltan el centro de El Progreso, Yoro, con un 77% de sobrepoblación; el de Santa Rosa de Copán, Copán, con un 61%, y “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso, con un 37%.

El director del INP, Walter Iván Amador Lacayo, declaró a EL HERALDO Plus que, en promedio, el hacinamiento carcelario suele rondar entre los 2,000 y 2,500 presos.

“Generalmente entran más (presos) de los que salen. Eso nos va causando hacinamiento. Las condiciones de prisión preventiva nos van causando hacinamiento”, explicó el general en condición de retiro.

Hasta el pasado mes, la población penitenciaria total, incluyendo a aquellos bajo preliberación, era de 19,274 personas, cifra superior a los aproximadamente 17 mil espacios de los que dispone el sistema carcelario. Lacayo estima que la población total es de unos 19,500.

Lo explicado por el director del INP corresponde al comportamiento de los últimos tres años, ya que la población siempre ha sido superior a la capacidad de las cárceles.

Entre 2023 y 2025, la población osciló entre los 18 mil y 19 mil reos, pese a contar con menos de 16 mil cupos durante esos años.

Si bien ahora la capacidad aumentó a 17,831 debido a proyectos de ampliación, el sistema sigue sin darse abasto para los más de 19 mil reclusos registrados hasta la fecha.

El ocupación penitenciaria a nivel nacional es de aproximadamente el 108%, mientras que 12 de los 21 reclusorios superaron su capacidad.

En números absolutos, la Penitenciaría Nacional de Támara es la que concentra más privados de libertad, con casi seis mil prisioneros.

Le siguen “El Pozo”, prisión de máxima seguridad en Ilama (Santa Bárbara), con 2,086, y la cárcel de Siria, en El Porvenir (Francisco Morazán), con 1,815.

Al comparar la ocupación total con la capacidad de cada prisión, las cárceles con mayor ocupación son Olanchito (347%), Danlí (196%), El Progreso (178%), Santa Rosa de Copán (161%) y Gracias (143%). El número de espacios de los que disponen es inferior a 700.

El alto hacinamiento puede dificultar la administración de las cárceles, aumentar la vulnerabilidad en materia de seguridad de estos centros y obstaculizar el proceso de reeducación y reinserción de los privados de libertad.

Ricardo López, delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), señaló que la alta ocupación llega a afectar la vida de los privados de libertad en la salud, la alimentación y la convivencia.

“Algo que no le gusta a muchas personas es que se diga cómo viven las personas privadas de libertad porque consideran que no tienen derechos. Sin embargo, son personas y tienen derechos (...) el único derecho que se les suspende es el de la circulación y, en ese sentido, sus demás derechos están intactos”, remarcó.

López mencionó que las penitenciarías históricamente no se han encontrado en óptimas condiciones y recordó que se han registrado tragedias como el incendio de la granja penal de Comayagua en 2012, motines violentos y hasta masacres como la ocurrida en 2023 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Atención Social (PNFAS).

Alertó que el Estado de Honduras está sujeto a demandas internacionales si se violentan los derechos humanos de los presos, al estar suscrito a convenios y tratados del derecho internacional.

Por otro lado, German Licona, abogado penalista, cuestionó la protección de los derechos de las víctimas y ve imperativo que se combata con eficacia a las estructuras criminales.

“Esto significa una reivindicación a aquellas madres, padres, hermanos que quedaron sin sus hijos, hijos que quedaron huérfanos”, subrayó.

De acuerdo con World Prison Brief, de los siete países centroamericanos, únicamente Belice tiene una población carcelaria menor al 100%.

En contraste, Guatemala reportaba una ocupación del 300%; Nicaragua, del 178%; Panamá, del 169%; El Salvador, del 163%, y Costa Rica, del 120%.

Desde el Congreso Nacional se impulsa la construcción de una megacárcel donde serán recluidos reos catalogados como de alta peligrosidad.

Una de las zonas más mencionadas para la construcción de esta obra es el sector del abandonado proyecto carcelario de La Acequia, en Quimistán, Santa Bárbara.

Por otro lado, Lacayo afirmó el pasado miércoles que hay 54 privados de libertad calificados como terroristas y que actualmente se cuenta con otros 120 espacios disponibles para alojar a este tipo de reos.

Más allá de la ampliación de los espacios físicos, Licona aseveró que la medida es insuficiente ante la corrupción y las falencias en los entes de seguridad, justicia y aquellos que han administrado el sistema penitenciario.

Aparte de los acontecimientos violentos, en las cárceles se han registrado fugas de reclusos, algunos reos han gozado de privilegios fuera de la ley, hay trasiego de drogas, se coordina la extorsión y también funcionarios han estado salpicados por irregularidades.

“Hay que hacer un trabajo fuerte de depuración en el sistema penitenciario porque si no los recursos no van a causar el impacto del resultado que se requiere y ya estamos cansados. Ya el pueblo está harto de seguir escuchando a los mismos polítiqueros”, enfatizó Licona.

A criterio del penalista, han sido infructíferos los resultados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando estas han intervenido las cárceles.

En ese sentido, consideró que se debería optar por un modelo privado o público-privado que administre el sistema carcelario.

Bajo este esquema planteado, se le exigirían resultados a la empresa, la cual debería ser sometida a un proceso de certificación para que el personal penitenciario y el de esta compañía “garanticen que el servicio que están brindando al personal privado en libertad es el óptimo y que ya no se convierta en una universidad de crimen”.

Por su parte, López aclaró que el Conadeh está de acuerdo en que el Estado tome medidas para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, siempre y cuando se respete el marco legal.

“El Conadeh jamás va a estar en contra de que a una persona que comete un delito se le aplique todo el peso de la ley. El Conadeh jamás le ha dicho a un juez ‘no meta preso a alguien’ cuando se tienen las pruebas y existe una sentencia para privar de libertad a una persona. Lo que el Conadeh pide es que se respeten los derechos”, manifestó.

En cuanto al hacinamiento, comentó que las autoridades deberían buscar alternativas para descongestionar las cárceles y sugirió que se pueden aplicar medidas distintas a la prisión preventiva a los presos que tienen derecho a otras medidas sustitutivas