Fiscalía calla ante despilfarro en fallido proyecto de riego del Valle de Jamastrán

Tegucigalpa, Honduras.- El rastro de la negligencia y de la corrupción pública en el fallido sistema de riego del Valle de Jamastrán, El Paraíso, sigue visible y sin consecuencias, a pesar de que el Ministerio Público recibió hace un año un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con indicios de responsabilidad administrativa y penal de los responsables de licitar, adjudicar y llevar al fracaso ese proyecto.

El informe de auditoría realizado por el TSC, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, sacó a la luz un rosario de anomalías administrativas, financieras y técnicas que rodearon la licitación, adjudicación y ejecución del fallido “Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán, Fase I”, comprendido en el período entre el 15 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017.

La investigación detalla cómo una iniciativa concebida para potenciar la producción agrícola se convirtió en un despilfarro de más de 8.5 millones de dólares de un préstamo de 26.5 millones de dólares obtenido en 2014 con el Export-Import Bank de la India, así como en el uso incorrecto de recursos de otros programas agrícolas estatales para cubrir las falencias en el proyecto de riego bajo un contrato de “llave en mano”.

El fracaso se tradujo no solo en pérdidas financieras significativas derivadas de anticipos no devueltos y fluctuaciones monetarias, sino también en la desviación de recursos de otros programas, lo que erosionó la confianza ante las entidades financieras internacionales, así como la capacidad del Gobierno para administrar proyectos de desarrollo, dice la auditoría.

El 22 de agosto de 2025, el ente contralor envió el informe al entonces fiscal general Johel Zelaya “para los efectos legales consecuentes”. A la fecha, se desconoce lo ejecutado por la Fiscalía. Vía mensajería instantánea, EL HERALDO le consultó varias veces al que hasta hace dos semanas era vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, sobre las actuaciones en el caso mencionado, pero nunca respondió.

En junio de 2018, EL HERALDO denunció los vicios e irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato “llave en mano” del proyecto de riego en Jamastrán. Siete años después ante el fracaso en el avance de la obra, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) prefirió cerrarlo.

En junio de 2018, EL HERALDO denunció los vicios e irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato “llave en mano” del proyecto de riego en Jamastrán. Siete años después, ante el fracaso en el avance de la obra, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) prefirió cerrarlo.

Tras el cierre, el Estado únicamente logró recuperar material de riego y una maquinaria de perforación que la empresa contratista Apollo International trajo al país por un valor de 5.5 millones de dólares.

De acuerdo con Ledy Baquedano, productor de la zona, los agricultores, quienes bajo el sol trabajan la tierra para mantener la alimentación de los hondureños, no merecen semejante engaño, sobre todo cuando ya existían los recursos financieros disponibles.

“A nosotros nos dijeron que ya no hay nada, simplemente que van a repartir el equipo” que la empresa contratista Apollo Internacional dejó tirada en el valle y que ahora está en el centro experimental Las Acacias, que pertenece a la SAG. “Por otro lado dicen que van a perforar unos pozos en este año”, explicó el desilusionado agricultor.

Sin embargo, “el equipo embodegado no sirve, sirve en las manos del productor. Supuestamente con ese equipo van a perforar unos pozos y habilitar algunos pozos ya perforados de alguna gente. Esta promesa la realizó el actual ministro de la SAG, Moisés Molina, luego que nos reunimos con él”, expresó.

Baquedano explicó que las autoridades de la SAG prometieron entregar la cinta de riego que tiene 12 años de permanecer a la intemperie. “Desde un principio los productores de la zona nunca vimos la posibilidad de salir ganando con este proyecto, si ahorita hay una responsabilidad penal, que de hecho tiene que haber que el Ministerio Público requiera a los responsables”, agregó.

El informe rememora que el proyecto se originó el 15 de enero de 2014 mediante un millonario contrato de financiamiento por 26.5 millones de dólares suscrito entre el Gobierno de Honduras y el Export-Import Bank of India. Sin embargo, la falta de una visión estratégica inicial impidió que los fondos cumplieran con los propósitos de desarrollo previstos para los productores de la zona oriental de Honduras.

La Licitación Pública Internacional (LPI) 01/2015 inició en mayo de 2015. Tres meses después, el 17 de agosto de 2015, se celebró la fase de apertura de ofertas, luego de la integración del Comité de Evaluación del Proceso, presidido por Ramón Cárcamo (asistente ministerial), junto con Juan Colindres (director de Prograni) y Allison Montoya (gerente administrativo), auxiliados por miembros de diferentes unidades de la SAG.

Uno de los hallazgos más graves señalados por el ente contralor radica en la profunda deficiencia en la planificación previa a la adjudicación. El contrato con la empresa internacional adjudicataria, Apollo International Limited, se firmó de forma anticipada el 2 de agosto de 2016, mientras que el Convenio Interinstitucional, que establecía las bases operativas, los estudios ambientales y la identificación real de beneficiarios, se suscribió hasta el 18 de mayo de 2017.

Estas alteraciones en la secuencia lógica de gestión demuestran que el acuerdo se formalizó sin contar con un diseño actualizado, sin dimensionar las hectáreas reales a beneficiar y sin incorporar un presupuesto transparente para cubrir obligaciones operativas elementales, como los procesos de desaduanaje y el manejo de las líneas de crédito, señala la investigación.

