Valle de Ángeles
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Tegucigalpa, Honduras.- La disputa por el control del dinero abrió un nuevo frente en la crisis de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag): la gerente administrativa Iris López fue destituida porque bloqueaba la contratación del cuñado del rector universitario Roy Menjívar al frente de un proyecto que manejará más de 400 millones de lempiras en construcción de obras.
A la profundización de esta anarquía administrativa se suman los nuevos nombramientos arbitrarios por parte de la Comisión de Gestión, la cual, lejos de resolver la problemática universitaria, más bien la profundizó al ejecutar acciones al margen de la ley, convirtiendo la casa de estudios agrícolas en un centro de empleo para la militancia del partido en el poder.
La obstinación de Menjívar de colocar a su familiar en el Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social Formativo e Investigativo (Prodesofi) en el centro universitario, con sede en Catacamas, Olancho, es visto con preocupación por docentes y personas cercanas al rector que saben que él actualmente atraviesa una difícil situación financiera personal.
Según fuentes universitarias que conocen la crisis que dialogaron con la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, la gerente administrativa le advirtió al rector sobre los riesgos de cometer una ilegalidad si colocaba a su cuñado Mauricio Alberto Moreno al frente de Prodesofi.
No obstante, Menjívar ignoró la advertencia y el 23 de junio, mediante oficio R-UNAG-395-2026, le comunicó que él era el coordinador de tal proyecto y que bajo su responsabilidad quedaban los procesos técnicos, administrativos, financieros y operativos.
Este conflicto administrativo es ampliamente conocido a lo interno de la universidad, sobre todo cuando se señala que López era una persona de confianza de Menjívar; pero, al ser nombrada en el cargo de gerente administrativo, no acató la orden de nombrar a su pariente como coordinador de Prodesofi, lo que desató el enojo del titular de la Unag.
EL HERALDO Plus conoció que, ante el empecinamiento del rector, la confrontación pasó de lo verbal a lo escrito. El 25 de junio, la entonces gerente administrativa, de profesión abogada, notificó por escrito a Menjívar que esa orden no podía cumplirla porque podría generar un conflicto de interés y afectar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad, los cuales deben regir la buena administración de la universidad.
López también aclaró que es de conocimiento colectivo que Moreno mantiene un vínculo de parentesco por afinidad con su autoridad, específicamente en calidad de cuñado, situación que podría constituir una causa de impedimento para intervenir en decisiones administrativas relacionadas con la selección, contratación, supervisión o cualquier actuación vinculada al proyecto mencionado.
Asimismo, le expuso los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Contratación del Estado y la normativa interna de la Unag; basado en esa normativa, López le pidió seleccionar a una persona que no tuviera conflicto de interés.
En lugar atender las observaciones, el rector solicitó el 14 de julio a la Comisión de Gestión que destituyera a López como gerente administrativa.
En su solicitud, Menjívar calificó a la entonces gerente administrativa como una profesional incompetente. Durante el ejercicio de sus funciones, la entonces gerente administrativo financiero “ha incurrido de manera reiterada en el incumplimiento de instrucciones impartidas por la rectoría”, escribió Menjívar en la petición, según conoció EL HERALDO Plus.
Además, el rector calificó a López como una profesional incapaz de trabajar en equipo, deficiente en la conducción de los procesos de contratación pública y falta de gestión oportuna para garantizar el abastecimiento de alimentos para animales.
El mismo día, 14 de julio, el rector envió al presidente de la Comisión de Gestión, Javier David López, un oficio para que se nombrara como nuevo gerente administrativo a Arturo Alexis Rivera, situación que se le trasladó a la impugnada Junta de Dirección Universitaria (JDU).
De esta forma, tras la destitución de López y el nombramiento en la gerencia administrativa financiera a Arturo Alexis Rivera —primo del político nacionalista olanchano Reinaldo Sánchez—, el rector logró al final imponer a su cuñado Mauricio Alberto Moreno como coordinador de Prodesofi, el cual, según el presupuesto general de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, tiene una asignación de 407.5 millones de lempiras.
De esta manera, un nuevo clan familiar controla otra vez la universidad. Entre la parentela del rector incrustada en la Unag, desde hace años, aparece su hermana Denia Lucila Menjívar y el esposo de ella, Mauricio Alberto Moreno, ambos ahora con más poder de decisión dentro de la universidad, según la versión de ciertos docentes.
En este centro educativo también trabaja su sobrino Olvin Rosales Menjívar, su sobrina Dayana Menjívar y el esposo de ella, Jorge Armando Escobar.
Una vez que la gerente administrativa fue separada del cargo, el hermano del rector, Carlos Menjívar, apareció como contratista en labores de fumigación en la universidad. Otro pariente del titular de la universidad es Andrés Murillo.
Menjívar negó a EL HERALDO Plus que él haya solicitado la destitución de la administradora porque no cedió a su pretensión de colocar a su cuñado al frente de Prodesofi.
“Ese tema de mi cuñado, fue ella —la gerente administrativa— quien lo propuso para que coordinara el proyecto, porque él lo conoce y, es más, él fue el que lo metió a Finanzas y fue aprobado”, dijo.
Sin embargo, ella dijo después que no se podía a razón de su parentela. Entonces, "le dije se quita y ya", relató. Además, sostuvo que destituyó a López porque estaba en "un puesto de confianza y cuando uno pierde la confianza, pues sí, toca".
“Ella tenía dificultad de trabajar un poco en equipo, algunos procesos no se estaban haciendo como debían, se generó algunos retrasos que me provocaron pérdidas en la parte productiva para empezar. Entonces, tenía mucho temor en la toma de decisiones, más que todo”, justificó.
