Tegucigalpa, Honduras.- Unas 37 instituciones del Estado solicitaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) auditorías a administraciones anteriores, por lo que el organismo contralor comenzó a calendarizar las revisiones de acuerdo con su capacidad operativa.
Entre las instituciones que solicitaron las auditorías figuran la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), el Congreso Nacional (CN), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Salud.
El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que las solicitudes tienen como objetivo que el órgano contralor revise la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos durante períodos anteriores, como parte de los mecanismos de fiscalización establecidos en la legislación hondureña.
Además, apuntó que el volumen de solicitudes también obliga al organismo a distribuir las auditorías de manera programada, debido a que no cuenta con la capacidad para desarrollar todas las revisiones de forma simultánea.
"Nosotros hemos estado desarrollando y calendarizado las diferentes tipos de auditoría porque tendríamos que asignar todo el personal o contratar más recursos humanos, pero estamos calendarizando cada una de las auditorías que estamos realizando con apego a las disposiciones legales y garantías constitucionales", explicó.
TSC incorpora las solicitudes a su planificación
Montes detalló que las solicitudes de auditoría se incorporan de manera progresiva al Plan Operativo Anual (POA), instrumento que organiza y distribuye la carga de trabajo de la institución.
"Se han presentado más de 37 solicitudes de auditoría que se van calendarizando y se van incorporando dentro del Plan Operativo Anual, y esto nos va dando las condiciones necesarias para poder desarrollar estas auditorías", manifestó el funcionario.
De esta manera, el TSC deberá establecer el cronograma para cada revisión, tomando en cuenta los recursos humanos y técnicos disponibles para ejecutar las auditorías solicitadas por las instituciones públicas.
Las revisiones abarcarán a dependencias de distintos sectores del Estado, entre ellas instituciones encargadas de la administración de justicia, la persecución penal, la legislación, la infraestructura y la atención sanitaria.
El proceso permitirá al organismo contralor desarrollar las auditorías conforme a las disposiciones legales y las garantías constitucionales, mientras avanza con la programación de las solicitudes recibidas.
