Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional inició una serie de reuniones de trabajo con instituciones estatales y sectores sociales para estructurar una nueva propuesta normativa orientada a la prevención de embarazos en adolescentes en el país.
El debate parlamentario surge tras la declaración de nulidad emitida por el pleno del Poder Legislativo sobre el Decreto Legislativo No. 8-2023, correspondiente a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente.
El texto original aprobado en el período de 2023 no logró completar el trámite constitucional para ser considerado ley perfeccionada, luego de haber sido vetado por el Poder Ejecutivo sin que constara su posterior ratificación con el voto de 86 diputados.
Ante el vacío normativo generado por la anulación formal, diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron al Congreso Nacional la construcción de un nuevo instrumento técnico con enfoque preventivo adaptado a las edades de la niñez y adolescencia.
Las estadísticas oficiales reflejan un panorama crítico a nivel nacional, registrando solo en recintos hospitalarios públicos más de 23,100 gestaciones en menores de edad durante el último año de medición.
"Hemos estado ya en una primera reunión con la Secretaría de la Niñez, con representantes de sociedad civil y la fiscal de la niñez. Nos dicen que de niñas de 10 a 14 años se dieron 1,193 embarazos y de 15 a 19 años 22,001, para un total de 23,194 embarazos a septiembre del 2025", expresó Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor.
La parlamentaria precisó que las estadísticas de gestaciones en menores de 14 años devienen de delitos de violencia e impunidad dentro del entorno social y familiar, ante lo cual la ley fijará protocolos estrictos de denuncia.
La congresista puntualizó que el nuevo dictamen legislativo revisará la propuesta elaborada por organizaciones civiles y las guías metodológicas vigentes para asegurar un lenguaje adecuado según los grados académicos.
"Nos ha pedido sociedad civil que le pongamos atención y, por favor, si bien es cierto no presentar algo similar a lo que se acaba de anular, sí algo que venga a contribuir a poder informar a nuestros chicos, pero de acuerdo a las edades", afirmó Vallecillo.
Por su parte, defensores de la niñez catalogaron la desprotección estatal de los menores como un problema estructural severo y subrayaron que el país ostenta las tasas de natalidad infantil más elevadas de la región.
El sector social instó a los diputados a dejar de lado la manipulación ideológica sobre las normativas preventivas para enfocar las iniciativas en la reducción de las violaciones sexuales en el hogar.
"Lamento la derogación de la ley en este momento en el Congreso Nacional; sin embargo, eso no significa que la ley de prevención de embarazos en adolescentes en Honduras no siga siendo una necesidad urgente. Honduras hoy ocupa el primer lugar como el país con mayor número de embarazos en adolescentes con 97 por cada 1,000", aseveró Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden).
El representante gremial enfatizó que diariamente al menos 21 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres en el territorio nacional debido a la falta de mecanismos efectivos de protección institucional.
El activista enfatizó que el Congreso debe asumir la responsabilidad de asignar presupuestos suficientes para la articulación entre las secretarías de Estado y los medios de comunicación en materia de sensibilización.
"Frente a algo que es irreversible, como es la derogación de la ley, pues aquí lo que procede es que el Congreso Nacional tenga una verdadera iniciativa de ley y reconozca que en Honduras existe esa problemática y que necesitamos una ley que pueda garantizar una articulación interinstitucional", sentenció Velásquez.
