Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque programó para el viernes 30 de octubre a las 9:00 de la mañana el fallo judicial a Jarol Rolando Perdomo, acusado por el asesinato de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, durante la pandemia de covid-19.
Según la portavoz del Poder Judicial, Clara López, se deberá determinar si la terna de jueces emite un fallo condenatorio o absolutorio para Perdomo Sarmiento, quien enfrenta un proceso por el delito de homicidio simple en perjuicio de la joven universitaria.
"Esta es una repetición del juicio oral y público, a Perdomo se le había condenado en el año 2023 por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión", explicó la portavoz del Poder Judicial, Clara López.
La funcionaria aseguró que el proceso corresponde a la repetición del juicio oral y público contra Perdomo, luego de que el Ministerio Público presentara un recurso de casación en 2024, por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio en el caso.
Sobre el caso
Keyla Patricia Martínez Rodríguez, murió en la madrugada del 7 de febrero de 2021 mientras permanecía bajo custodia policial en una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10, ubicada en La Esperanza, Intibucá.
El Ministerio Público estableció que la manera de muerte fue homicida y que la causa fue asfixia por obturación de orificios respiratorios, según los dictámenes forenses incorporados al proceso.
Además, la Fiscalía acusó al agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el delito de femicidio agravado. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó, entre otros elementos, la autopsia, declaraciones de testigos, documentación y pericias técnicas que ubicaban al agente dentro de la celda donde se encontraba Martínez.
El caso de Keyla Martínez se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos sobre muertes ocurridas bajo custodia estatal en Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) lo ha incluido entre los casos que evidencian los desafíos relacionados con la protección de personas que se encuentran bajo custodia de las autoridades.