Junta de Comandantes y órganos de control de FF AA facilitaron abusos de Roosevelt

Tegucigalpa, Honduras.- Los abusos perpetrados por Roosevelt Leonel Hernández como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), que atentaron contra la libertad de expresión, vulneraron derechos fundamentales y comprometieron el proceso electoral, contaron con la mirada cómplice, pasiva y encubridora de los órganos de control interno del ente castrense.

Internamente, las FF AA cuentan con mecanismos establecidos dentro de su Ley Constitutiva, como lo son el Estado Mayor, la Junta de Comandantes, la inspectoría general y el auditor jurídico militar que pudieron intervenir ante las acciones del jefe militar, pero no hicieron nada para frenar sus arbitrariedades.

Militares retirados y activos son del criterio de que los oficiales que ocuparon los cargos de estas instancias, algunos aún parte de la institución militar, también deben responder ante la justicia por los desmanes de Roosevelt Hernández, quien recibió auto de formal procesamiento en los tribunales de justicia.

La Junta de Comandantes que acompañó al polémico exjefe castrense estuvo integrada por el general de brigada Hosban René Barahona Alvarado, quien en ese entonces era subjefe del Estado Mayor Conjunto, y los comandantes del Ejército, Héctor Valerio Ardón; de la Fuerza Aérea, Guillermo Augusto Rosales Rubio y el de la naval, Austacil Hagarín Tomé Flores.

Además, el general de brigada Dagoberto Moncada Zelaya estaba como inspector y el coronel Max Alonso Hernández Marcía como auditor jurídico militar. A lo interno del Estado Mayor se señala que algunos de estos jefes militares se vieron expuestos a un trato injusto y poco acorde con su investidura.

De acuerdo con un coronel activo, que pidió el anonimato por temor a represalias dentro de las FF AA, el Estado Mayor Conjunto, como órgano asesor, debía haber alertado sobre las consecuencias de violentar la Constitución, las garantías individuales y el proceso electoral de 2025 al ver el autoritarismo del jefe castrense, no obstante no lo hizo.

Para el general en retiro, Luis Alonzo Maldonado Galeas, la Junta de Comandantes puede actuar como un tribunal de alzada, porque "sin ser tribunal en el marco de la justicia militar, por su naturaleza se puede constituir en un tribunal para tomar decisiones que sean sometidas a su competencia”.

“Y si ellos al tomar posesión de su cargo juraron cumplir con la Constitución, las leyes y también defender la bandera nacional y todo eso que militarmente nosotros estilamos, entonces tienen la responsabilidad de frenar cualquier impulso, intención o acción que llevar a cabo el jefe del Estado Mayor y que constituya violación a la Constitución y las leyes”, aseguró.

Otra instancia es la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. "Una de las responsabilidades básicas del Inspector General es garantizar el cumplimiento de la ley, de la Constitución y las leyes de las Fuerzas Armadas, reglamentos, códigos, entre otros. Él no debe ver grados, cargos, incluso hasta el ministro de Defensa está en observación del inspector general porque es de las Fuerzas Armadas, no es del jefe del Estado Mayor Conjunto", dijo.

A su criterio, "si el inspector miraba que Roosevelt se estaba saliendo de la normativa, él en su momento debió haber elaborado el informe correspondiente y elevarlo a la misma jefatura del Estado Mayor Conjunto, aunque el jefe del Estado Mayor Conjunto sea el increpado. Lo eleva y allá el jefe tiene que tomar las decisiones”.

Pero también, prosiguió, estaba la figura del auditor jurídico militar, que es el encargado de impartir la justicia al interior de las Fuerzas Armadas. “Y si el caso de la acción que lleva a cabo el jefe del Estado Mayor cae en una violación a la Constitución y las leyes, entonces la auditoría jurídica militar toma acciones”, puntualizó.

Maldonado Galeas comentó que esas tres instancias son el equilibrio de carácter organizacional en las Fuerzas Armadas para manejar las situaciones de forma legal y conveniente.

El artículo 34, numeral 3 de la Ley Constitutiva de las FF AA dice que el auditor jurídico militar debe asesorar a la jefatura del Estado Mayor Conjunto; mientras que el artículo 55 establece que la Inspectoría General evaluará y supervisará el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos, órdenes, directivas e instrucciones del alto mando y llevará a cabo investigaciones de oficio o por órdenes de autoridad competente.

