Policías y militares, los más denunciados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El silencio se impone cuando el miedo gobierna. Así ocurrió la madrugada del 27 de enero en una colonia de Comayagüela, donde un operativo policial terminó en golpes y un arresto.

“Nadie vio nada”, dijeron los vecinos. El detenido portaba sustancias ilícitas, pero su captura derivó en una agresión física por parte de agentes, quienes le causaron lesiones que requirieron atención hospitalaria.

El caso quedó impune: la víctima no presentó denuncia por haber cometido un delito, aunque el hecho evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad. Datos del Ministerio Público (MP), obtenidos por EL HERALDO Plus mediante la petición de información pública SOL-MP-3048-2025, indican que entre enero de 2017 y el 7 de febrero de 2025 se registraron 4,343 denuncias contra funcionarios.

De estas, 3,068 (70%) fueron dirigidas contra policías y militares, justamente los responsables de la protección ciudadana. El 66% de estas denuncias se relaciona con abuso de autoridad y lesiones.

Para Ricardo López, delegado adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), hay dos razones detrás de este patrón.

La primera es la presencia nacional de la Policía: “Es una de las pocas instituciones con cobertura total en el país”.

Además, “la policía tiene el abordaje en temas de la interacción entre el Estado y la ciudadanía en los procesos de investigación y control de la ciudadanía en general, eso hace que sea una de las instituciones sobre las cuales pese una mayor cantidad de quejas”.

La segunda tiene que ver con el abuso de poder: “Quizá algunos de los funcionarios abusen del ejercicio de sus funciones por ser un cuerpo armado, y esto lo que hace es evidenciar más este tipo de denuncias en contra de este tipo de autoridades del Estado”.

Entre los funcionarios más señalados destacan los policías de escala básica, con 1,500 quejas en su contra, lo que representa casi la mitad del total (49%). Les siguen los militares, con 505 denuncias (16%), y los agentes de la Policía Preventiva, con al menos 396 casos (12%). Estos tres cuerpos concentran el 80% del total.

El restante 22% involucra a comisarios, inspectores, agentes de investigación, suboficiales, policías municipales, entre otros. El Conadeh también ha documentado este patrón.

En lo que va del año, ha recibido 319 quejas relacionadas con la Secretaría de Seguridad, de las cuales 249 están dirigidas directamente a la Policía Nacional, precisó López.

López aclara que, si bien existen casos documentados de abuso, no todas las denuncias son necesariamente reales: “No podemos decir que el 100% de las quejas son verídicas”.

“Vamos a encontrar que las quejas son por el accionar de la policía. Por ejemplo, el tema de un abuso de autoridad denunciado en contra de un oficial de policía”, detalló.

El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, consideró se debe a que “hay una falta de capacitación, formación y sensibilización a las autoridades, que muchas de ellas confunden el tener un uniforme, una placa y una pistola con un poder sobre las personas”.

Pero “eso se trabaja desde que inician en la carrera fiscal o judicial a estos operadores de justicia, para que no confundan ese nombramiento y esa atribución que tienen por ley para creerse impunes ante cualquier actuación”, recomendó.

Entre los delitos más denunciados figuran abuso de autoridad, lesiones, violencia psicológica doméstica, violación a los deberes de los funcionarios y amenazas. Estos cinco delitos concentran el 45% de las acusaciones, según los reportes analizados por EL HERALDO Plus.

El abuso de autoridad es el más recurrente, con 499 casos (16% de todos los casos). La segunda causa más denunciada es la violación a los deberes de los funcionarios, con 295 hechos, es decir, un 10%.

Y en tercer lugar están las lesiones (249 denuncias), como la situación vivida con el testimonio de este reportaje, donde una simple detención dejó graves daños físicos en una persona. También es llamativo el elevado número de denuncias por violencia doméstica psicológica (190 reportes) y amenazas (141).

Para Castañeda, “hay un abuso de autoridad cuando un individuo que tiene una atribución, de acuerdo a la ley, como el policía o el investigador, que a falta de conocimiento de las repercusiones y los límites que la ley establece en su actuación provocan que incurra en ese tipo de violaciones, de faltas y de delitos.

“Muchos jóvenes que están saliendo del Instituto Técnico Policial, que están siendo promovidos en unidades de investigación de delitos complejos, no tienen ningún tipo de formación, a la escala de investigación y a la parte legal. Entonces por eso ellos son blanco fácil para incurrir en este tipo de abuso de autoridades, violaciones, entre otros”, explicó.

Desde la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) explicaron a EL HERALDO Plus que cuando reciben una denuncia están en la obligación de “iniciar el proceso de investigación desde el día uno”.

“La Didadpol al tener el conocimiento de un hecho, cuenta con un primer término de 10 días para establecer un informe preliminar y seguir con cada etapa del proceso hasta lograr una recomendación cuyo término máximo para obtener la es de 75 días hábiles contados desde el conocimiento del hecho”, afirmó Silvia Ayala, directora de la Didadpol, en una comunicación facilitada a este medio a través de la oficina de Relaciones Públicas.

En el proceso de investigación, los agentes se encargan de aplicar diferentes métodos que ayuden a comprobar la veracidad del hecho por el cual se acusa al policía en cuestión.

Por ejemplo, la funcionaria expuso que “analiza el contexto en que surgió el hecho, lleva a cabo diligencias investigativas, aplica pruebas de confianza en casos específicos, analiza antecedentes disciplinarios y méritos del investigado, la gravedad del hecho constitutivo de falta y elementos particulares de acuerdo al caso bajo investigación”.

Para el experto, “debe de haber una unidad que cuente con la autonomía, la independencia de vida, el acuerpamiento por parte de todo el sistema de justicia” De lo contrario, ni los ciudadanos se atreverán a interponer una denuncia, ni tampoco los mismos cuerpos de seguridad del Estado reformarán sus comportamientos.