Tegucigalpa, Honduras.- La cercanía entre Nasry Asfura y Donald Trump no garantiza beneficios migratorios ni económicos para Honduras. Muchas decisiones requieren leyes y recursos aprobados por el Congreso estadounidense, cuya composición se disputará en las elecciones de medio término.
La votación del 3 de noviembre de 2026 renovará los 435 puestos de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. Se llaman elecciones de medio término porque ocurren a mitad del mandato presidencial, aunque las elecciones legislativas se celebran cada dos años.
Trump conservará la presidencia, pero podría enfrentar un Congreso menos dispuesto a respaldar sus iniciativas.
Para Honduras, importa quién tendrá poder para aprobar presupuestos, modificar reglas migratorias y negociar medidas que alcancen las remesas o el comercio.
El respaldo electoral de Trump a Asfura no ha significado una excepción migratoria: Washington rechazó una solicitud de transición para hondureños afectados por el fin del TPS y las deportaciones continúan. ¿Cómo interviene el Congreso en estos asuntos?
A continuación, EH Verifica lo explica:
Mayorías: quién facilita o limita la agenda
El Congreso tiene dos cámaras: Representantes y Senado. Para convertirse en ley, una propuesta generalmente necesita la aprobación de ambas y la firma presidencial, aunque existen mecanismos para superar un veto.
Si la oposición controla una cámara, puede bloquear proyectos y exigir acuerdos presupuestarios. Trump mantendría facultades ejecutivas, pero los compromisos con Honduras que requieran legislación o fondos necesitarían respaldo congresional. El Senado también decide sobre nombramientos de embajadores.
Migración: leyes, protección y deportaciones son decisiones distintas
El Congreso establece el marco legal migratorio y financia su aplicación. El Ejecutivo administra programas y ejecuta deportaciones conforme a la ley; los tribunales pueden revisar esas actuaciones. Cambiar las mayorías puede modificar las posibilidades de aprobar reformas.
El TPS ofrece protección temporal, no residencia permanente. En septiembre, la canciller Mireya Agüero confirmó el rechazo estadounidense al período de gracia solicitado por Asfura. Una victoria legislativa, por sí sola, no restablece esa protección ni suspende deportaciones.
Remesas: el costo también depende de leyes
Desde enero de 2026, una ley estadounidense grava con 1% determinadas remesas financiadas con efectivo u otros instrumentos físicos. Contempla excepciones para transferencias desde cuentas bancarias que cumplen requisitos legales o mediante tarjetas emitidas en Estados Unidos.
En una operación gravada de 200 dólares, el remitente paga dos dólares de impuesto, además de las comisiones. Es un ejemplo del alcance del Congreso sobre las familias hondureñas, no un cobro que vaya a cambiar necesariamente después de las elecciones.
Cooperación: el respaldo político necesita presupuesto
Sí existen acuerdos: en marzo, ambos gobiernos suscribieron un memorando sanitario por 46.5 millones de dólares para cinco años. Determinar si representa más ayuda exige comparar períodos equivalentes y distinguir compromisos de recursos efectivamente entregados.
El Congreso aprueba financiamiento y puede establecer condiciones para utilizarlo. Por eso, la cooperación depende de decisiones presupuestarias y prioridades institucionales, además de las relaciones presidenciales.
Comercio: las reglas importan para los exportadores
Estados Unidos importó bienes hondureños por unos 5,500 millones de dólares en 2025. Cambios en las condiciones de acceso a ese mercado pueden afectar costos y competitividad de las empresas exportadoras.
El Congreso legisla sobre comercio exterior y ha delegado determinadas facultades al Ejecutivo. La relevancia electoral está en quién aprobará o cuestionará esas políticas; los efectos sobre Honduras dependerán de medidas concretas, no solamente del partido ganador.
