Así movieron diputados y exdiputados millonarias ayudas hacia estructuras de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Candidatos, dirigentes y otros integrantes de Libertad y Refundación (Libre) aparecen entre los receptores de ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados del partido, mientras personas incluidas en registros oficiales aseguran que entregaron sus documentos para recibir beneficios que nunca llegaron.

Las irregularidades aparecen en un universo de casi 224 millones de lempiras gestionados ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entre 2023 y 2024 para becas, cupones de alimentos, obras sociales e infraestructura menor.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus comprobó que parte de esas ayudas quedó vinculada a estructuras de Libre y que personas registradas como beneficiarias aseguran que nunca recibieron los recursos. El hallazgo se obtuvo mediante el cruce de información electoral, partidaria y pública, además de llamadas a personas incluidas en los expedientes de Francisco Morazán y Cortés.

Las llamadas revelaron otro patrón: la entrega de datos personales bajo promesas de ayuda. En la mayoría de las comunicaciones atendidas, las personas aseguraron que políticos o personas vinculadas a estas gestiones les solicitaron sus documentos para recibir alimentos, ropa u otros beneficios que, según afirmaron, nunca llegaron.

“Me vinieron a pedir mi identidad para darme ayudas en alimentos y ropa, pero nunca llegó”, relató una de las personas contactadas.

Otra aseguró que “nos metían en listados para darnos sacos de comida y nunca dieron nada”. Una tercera recordó: “Llegaban en campaña uno que otro político pidiendo nuestros documentos para darnos ayudas. Se los dimos por la necesidad, pero nada”.

Los datos fueron entregados por Sedesol mediante la solicitud de información SOL-SEDESOL-599-2026. En los registros se identifica al congresista que gestionó cada ayuda, el solicitante o beneficiario, el monto, la modalidad y el territorio.

A partir de esos registros se construyó una matriz de trazabilidad y se contrastaron los nombres con candidaturas y planillas electorales de 2025, estructuras partidarias, registros de funcionarios, documentos mercantiles y contrataciones públicas.

De los casi 224 millones de lempiras analizados, unos 110 millones correspondieron a becas; más de 78 millones a cupones de alimentos; cerca de 30 millones a obras sociales y casi 6 millones a infraestructura menor.

La distribución de las ayudas muestra además una fuerte concentración territorial. Francisco Morazán absorbió cerca de un tercio de los recursos con ubicación identificada.

El mecanismo tuvo su origen en el Presupuesto General de 2023. El artículo 292 del Decreto 157-2022 habilitó hasta 950 millones de lempiras para financiar infraestructura menor, obras sociales y becas a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua y cajas rurales, entre otros.

Los congresistas actuaban como intermediarios: recibían solicitudes y las canalizaban hacia instituciones del Estado. En el universo analizado, Sedesol administró las ayudas y, en el caso de las becas, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) funcionó como intermediario para efectuar los pagos a estudiantes. La documentación de liquidación generada por el banco debía ser remitida posteriormente a Sedesol.

Ese esquema colocó a los congresistas en una función distinta de su labor legislativa: además de aprobar el presupuesto y las normas que regulaban el gasto público, participaron en la canalización de solicitudes para distribuir beneficios financiados con recursos del Estado.

La concentración también se produjo entre quienes gestionaron las ayudas. Solo 15 diputados y exdiputados reunieron más de la mitad de los fondos analizados.

La resolución 424-2023 de la Secretaría de Finanzas estableció que Sedesol tenía la obligación de liquidar los fondos aprobados y recibidos bajo esa resolución, al ser la institución ejecutora del gasto. Una vez ejecutados, debía presentar el informe de liquidación ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y remitir copias a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional.

Por otra parte, la documentación analizada para esta investigación no permite acreditar, caso por caso, que todas las ayudas registradas hayan sido efectivamente entregadas. En los documentos revisados no aparece una liquidación que cierre individualmente la ruta desde el recurso gestionado hasta cada receptor.

El escándalo por el manejo de fondos de Sedesol estalló en junio de 2025. Investigaciones de este medio documentaron entonces ayudas gestionadas por la exdiputada Isis Cuéllar que llegaron a personas de su entorno político. Esta investigación amplía ese rastro con otros gestores y conexiones partidarias.

El pasado 2 de septiembre, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó “Diputados Solidarios”, un informe que documentó el manejo de más de 1,837 millones de lempiras en ayudas sociales canalizadas por diputados a través de varias instituciones del Estado.

ASJ encontró problemas de transparencia y rendición de cuentas, además de dificultades para rastrear la liquidación de los recursos. Sus hallazgos coinciden con irregularidades comprobadas por EL HERALDO Plus.

Santa Bárbara concentra tres de los casos identificados. El diputado Edgardo Casaña y la entonces diputada suplente Ivin Yaneth Fonseca gestionaron al menos 900 mil lempiras en ayudas solicitadas por dos personas que habían ocupado cargos municipales y públicos en el departamento.

Casaña gestionó 100 mil lempiras en cupones de alimentos solicitados por Yinier Alexander Paz Fernández, entonces regidor de Gualala y subdirector de la Unidad de Servicios Educativos de Santa Bárbara. En el mismo municipio, Fonseca gestionó otros 800 mil lempiras solicitados por Walter Rony Sabillón Pineda, exregidor de Gualala y vinculado a las estructuras políticas de Libre.

El tercer caso en Santa Bárbara corresponde a Melvin Mauricio Pineda Enamorado, entonces regidor de Libre en Ceguaca y posteriormente precandidato a diputado en las primarias de 2025. El 16 de diciembre de 2024 solicitó 700 certificados de alimentos, equivalentes a 700 mil lempiras, bajo una gestión atribuida a la diputada Luz Angélica Smith. Sin embargo, Pineda firmó la solicitud como presidente del Patronato San Juan.

