Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro agentes asignados a la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) quedaron bajo detención judicial por suponerlos responsables del delito de secuestro en perjuicio de un menor de edad, según informó Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial.
Los detenidos fueron identificados como Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, subinspectora de Policía, así como los agentes Geybin Gadriel Salgado Pérez, Kevin Dagoberto Castillo Zambrano y Carlos Iván Arteaga Ayestas, quienes son acusados por hechos registrados en la colonia Lomas de Toncontín, en Tegucigalpa.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos se registraron el 30 de agosto de 2026, cuando los cuatro policías presuntamente ingresaron a un inmueble y mediante intimidación sacaron del lugar al menor de edad.
Posteriormente, los agentes habrían manifestado a los vecinos que trasladarían al joven hasta las instalaciones del CORE 7, sin embargo, según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el menor nunca ingresó a ese lugar.
Días después, específicamente el 4 de septiembre, los familiares recibieron un mensaje en el que se les exigían 600,000 lempiras a cambio de la liberación del menor.
Ante esta situación, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía, logró reunir diferentes elementos que vincularían a los cuatro agentes con el hecho.
Primera audiencia
Tras la audiencia de declaración de imputados, el juzgado determinó imponerles la medida de detención judicial, por lo que permanecerán privados de libertad mientras avanza el proceso penal.
Por su parte, Carlos Chajtur, abogado defensor, solicitó que sus representados permanezcan bajo custodia en las instalaciones de Fuerzas Especiales o de la propia DIPOL, argumentando que su permanencia en un centro penitenciario podría poner en riesgo sus vidas.
Por ahora, los tres hombres fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara y la mujer a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PN-FAS), donde deberán permanecer mientras avanza el proceso judicial programado para el lunes 5 de octubre con el desarrollo de la audiencia inicial.
