San Salvador, El Salvador.- Construir nuevos módulos de máxima seguridad, habilitar celdas de aislamiento, revisar la alimentación de los privados de libertad y ampliar los controles dentro de las cárceles son algunas de las medidas que Honduras busca implementar tras la visita de una delegación del Congreso Nacional al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el recorrido permitió identificar prácticas que podrían adaptarse al sistema penitenciario hondureño, mientras el país prepara nuevas medidas legales contra las maras y pandillas y enfrenta el desafío de aumentar la capacidad de sus cárceles.
Uno de los anuncios más concretos surgió de la necesidad de construir nuevos espacios para recluir a los integrantes de estructuras criminales que sean capturados.
Zambrano sostuvo que los centros penitenciarios actuales no tienen capacidad suficiente para responder a las detenciones que esperan realizar con las nuevas reformas.
“Se tiene que construir nuevos módulos de máxima seguridad o nuevos centros penales. Las instalaciones que tenemos de centros penales no dan abasto”, manifestó el titular del Congreso, quien recordó que el Poder Ejecutivo ya está autorizado mediante decreto para buscar recursos destinados a esas obras.
La delegación hondureña recorrió el Cecot acompañada por autoridades salvadoreñas y conoció aspectos relacionados con la distribución de los reclusos, los controles internos, las audiencias virtuales, las celdas de aislamiento y la atención médica. Zambrano dijo que el objetivo ahora es trasladar las experiencias observadas a propuestas concretas para Honduras.
Zambrano explicó que Honduras cuenta con módulos de máxima seguridad construidos hace siete u ocho años, pero considera necesario ampliar esa infraestructura.
Como referencia, mencionó que el Cecot dispone de espacios colectivos con capacidad para albergar entre 80 y 100 reclusos por celda, y módulos que pueden concentrar entre 3,000 y 5,000 privados de libertad.
“Sí o sí se tiene que construir”, insistió Zambrano, al argumentar que el sistema penitenciario debe prepararse para recibir a más personas capturadas por su presunta vinculación con las maras y pandillas.
Celdas de aislamiento y controles más estrictos
Otra de las medidas que llamó la atención de la delegación hondureña fue el uso de celdas de aislamiento para reclusos que incumplen las reglas penitenciarias, provocan disturbios o desobedecen las instrucciones de las autoridades.
Zambrano afirmó que Honduras todavía no cuenta con este tipo de espacios dentro del sistema penitenciario y que habló con el director del INP sobre la necesidad de buscar recursos para construirlos.
El diputado explicó que, según lo observado en El Salvador, el aislamiento puede aplicarse durante distintos períodos, dependiendo de la conducta del interno.
El presidente del Congreso también planteó revisar la alimentación que reciben los privados de libertad en Honduras. Como ejemplo, señaló que en el Cecot los alimentos son suministrados por un servicio especializado y mencionó una dieta compuesta por arroz, frijoles y tortillas.
Zambrano cuestionó que los reclusos hondureños reciban, alimentos como pollo y bistec, y sostuvo que las condiciones deben revisarse como parte de los cambios en los centros penitenciarios.
La visita también permitió conocer la atención médica y odontológica que reciben los internos en el Cecot.
Se afirmó que las consultas de medicina general, servicios odontológicos y entrega de medicamentos son componentes también deben garantizarse en el sistema hondureño.
Audiencias virtuales y visitas
Las audiencias virtuales son otra de las prácticas que Zambrano destacó durante el recorrido. Según explicó, este mecanismo permite que los reclusos comparezcan ante los jueces sin necesidad de trasladarlos físicamente a los tribunales.
El diputado sostuvo que Honduras ya tiene restricciones a las visitas y a la comunicación con personas recluidas en módulos de máxima seguridad, por lo que considera que las audiencias virtuales pueden contribuir a mantener esos controles.
“Lo importante en esto es un trabajo en equipo, fuerzas trabajando en una sola dirección por el pueblo hondureño”, manifestó Zambrano, al referirse a la coordinación entre el Congreso, las autoridades penitenciarias y los organismos de seguridad.
El funcionario añadió que el director del INP tendrá la responsabilidad de evaluar qué medidas pueden incorporarse al funcionamiento de las cárceles hondureñas, mientras el Congreso y el Ejecutivo deberán buscar los recursos para financiar las obras y los cambios que se determinen.
Fortalecer confianza dentro del sistema
Además de la infraestructura y los controles, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), identificó la selección del personal como una de las lecciones que se lleva de la experiencia salvadoreña.
Walter Amador Lacayo explicó que el director del centro visitado le manifestó que tuvo la posibilidad de escoger a su equipo de trabajo, un aspecto que, según el funcionario hondureño, pudo contribuir a la confianza interna y al desarrollo de la gestión penitenciaria.
En Honduras, explicó, todavía existe una fuerte participación de militares en el sistema penitenciario, a quienes reconoció como un respaldo importante durante el proceso de administración de las cárceles.
Lacayo señaló que fortalecer el personal penitenciario requiere continuar con los procesos de certificación y recertificación de los funcionarios, como parte de los esfuerzos para mejorar la confianza y el funcionamiento de las instituciones.
El planteamiento apunta a que los cambios no se limiten a construir más cárceles o endurecer los controles, sino que también incluyan al personal responsable de administrar los centros y hacer cumplir las reglas.
Amador Lacayo, confirmó que ya se han realizado evaluaciones y se cuenta con diseños preliminares en una zona de Santa Bárbara para desarrollar nuevos módulos penitenciarios.
“Ya han habido unas visualizaciones, evaluaciones, inclusive diseños en el área de Santa Bárbara”, expresó Lacayo al ser consultado sobre los terrenos identificados para las nuevas instalaciones.
Compromiso de llevar propuestas
El recorrido fue realizado por una delegación encabezada por Zambrano e integrada por los diputados Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía; Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad; Rumy Bueso y Luis Cuello. También participaron el director del INP, Walter Amador Lacayo, y el coronel Luis Serrato, director de la Agencia Nacional contra el Crimen.
Zambrano agradeció al Gobierno salvadoreño y al presidente Nayib Bukele por facilitar la visita y permitir que las autoridades hondureñas conocieran las prácticas aplicadas en el combate a las pandillas y en el manejo de personas privadas de libertad.
Durante el recorrido la delegación conoció que en el Cecot se mantiene a integrantes de la MS-13 y del Barrio 18 en una misma celda.
Durante la visita observó que los internos acataban las instrucciones de las autoridades penitenciarias y no presenció altercados entre los grupos.
El diputado Kilvett Bertrand describió la visita como una experiencia de fuerte impacto por los relatos de algunos reclusos sobre los delitos que habían cometido.
Sostuvo que Honduras debe aspirar a recuperar la tranquilidad y permitir que las familias, las mujeres y los emprendedores puedan desenvolverse sin temor a la violencia y la extorsión.
Por su parte, Marcos Paz señaló que la delegación regresa con el compromiso de revisar la legislación salvadoreña y estudiar las medidas que han aplicado para determinar cuáles pueden adaptarse a Honduras.
Resumió el reto en trasladar lo observado a acciones concretas y respaldar a las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
Afirmó que el Congreso buscará proporcionar herramientas legales y apoyar la gestión de recursos para fortalecer el sistema penitenciario.
La visita al Cecot deja así una agenda de trabajo que incluye nuevas instalaciones, controles más estrictos, cambios legales y revisión de la administración penitenciaria.
El desafío para Honduras será precisar cuáles de estas medidas se convertirán en decisiones formales, cómo se financiarán y bajo qué reglas se aplicarán.