Los vínculos identificados no se limitaron a autoridades municipales. El 25 de noviembre de 2024, Carlos Javier Rojas Jiménez, quien aparece en registros públicos como empleado de la Secretaría de Finanzas, solicitó mil cestas navideñas para familias de escasos recursos. La gestión, registrada por 975 mil lempiras, fue atribuida al exdiputado de Libre Jari Dixon Herrera. Rojas firmó como presidente del Patronato Promejoramiento de La Felicidad, en Francisco Morazán.

El mismo patrón aparece entre autoridades municipales de otros departamentos. En Lempira, el alcalde de Virginia por Libre, Francisco Dariel Argueta Cuéllar, solicitó el 3 de diciembre de 2024 un millón de lempiras en ayudas: mil certificados de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), valorados en mil lempiras cada uno., valorados en mil lempiras cada uno. Los recursos fueron gestionados por el diputado Selvin Morales.

En Tocoa, Colón, Joaquín Edilberto Urbina, exintegrante de la Corporación Municipal y vinculado a Libre, solicitó un millón de lempiras en bonos de Banasupro el 1 de diciembre de 2024. La ayuda fue gestionada por el diputado Pablo Ramón Soto Bonilla.

Uno de los vínculos más directos aparece en Atlántida: el diputado Óscar Montoya gestionó un millón de lempiras en cupones de alimentos solicitados por su hermano, Gabriel Eduardo Montoya Rodezno, para familias de Vistas de Satuye, colonia Perú y Río María, en La Ceiba. Gabriel figuró como delegado organizacional suplente de Libre entre 2021 y 2025 y firmó la solicitud como presidente de la junta de agua de Vistas de Satuye.

La gestión de cupones, además, aumentó considerablemente entre ambos años. Pasó de aproximadamente 25 millones de lempiras en 2023 a casi 54 millones en 2024. Cerca de 40 diputados y exdiputados aparecen vinculados a su gestión.

Una fuente que conoció directamente la distribución de estas ayudas relató bajo condición de confidencialidad que, en algunos casos, los cupones eran llevados a concentraciones políticas de Libre. En esas actividades, colaboradores de estructuras territoriales solicitaban las tarjetas de identidad de los asistentes, registraban sus datos y entregaban canastas o cupones canjeables por alimentos.

Las becas muestran otra dimensión del mecanismo. Entre 2023 y 2024 sumaron alrededor de 110 millones de lempiras y al menos 26 congresistas que gestionaron cupones también aparecen como gestores de becas.

Para el abogado penalista Luis Romero, los hallazgos ameritan una investigación del Ministerio Público (MP) que determine el destino final de los recursos y si las ayudas cumplieron el propósito para el que fueron aprobadas.

“La Fiscalía tiene una gran responsabilidad de terminar de investigar este caso en Sedesol. Son millones de lempiras de los que se debe determinar cuál fue su destino y para qué fueron utilizados. De esta investigación podrían derivarse responsabilidades por distintos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos y hechos de corrupción”, sostuvo Romero.

Uno de los casos de obras sociales conduce a Germán Gerardo Gonzales Matute, quien recibió 98 mil lempiras para un emprendimiento de repostería en Tegucigalpa que no fue localizado durante verificaciones de campo realizadas en 2025.

Los nuevos registros permitieron establecer quién estuvo detrás de esa gestión: el entonces diputado Juan Barahona tramitó la ayuda ante Sedesol.

Gonzales Matute figuró posteriormente como responsable financiero de la Fuerza de Refundación Popular (FRP) en las primarias de 2025. Una fuente conocedora de esa estructura lo identifica además como colaborador cercano del exdiputado Andrés Castro Turcios, con participación en la coordinación de activistas y logística de campaña.

El vínculo con el FRP conduce también a Castro, quien dirigía esa corriente en Francisco Morazán. Durante 2023 gestionó más de 2 millones de lempiras en obras sociales.

Las obras sociales constituyeron un rubro de casi 30 millones de lempiras para 2,128 ayudas bajo la gestión de 29 congresistas y excongresistas de Libre. Isis Cuéllar concentró más de 5 millones de lempiras; Allan Cárcamo, más de 4 millones; Bartolo Fuentes, más de 2 millones; y Andrés Castro, más de 2 millones.

Para Carlos Hernández, presidente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los casos de personas registradas que niegan haber recibido las ayudas van más allá de una deficiencia administrativa.

“Se inventan listas de beneficiados, listas de beneficios que nunca otorgan. ¿Por qué? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo se le llama si viene, se inventa una lista, saca el dinero y al final no lo entrega? Se lo roba”, cuestionó Hernández.

Hernández también calificó el uso político de estas ayudas como parte de una “red clientelar” financiada con recursos públicos. “Qué bonito reelegirse cuando tenés una maquinaria y tenés para pagar. Eso fue lo que se hizo con los bonos de Banasupro, de Banadesa: justamente pagar toda esa red clientelar. ¿Cómo va a avanzar el país de esa forma?”, afirmó.

Los hallazgos muestran cómo el riesgo de clientelismo se materializó en casos concretos. De los casi 224 millones de lempiras analizados por EL HERALDO Plus, al menos 6.2 millones fueron gestionados para los casos expuestos en esta investigación, que incluyen ayudas solicitadas o recibidas por precandidatos, alcaldes, regidores, funcionarios, dirigentes, activistas y otras personas vinculadas a estructuras de Libre.

La cifra representa únicamente los casos que este equipo logró identificar, documentar y contrastar dentro del universo analizado, por lo que no permite establecer si otros recursos siguieron rutas similares. Determinar el destino de la totalidad de los fondos y establecer eventuales responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y, como señaló el abogado Luis Romero, a las diligencias que realice el MP.