GPS y teléfonos delatan a policías en el secuestro de menor en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El recorrido registrado por GPS de un vehículo pick up, la ubicación de los celulares de los sospechosos y el fotograma del sistema de videovigilancia del 911 son las piezas claves que, según la resolución de un juez, conectan a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) con el secuestro de un joven de 17 años en Tegucigalpa.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus tuvo acceso a reportes judiciales sobre el proceso que involucra a cuatro agentes en la desaparecieron de un adolescente en la capital el pasado agosto.

Según los reportes públicos, el 30 de agosto, el menor fue sacado de su vivienda por los cuatros agentes, quienes lo arrestaron y lo subieron a al vehículo. Aunque los oficiales sostienen que la captura del menor obedeció porque supuestamente era su informante, familiares declararon que habían recibido un mensaje donde les exigían L600 mil por su liberación.

Como resultado de la investigación fue acusada la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, encargada del equipo; y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez, todos asignados a la Dipol.

A partir de los registros judiciales, este equipo reconstruye los hechos que involucran a los agentes en el secuestro del menor, cuyo paradero se desconocía todavía hasta el cierre de esta publicación.

Todo comenzó a las 10:55 am del domingo 30 de agosto, según la documentación revisada por EL HERALDO Plus. En ese momento, los cuatro policías ingresaron por las gradas de la colonia Jardines de Toncontín, una zona cercana a El Pedregal, e instantes después varios testigos vieron cuando sacaron al menor de 17 años arrestado. Lo subieron a la paila de un vehículo pick up marca Isuzu Dmax blanco sin placas.

Tras lo ocurrido, los familiares del adolescente comenzaron una búsqueda. Se dirigieron a la postal policial de la colonia La Kennedy, pero les dijeron que no tenían información.

Después se movilizaron a la estación de La Cañada, aunque tampoco obtuvieron respuesta. En una segunda visita en horas de la noche, en la oficina les aceptaron la denuncia como desaparecido.

Tras interponer la denuncia, los agentes invitaron a la familia a regresar a casa, bajo el compromiso que trabajarían en la búsqueda, según declararon los testigos.

Sin embargo, uno de los familiares declaró que recibió un mensaje a su celular donde le indicaban que debía pagar 600 mil lempiras a cambio de la libertad del joven. No obstante, este pariente afirmó que borró el texto por temor, además que no tenía esa voluminosa suma de dinero.

A partir de la denuncia comenzaron las investigaciones, que apuntaron inicialmente a la subinspectora y los tres agentes, a quienes se les decomisaron los celulares, así como el vehículo en el que se transportaban.

Los investigadores revisaron los libros de novedades de entrada y salida de los sospechosos, además de que acudieron al sistema de videovigilancia del 911 para requerir y evaluar material audiovisual.

Con las evidencias, la fiscalía procedió a acusar a la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, encargada del equipo, y a los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez por el delito de secuestro agravado en contra del menor.

El 6 de octubre, un juez decretó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, la cual cumplen en el complejo de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional mientras el proceso continúa.

Una de las pruebas evacuadas durante la audiencia inicial fue un dictamen de un perito que analizó las ubicaciones reportadas por las antenas de los celulares pertenecientes a los uniformados, así como el sistema de geolocalización (GPS) del vehículo donde movilizaron al menor. El peritaje también incluyó los videos de las cámaras de seguridad del 911.

A partir de estos reportes, EL HERALDO reconstruye la ruta lógica que siguieron los agentes, usando la referencia de ciertos puntos, ya que no se tuvo acceso a las coordenadas exactas.

En la georreferenciación se establece que, durante las horas de la mañana del 30 de agosto, se triangula la ubicación de los sospechosos en Las Brisas, un sector muy próximo a Jardines de Toncontín, de donde fue extraído el adolescente. Este indicio apunta a que, tras privar al menor, se usó el retorno del trébol que conecta los bulevares Fuerzas Armadas y Comunidad Económica Europea (CEE).

Después, varios de los teléfonos móviles decomisados registraron actividad en antenas ubicadas en la zona del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa. De este punto se infiere que siguieron por el bulevar CEE.

Posteriormente, el análisis pericial identifica la coincidencia de varios registros telefónicos en distintos sectores de la capital en la zona sur, con destino a la carretera CA-5 Sur. Uno de esos puntos está próximo al instituto bilingüe Internacional School. Otras coordenadas identificadas son el desvío de Altos de Santa Rosa y Cerro de Hula.

Si se encadenan los puntos como una ruta se infiere que los sospechosos circularon a lo largo del bulevar CEE y tomaron el retorno al anillo periférico en dirección a Loarque. En lugar de conectar directamente hacia la salida al sur, se condujeron hasta el desvío del Parque Empresarial que cruza la colonia Río Grande y sale en Loarque. Este recorrido solo es referencial, en vista que no hubo acceso a las coordenadas exactas. Alegatos de los agentes

En sus conclusiones, el perito señala que existe una coincidencia temporal y geográfica entre los registros de conexión de los teléfonos celulares decomisados a los agentes, las ubicaciones marcadas por el GPS conectado al vehículo y los videos de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencia 911.

La tesis fiscal es que los agentes se llevaron al menor de su casa sin justificación válida, lo que constituyó una privación ilegal de libertad. El juez señala que, aunque los videos cercanos a la vivienda del joven no permiten confirmar con certeza que fue sacado a la fuerza, sí consta que fue retirado de su domicilio y que su último paradero conocido fue en presencia de los agentes acusados.

En la audiencia inicial, la Fiscalía señaló que los agentes estaban tratando de imponer una coartada al realizar un cambio de vehículo, pues se llevaron al menor en un pick up Isuzu Dmax, pero en una novedad registrada más tarde ese día se informa que el equipo supuestamente cambió a la unidad un Toyota Hilux a las 4:00 pm.

Otra prueba de descargo es que la defensa de los agentes presentó una conversación de la subinspectora Belkis Cruz, quien envió captura de pantalla de una fotografía a otra mujer a la 11:15 am de ese día. Cruz le indicaba a su contacto que no encontraron nada, porque había visto que el joven había llevado algo en la madrugada.

La defensa también alega que los agentes se entrevistaron con el menor porque operaba como un informante. Sin embargo, la Fiscalía señaló que no consta en ninguna novedad que los cuatro agentes de la Dipol se entrevistarían con una persona considerada informante y, mucho menos, que hayan notificado a algún superior.

En su declaración, la subinspectora admitió que sí pasaron por el joven, pero que, luego, lo dejó en un lugar de la vía rápida de la ciudad.

En su resolución, el juez señaló que con la valoración de los medios de prueba presentados durante el proceso tienen alta relación, principalmente en las extracciones de información telefónica y los registros de geolocalización del vehículo pick up doble cabina blanco. De esta unidad no solo se extrajo información sobre los lugares donde circuló, sino que también se reportaron las velocidades y los tiempos de permanencia en determinados puntos.

Además, el juez afirma que en la causa ha habido un abuso en las atribuciones policiales, al llevarse un menor de edad sin ninguna justificación.

Para el 22 de octubre estaba fijada la audiencia preliminar, pero no se realizó. En ese momento fue evacuada la declaración de un testigo protegido de la Fiscalía.

La defensa de los imputados y los fiscales se presentarán de nuevo ante el juez el 24 de noviembre, para decidir si, a partir de las evidencias presentadas por ambas partes, si el caso continúa en un juicio oral y público o si otorga un sobreseimiento definitivo o provisional.