L13 millones costará Comisión de Gestión que llegó a profundizar crisis en Unag
Las actas de la Comisión de Gestión de la Unag evidencian decisiones al margen de la ley y del Estatuto universitario para nombrar cargos directivos sin seguir los procedimientos regulares
- Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 12:29
Tegucigalpa, Honduras.- En una reciente reformulación presupuestaria, el Congreso Nacional ordenó a la Secretaría de Finanzas identificar 13 millones de lempiras para el funcionamiento de la Comisión de Gestión nombrada en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) ubicada en Catacamas, Olancho, así como cinco millones como para el pago de los comisionados que la integran.
El miércoles 5 de agosto de 2026, el Poder Legislativo le dio visto bueno a un conjunto de reformas a las disposiciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2026. En ellas se establece una asignación de 13 millones de lempiras para la Comisión de Gestión, la cual, en votaciones de tres contra dos, lejos de resolver la crisis administrativa, más bien llegó a profundizarla.
Este grupo de trabajo para asumir el máximo control administrativo de la universidad fue creado mediante el Decreto Legislativo número 9-2026, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 37,069 el 13 de febrero de 2026, con un mandato temporal de 12 meses.
Los miembros de este equipo interventor son: Javier David López Padilla (quien la preside, designado por el Consejo de Educación Superior, CES), Ramón Cárcamo Rivera, Olvin Rigoberto Álvarez Rodríguez, Luis Alberto Mejía Cálix y Ernesto Guillermo Cornejo Ortiz. Los cinco fueron juramentados el 18 de febrero de 2026.
La gestión de estos comisionados que ya tienen seis meses trabajando sin remuneración y sin un contrato laboral que respalde su asignación legislativa actualmente es muy cuestionada por sus resultados.
Al día de hoy, ellos desconocen el monto y la fecha en que recibirán sus honorarios por su cuestionada labor, ya que la Secretaría de Finanzas aún debe identificar los 13 millones asignados para la operatividad de la comisión.
Abusos de comisionados
Las actas de las sesiones de esta comisión muestran cómo el abuso de autoridad se impone sobre la legalidad al hacer a un lado el Estatuto de la universidad y su reglamento con el fin de emplear militantes políticos o favorecer a docentes y empleados de la Unag, que son parte de los clanes familiares que históricamente han mantenido la anarquía en esa institución, como reveló la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.
Entre las acciones de la Comisión de Gestión al margen de la legalidad está la elección del vicerrector académico Mario Edgardo Talavera Sevilla —actualmente bajo análisis del CES—, la elección del vicerrector de asuntos estudiantiles René Gómez y también el nombramiento de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), actualmente impugnada.
En las actas de las sesiones cinco y siete puede verse cómo los comisionados Cárcamo Rivera —quien tiene varias denuncias en el Ministerio Público—, Álvarez Rodríguez —empleado de la Unag— y Mejía Cálix imponen sus acuerdos ante los comisionados y abogados López Padilla y Cornejo Ortiz.
La división en la Comisión de Gestión es tal que al comisionado Cornejo Ortiz, por denunciar las arbitrariedades que cometen sus compañeros, le restringieron el uso del vehículo que era lo único que tenía para viajar, mientras que a su conductor asignado lo trasladaron a otra sección de la Unag a pesar de haber estado a disposición por muchos años a las comisiones interventoras y a la Junta de Dirección Universitaria, conocidó EL HERALDO Plus.
Ante estos hechos, la Unag planea corregir las irregularidades con otras acciones cuestionables: en el campus universitario ya se maneja que la rectoría estaría llamando próximamente a un concurso público de méritos para que la JDU lave el nombramiento de Talavera como vicerrector y, así, pueda ser reconocido a nivel del CES, ente liderado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La asignación de 13 millones de lempiras aprobada por el Legislativo para financiar a la Comisión de Gestión evidencia un gasto millonario que, lejos de solucionar la ingobernabilidad administrativa, ha profundizado la crisis institucional ya que, lejos de cumplir un rol mediador, tres comisionados han incurrido en abusos de autoridad al realizar nombramientos al margen de la legalidad.
