Tegucigalpa, Honduras.- Cada defensor público del área penal en Tegucigalpa atiende entre 60 y 70 expedientes judiciales, una carga de trabajo que plantea el reto de ampliar el número de profesionales para responder a la demanda de asistencia legal a la población.
La directora nacional de la Defensa Pública, Fanny Salinas, explicó a EL HERALDO que el Poder Judicial cuenta con 292 defensores públicos distribuidos en 35 sedes a nivel nacional.
No obstante, la funcionaria señaló que la carga de trabajo de los defensores no se limita a los procesos penales, ya que la Defensa Pública también atiende casos de otras áreas del derecho.
“Recordemos que la defensa pública no solo da el servicio en el área penal, sino que también damos este mismo servicio de representación jurídica en el área de familia civil, violencia doméstica y niña infractora, en donde también contamos con defensores”, apuntó.
Un defensor de carácter público es el abogado encargado de brindar representación y asistencia jurídica a personas que enfrentan un proceso judicial y requieren defensa legal; su labor incluye acompañar al representado durante las distintas etapas del proceso legal, presentar los recursos y actuaciones que correspondan y ejercer su derecho de defensa ante los tribunales.
Presupuesto
La funcionaria indicó que, mientras se resuelve la situación presupuestaria, las autoridades del Poder Judicial trabajan en fortalecer las capacidades de los defensores públicos mediante capacitación y herramientas que permitan desarrollar sus labores de manera más eficiente.
“El nombramiento de defensores públicos siempre será necesario, pero mientras resolvemos esta situación que tiene que ver con el presupuesto, que el Congreso Nacional le asigna al poder judicial, seguimos haciendo nuestro trabajo dotando a los defensores públicos con las herramientas necesarias para que ellos también puedan realizar de forma más eficiente su labor”, manifestó.
Además, la directora de la Defensa Pública también consideró necesario que el Poder Judicial cuente con un incremento presupuestario, debido a las necesidades que enfrentan las instituciones vinculadas con la administración de justicia.
“Consideramos que todo lo que tiene que ver con el tema de administración de justicia, tanto de la óptica del Ministerio Público, como del Poder Judicial y la defensa pública, necesita siempre un mayor presupuesto”, afirmó.
Cabe destacar que, pese a que a nivel internacional la carga de trabajo de los defensores públicos no se establece con una cifra única de expedientes que deba atender cada profesional, los estándares toman en cuenta factores como la complejidad de los casos y el tiempo que requiere cada proceso para garantizar una defensa adecuada.
L500 millones adicionales
No obstante, ante la discusión sobre la necesidad de más recursos, el Poder Judicial prepara una solicitud de incremento presupuestario para el ejercicio fiscal 2027.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, informó que el Poder Judicial solicitará al Estado de Honduras un aumento de 500 millones de lempiras para el próximo ejercicio fiscal.
Vallecillo explicó que los recursos adicionales estarían destinados, entre otros aspectos, a financiar incrementos salariales para los servidores judiciales y proyectos de digitalización dentro del Poder Judicial.
“Estamos solicitando alrededor de 500 millones de lempiras de aumento al presupuesto. Año con año se hace un aumento a todos los servidores judiciales; este año ya se realizó el aumento”, señaló.
El magistrado también reconoció las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial para crear nuevas estructuras jurisdiccionales.
“Todo lo que significa crear nuevas estructuras de carácter jurisdiccional implica presupuesto para el Poder Judicial, presupuesto que no se tiene; sabemos la precariedad en que se han manejado los presupuestos en los últimos años; todavía persiste”, finalizó.
