Tegucigalpa, Honduras.- La exigencia de 600,000 lempiras a cambio de liberar a un adolescente de 17 años, por la que cuatro policías fueron capturados y acusados de secuestro agravado, pone de relieve las denuncias contra miembros de los cuerpos de seguridad en Honduras.
El caso, que involucra a cuatro policías asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL), trascendió el viernes 4 de septiembre, cuando los familiares del adolescente recibieron un mensaje donde los agentes exigían un incentivo económico a cambio de la libertad del joven.
Sin embargo, este no es un hecho aislado; datos del Ministerio Público (MP), a los que tuvo acceso EL HERALDO mediante la solicitud de información SOL-MP-3719-2026, revelan que entre enero de 2022 y el 21 de agosto de 2026, la Fiscalía recibió 1,620 denuncias contra policías, militares y miembros de los cuerpos de investigación y seguridad pública.
De las 1,620 denuncias recibidas, 798 corresponden a agentes de policía —equivalente al 49% del total—, es decir, una de cada dos acusaciones involucra a miembros de la Policía Nacional.
Los militares ocupan el segundo lugar, con 261 denuncias, que representan el 16%, seguidos de registros contra la Policía Preventiva, con 220 casos; agentes de investigación, con 108; y miembros de las policías municipales, con 74 denuncias.
Sin embargo, los señalamientos no se limitan al personal operativo. Las denuncias también alcanzan a mandos superiores de la Policía, entre ellos 44 subinspectores, 36 inspectores, 17 comisarios, 16 subcomisionados y 11 comisionados.
Asimismo, los registros incluyen a 11 directores y dos subdirectores de centros penales.
El abogado penalista Marlon Duarte explicó que la falta de controles internos podría propiciar actuaciones irregulares dentro de las instituciones de seguridad.
Además, consideró necesario fortalecer los mecanismos de supervisión e investigación policial, a fin de que las denuncias sobre posibles abusos o actuaciones ilegales sean examinadas mediante procedimientos técnicos y científicos, sustentados en pruebas y documentación.
“Se debería fortalecer lo que antes se llamaba Servicios Especiales de Investigación o, en todo caso, lo que ahora conocemos como Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) para que realice investigaciones técnicas y científicas, basadas en denuncias debidamente documentadas y no en rumores o comentarios de pasillo, sino en elementos que permitan establecer qué ocurrió realmente durante una actuación ilegal de la Policía”, manifestó.
Abuso de autoridad y violencia familiar entre las principales acusaciones
Las denuncias recibidas por el Ministerio Público reflejan que las casos no se limitan a actuaciones durante operativos policiales o procedimientos de seguridad, ya que también incluyen presuntos abusos de autoridad, violencia en el entorno familiar y vulneraciones a los derechos humanos.
Los delitos de abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios registran 267 casos.
Otro de los apartados que llama la atención es el de violencia doméstica y de género; los registros contabilizan 203 denuncias por violencia doméstica: 101 de tipo psicológico, 63 físicas y 39 patrimoniales, que fueron cometidas por agentes de las fuerzas del orden.
A estas se suman 79 denuncias por maltrato familiar, además de 38 acusaciones por violación y 20 por agresiones sexuales o actos de lujuria.
Las investigaciones también incluyen señalamientos por posibles vulneraciones a los derechos humanos.
Entre los registros figuran 107 denuncias por tratos crueles, inhumanos o degradantes, 119 por allanamientos irregulares de morada, 68 por privación ilegal de libertad y 25 por tortura.
En cuanto a los delitos contra la vida, los expedientes reúnen 52 denuncias: 22 por homicidio, 13 por asesinato y 17 por tentativa de homicidio. Además, se contabilizan 20 denuncias por tráfico de drogas.
Además, las incidencias del Ministerio Público apuntan a que las investigaciones contra los cuerpos de seguridad se mantuvieron elevadas durante los últimos años: En 2024 se registró el mayor número de denuncias, con 460 expedientes, más del doble de los 214 contabilizados en 2022.
En 2023, el Ministerio Público recibió 282 denuncias, mientras que en 2025 la cifra alcanzó los 430 casos. Hasta el 21 de agosto de 2026, mes donde los registros sumaban otros 232 expedientes.
El jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco, calificó como preocupantes las denuncias contra miembros de los cuerpos policiales y consideró necesario fortalecer las regulaciones y los mecanismos de control para prevenir nuevas actuaciones irregulares.
Nolasco explicó que, además de establecer regulaciones internas, la Secretaría de Seguridad debe reforzar sus procesos logísticos y de supervisión, especialmente ante los antecedentes y denuncias relacionados con violencia doméstica y abuso de autoridad.
“Es necesario implementar nuevas regulaciones para los operadores de seguridad, porque, al estar en contacto directo con la población, tanto los ciudadanos como los propios agentes están expuestos a situaciones en las que pueden cometerse los delitos por lo que se les acusa", explicó.
Policías municipales también figuran en los registros
Las policías municipales tampoco quedan fuera de las estadísticas. El Ministerio Público recibió 74 denuncias contra miembros de estas corporaciones, principalmente en las dos ciudades más importantes del país.
Tegucigalpa concentra 26 expedientes y San Pedro Sula otros 14. Los registros forman parte de las acusaciones presentadas contra los cuerpos de seguridad por presuntas actuaciones irregulares.
En conjunto, las cifras evidencian la amplitud de las denuncias que involucran a funcionarios encargados de la seguridad pública. Los expedientes incluyen desde presuntos abusos de autoridad y violencia familiar hasta señalamientos por tortura, agresiones sexuales y delitos contra la vida.