Sobre la inoperancia de los entes internos, Maldonado Gales explicó que "lo que sucede en las Fuerzas Armadas es que hay un problema promocional en la asignación de los cargos. Por ejemplo, en la administración de Hernández, el subjefe y el inspector general, que son tres en la Junta de Comandantes, eran de la promoción de él. Entonces se vuelven leales, y por compañerismo se hacen los desentendidos".

Por otro lado, los otros miembros de la Junta de Comandantes, “me refiero al comandante del Ejército, Fuerza Aérea, Naval, no se atreven a introducir una iniciativa al interior de la Junta de Comandantes para tomar decisiones al respecto”.

"Entonces también tenemos un problema interno en donde el mando superior se asigna por si pertenece o no a la promoción del cual es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces, hay una especie de complicidad tipificada por el silencio", manifestó.

Explicó que no se trata de apoyar la acción, pero que no se vio a alguien decir: "Bueno, soy el subjefe del Estado Mayor Conjunto, lamento la actitud de mi jefe, he platicado con él, vamos a someter esto a la Junta de Comandantes, o algo así".

Esa actitud es la que “nos hace falta avanzar a nosotros en cuanto al comportamiento institucional y esto no puede apreciar, sucede en todos los estamentos de la vida nacional, pero en las Fuerzas Armadas es grave en el sentido que no se presenta el contrapeso correspondiente”, lamentó el general en retiro.

Un criterio similar expuso Isaías Barahona, también general retirado y exjefe de las FF AA, al expresar que los otros miembros de la Junta de Comandantes debían decirle a Roosevelt que no estaba actuando correctamente, que su conducta no era apropiada, pero no actuaron.

También se refirió a lo que dice la normativa sobre la comandante general de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Xiomara Castro, pues "el artículo 245 de la Constitución, numeral 37, dice que él o ella debe velar, no dice que si quiere, dice que velará por que las Fuerzas Armadas sean obedientes, apolíticas, profesionales y no deliberantes".

O sea que, cuando vea una conducta impropia de un jefe del Estado Mayor, inmediatamente debe proceder a corregir, pero en el caso en discusión “la relación era total, lo he dicho varias veces; desde la Presidencia de la República se patrocinó, exigió y promovió y el otro siguió la línea y todos cometieron el mismo delito”.

Asimismo, hay un inspector y un auditor, que eran subordinados de él, pero tenían responsabilidad con la ley. "Al ver que dentro de las
FF AA había actuaciones fuera de orden tenían la responsabilidad de pasarle un escrito al jefe del Estado mayor Conjunto y decirles a esas actuaciones están fuera de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de la ley constitutiva", cuestionó Barahona.

Sin embargo, estos mecanismos no funcionaron con Roosevelt porque los encargados “estaban intimidados, así de simple”. Para evitar ese amedrentamiento, en esos cargos deben ponerse gente con carácter “que puedan decir, eso no lo aceptamos porque está malo, no lo podemos cumplir eso”.

"Incluyendo el mismo jefe del Estado Mayor debía decir: eso no lo puedo hacer porque está fuera de la ley, es ilegal. Pero cuando aceptó porque le gustaba también se llevó a la Junta de Comandantes y esta no tuvo el carácter de decirle que no, o tal vez estaban de acuerdo. Aparentemente también hubo una colusión. Si usted está en un puesto y no levanta la mano cuando algo no está bien, entonces se vuelve cómplice o forma parte de una colusión, explicó.

El exjefe militar, también criticó la concentración del poder político porque en el caso de Roosevelt Hernández, el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como el Ministerio Público, instituciones externas, manejadas por un mismo partido político, no hicieron absolutamente nada para detener las arbitrariedades de Roosevelt Hernández.

Cuando los organismos externos no responden para detener los abusos de un jefe castrense, "entonces los militares quedan atrapados en una burbuja de impunidad. Y se pueden oponer, de hecho, eso ha ocurrido ya en otros momentos, pero también corren el riesgo de ser sancionados y expulsados, eliminados del sistema", deploró Barahona.