Tegucigalpa, Honduras.- La acusación privada en el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez solicitó al Ministerio Público (MP) investigar a los funcionarios policiales que participaron en la detención de la joven la noche antes de ser hallada sin vida en una celda policial.
La petición se presentó durante la repetición del juicio oral y público contra el policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, imputado por la muerte de Martínez.
Yeny Almendárez, abogada de la familia de Keyla Martínez, explicó que el tribunal que conoce el caso consideró remitir al Ministerio Público la solicitud para que se realicen nuevas investigaciones, tras conocer la petición de la acusación privada.
Uno de los argumentos planteados por la acusación privada está relacionado con el decreto ejecutivo PCM-012-2021, emitido el 24 de enero de 2021, mediante el cual el Gobierno prorrogó las restricciones a derechos fundamentales por la pandemia de covid-19 hasta el 7 de febrero de ese año.
Entre las medidas se establecía un horario para la circulación de personas en todo el país. El decreto señalaba que debía ser conocido por el Congreso Nacional para su ratificación, modificación o improbación.
La acusación privada sostiene que, cuando Keyla Martínez fue detenida, el 6 de febrero de 2021, esas disposiciones todavía no habían sido ratificadas por el Poder Legislativo. Según su planteamiento, la ratificación legislativa ocurrió posteriormente, en abril de ese año.
Por ello, considera necesario analizar si las restricciones vigentes al momento de la detención tenían respaldo legal suficiente.
Bajo esa interpretación, la acusación privada considera que la discusión sobre la legalidad de las restricciones por covid-19 no debe quedar al margen del proceso.
La petición busca que el Ministerio Público determine si las disposiciones utilizadas para justificar la detención de Martínez eran aplicables en ese momento y si este aspecto puede tener alguna incidencia en la investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
¿Qué ocurrió con Keyla Martínez?
Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante de enfermería, murió durante la madrugada del 7 de febrero de 2021 mientras permanecía bajo custodia policial en una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10, en La Esperanza, Intibucá.
La joven había sido detenida el día anterior por una supuesta infracción a las restricciones de circulación establecidas durante la pandemia de covid-19. Su muerte generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió y derivó en una investigación penal contra Perdomo Sarmiento.
El proceso judicial ha pasado por distintas etapas. En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque absolvió a Perdomo Sarmiento del delito de homicidio y lo declaró culpable de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión.
El Ministerio Público recurrió la resolución. Tras el recurso de casación presentado en 2024, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio en 2026, con una nueva integración de jueces, para valorar nuevamente las pruebas y la calificación jurídica de los hechos.
La repetición del juicio oral y público comenzó en agosto de 2026 y continuó con la evacuación de pruebas documentales, testimoniales y periciales. En septiembre concluyó esa etapa y el tribunal realizó una inspección judicial en la celda de la posta policial de La Esperanza donde Keyla fue encontrada sin vida.
Ahora, el tribunal deberá continuar con las siguientes etapas del debate y determinar, a partir de las pruebas incorporadas al proceso, la responsabilidad penal que corresponda a Perdomo Sarmiento.
Mientras tanto, la acusación privada mantiene su petición para que el Ministerio Público amplíe las diligencias y determine si existen responsabilidades de otros funcionarios que participaron en la detención de Keyla Martínez la noche del 6 de febrero de 2021.
