Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció este lunes 2 de noviembre sobre las condiciones del sistema penitenciario hondureño y señaló que los centros penales deben cumplir con su función de mantener el control y garantizar el cumplimiento de las penas impuestas a las personas privadas de libertad.
En ese sentido, Zambrano felicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Walter Amador Lacayo, por iniciar la implementación de las reformas aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional, al considerar que estas disposiciones proporcionan herramientas para recuperar el control y restablecer el orden en las cárceles.
A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo sostuvo que los centros penales no deben convertirse en lugares desde donde se planifiquen o coordinen actividades delictivas, por lo que insistió en la necesidad de aplicar las disposiciones legales aprobadas.
“Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de relajación, vacaciones o, peor aún, centros de operaciones de la delincuencia. Honduras solo avanzará si convertimos en hechos las leyes que aprobamos en el Legislativo”, expresó.
Asimismo, el presidente del Congreso Nacional manifestó que continuarán solicitando resultados concretos a las instituciones responsables de ejecutar las reformas penitenciarias, al tiempo que señaló que comienzan a observarse avances en los órganos de justicia.
Resultados
Uno de los acontecimientos relacionados con estas medidas fue el traslado de 567 personas privadas de libertad hacia el centro penitenciario de Támara.
De acuerdo con la información proporcionada por Amador Lacayo, el movimiento tiene como propósito descongestionar el centro penal de La Tolva y ubicar en el módulo de máxima seguridad de Támara a los reclusos identificados como terroristas.
Del total de trasladados, 555 privados de libertad no pertenecen a estructuras criminales y serán incorporados al régimen ordinario de Támara, mientras que los otros 12, capturados recientemente y señalados como integrantes de grupos terroristas, permanecerán en el módulo de máxima seguridad.
Con estas acciones, las autoridades penitenciarias buscan aplicar las nuevas disposiciones orientadas a reforzar la vigilancia y evitar que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde los centros de reclusión.