“A pesar de que el contrato establecía condiciones cerradas bajo la modalidad llave en mano, se realizó además que incrementaron el costo en un 17.5% y redujeron la superficie a irrigar en un 18%”.

“Se destinaron fondos adicionales de diversas fuentes, incluyendo L20,000,000.00 de la Alcaldía Municipal de Danlí para levantamiento catastral, más de L 20,000,000.00 del fideicomiso FIRSA para gastos de línea de crédito y estudios ambientales, y 100,255.00 dólares para estudios de hidrología, autorizados por el gerente del proyecto”, precisa la auditoría.

Para el TSC, la utilización de estos recursos paralelos constituyó una desviación indebida de fondos públicos que vulneró los principios de legalidad y transparencia financiera. “Estas modificaciones presupuestarias desvirtuaron por completa la naturaleza de los fondos, generando un precedente administrativo perjudicial y poniendo en riesgo otras iniciativas orientadas al sector agroalimentario nacional”, señaló la institución.

Según la auditoría, “este acto vulnera los principios de legalidad, transparencia y uso racional de los fondos del Estado, generando un precedente administrativo y financiero perjudicial, evidenciando fallas graves en la planificación presupuestaria institucional”.

Como consecuencia directa de estas irregularidades, el proyecto jamás cumplió sus metas fundamentales y los sistemas de riego prometidos nunca operaron. “No se implementaron los sistemas de riego prometidos y los fondos desembolsados ​​​​se tradujeron en pérdidas significativas”, establece el documento.

Conforme a la auditoría, las denuncias ciudadanas y las inspecciones de campo corroboraron que las tuberías y la maquinaria adquiridas únicamente llegaron a la zona para ser abandonadas y quedar expuestas a la intemperie durante más de siete años, deteriorándose sin cumplir ninguna función productiva.

Ante la negativa de la empresa contratista a reintegrar los anticipos otorgados, la Secretaría de Agricultura y Ganadería procedió a ejecutar las fianzas vigentes por cerca de un millón de dólares.

Además, “se identificaron graves deficiencias en la planificación y ejecución, tales como la falta de análisis técnico-financiero previo, la ausencia de informes de resultado sobre convenios paralelos, y la inexistencia de cifras exactas sobre el perjuicio económico al Estado”.

Los supuestos beneficiarios nunca recibieron lo estipulado en el contrato, mientras que las denuncias ciudadanas evidencian que solo llegaron al área de tuberías y perforadoras, las cuales fueron abandonadas por más de siete años. El impacto económico y social de este fracaso es considerable, señala.

Asimismo, indica que la fluctuación de la moneda encareció aún más el costo del proyecto, incrementando las pérdidas para Honduras. “La falta de gestión adecuada, la corrupción y la incapacidad de los responsables han convertido este proyecto en un ejemplo de despilfarro de recursos y oportunidades” señala la auditoría en manos del Ministerio Público desde hace un año.

De acuerdo con Elías Nazar, director del Programa de Riego y Drenaje de la SAG, el proyecto de riego en el Valle de Jamastrán representó una iniciativa con gran potencial para ampliar en más de 3,000 hectáreas el área de riego de Honduras, pero terminó por desestimarse tras casi ocho años de vigencia.

Para Nazar, las causas de este fracaso se deben a que el proyecto no se estructuró de manera adecuada antes de licitarse y adjudicarse. Aunque el proyecto contaba con un estudio de factibilidad previo, sobre la marcha se introdujeron modificaciones bajo la modalidad de contrato “llave en mano”, que otorgaba facultades a los oferentes para proponer cambios tecnológicos que resultaron inviables para la economía de los agricultores locales, cuestionó.

El diseño técnico implicaba un gasto muy elevado en energía eléctrica para lograr la presurización del agua, un costo imposible de asumir para los productores del campo, cuestionó. Además, la falta de una correcta gestión inicial y la ausencia de beneficios tangibles obligaron a detener el proceso para evitar que el Estado de Honduras cargara con una deuda masiva derivada de un préstamo de 26.5 millones de dólares.

Dado que la compañía no logró justificar la totalidad de los recursos recibidos en concepto de anticipo ni accedió a devolverlos por iniciativa propia, la Secretaría de Agricultura y Ganadería procedió a la ejecución de las garantías vigentes por un monto cercano a un millón de dólares, explicó.

Indicó que el valor total del equipo adquirido en el marco del proyecto asciende a unos 5.5 millones de dólares según las facturas de compra. Para aprovechar esos materiales, la SAG implementó un plan de entrega directo a los productores (mangueras, filtros, válvulas, conectores y cintas de riego por goteo) acuerdo con sus necesidades con el fin de que rehabiliten o eficienten sus propios sistemas de riego.

Sobre el estado de la maquinaria pesada que permanece al aire libre y sin uso, como las perforadoras de pozos, Nazar defendió su utilidad haciendo alusión a un dictamen mecánico. Reconoció que requiere inversión y ciertas reparaciones por el paso del tiempo; no obstante, descartó su venta y apostó por la reparación y reactivación.