El rector amplió que "hay un proceso en la Ley de Contratación del Estado que nos manda a licitaciones. Ese proceso para nosotros es un poco complicado considerando las compras para alimentación de los estudiantes y de los animales. Entonces, logramos que Finanzas nos publique en la Gaceta un artículo en donde nos permite hacer compras directas”.
Sobre si detrás del control de los fondos universitarios estaría también su crisis financiera personal, como diversas fuentes de la Unag indicaron a EL HERALDO Plus, Menjívar respondió: “No, no es cierto. Gracias a Dios”. Luego, el rector agregó: “Algo que sí me ha enseñado la vida y mis padres es que uno se estira hasta donde da la cobija”.
Acerca de su parentela en cargos de la universidad, justificó que este personal ya estaba nombrado desde antes que él llegara a la rectoría.
Como el Estatuto establece claramente que no pueden ocupar cargos de autoridad en la universidad quienes tengan parientes al frente de direcciones, los familiares de Menjívar presentaron sus renuncias durante el proceso para que él pudiera optar al cargo de rector. Sin embargo, una fuente relató a EL HERALDO Plus que salieron de “mentiritas” de las direcciones que encabezaban.
Su hermana Lucila, por ejemplo, ocupaba un cargo de dirección; el esposo de ella, Mauricio Alberto Moreno, era director de Proyectos, y su sobrino Olvin, director de Admisiones. Una vez que Menjívar obtuvo el cargo de rector, sus familiares regresaron a esas direcciones, donde, además de su salario, reciben un plus de 5,000 lempiras.
Por otro lado, Menjívar negó que haya firmado un nuevo convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que la Unag acceda a bienes incautados al crimen organizado, como se maneja a nivel de la universidad tras que sostuviera una reunión con Jorge Cálix, titular del ente administrador.
En 2017, el Consejo de Educación Superior (CES) emitió una resolución que prohíbe a las universidades firmar acuerdos con esa entidad.
“No hemos firmado convenio, yo fui allá a preguntar porque sí tuvimos un convenio que se venció en el 2016 y tenemos un montón de vehículos chatarra, por eso el caso se mantiene abierto. Yo andaba buscando cómo cerrar todas esas cosas porque en su momento la universidad se vio involucrada en situaciones un poco complicadas”, declaró.
Sin embargo, el rector se contradijo en su versión, porque amplió que “fuimos allá e hicimos consulta si tenían recursos ya judicializados que pudiera la universidad acceder”.
Una publicación de la OABI en redes sociales indica que en la reunión "renovamos con orgullo el convenio de cooperación entre la Oficina Administradora de Bienes Incautados y la Universidad Nacional de Agricultura".
En la Unag es evidente que las acciones de la Comisión de Gestión nombrada por el Congreso Nacional únicamente han profundizado una crisis generada por la disputa del control de la universidad entre clanes familiares insertados en ella, que responden a los políticos del departamento.
Los últimos nombramientos ejecutados al margen de la normativa interna por parte de la Comisión de Gestión, la cual ha colocado a personal sin cumplir requisitos, pone en duda el verdadero papel del grupo de trabajo y apoyo nombrada por el Poder Legislativo.
Estas acciones incluyen la vulneración de la meritocracia, la violación a las prohibiciones por parentesco y la reclasificación docente a favor hasta de uno de sus propios miembros, colocando en riesgo la legalidad institucional.
Así como las arbitrariedades en la parte administrativa pretenden manejarse de manera silenciosa, igual ocurre con los nombramientos sin seguir la normativa interna de la universidad realizada por tres miembros de la Comisión de Gestión.
El 16 de abril de 2026, la Comisión de Gestión tras aceptar la renuncia del rector académico, Orlando David Murillo, nombró en su lugar, sin seguir la normativa interna de la Unag, a Mario Edgardo Talavera Sevilla.
Esta designación actualmente está en conocimiento del CES ya que la firma de Talavera coloca en riesgo la validez de los títulos de los egresados, ya que al ser rubricados por el cuestionado vicerrector podrían tener consecuencias de anulación.
De igual manera, en la sesión del 14 de mayo, la Comisión de Gestión conoció la renuncia de Javier Antonio Reyes Luna, vicerrector de Vida Estudiantil. En su puesto, otra vez irrespetando el Estatuto de la Unag, la comisión impuso interinamente a René Amílcar Gómez, quien tampoco cumplió con los requisitos para optar a ese cargo, según los votos razonados de los comisionados Javier López y Ernesto Cornejo.
“Aprobar un nombramiento sin constancia documental del procedimiento específico equivale a vulnerar la meritocracia institucional”, sostuvo el comisionado López, señalando que el candidato no reunía los requisitos de profesor titular III ni existía evidencia de concurso público.
Entre tanto, Cornejo hizo ver que el nombramiento de Gómez contraviene la prohibición por parentesco, ya que su hermana, Danuvia Gómez, ocupa el cargo de directora de Servicio Estudiantil. Asimismo, se opusieron al nombramiento de Ivonne Paulette Zelaya Bustillo en la gerencia de Producción y Comercialización, ya que este puesto también debe someterse a un concurso público de méritos.
En la misma sesión del 14 de mayo, la comisión dio por aprobada por unanimidad de los presentes la propuesta de la rectoría para la reclasificación y categorización docente del personal administrativo.
Entre los beneficiarios destaca el nombre de Olvin Rigoberto Álvarez, quien también es miembro de la Comisión de Gestión. A pesar de saber que en la toma de esa decisión debía abstenerse de participar, por ser juez y parte, Álvarez no lo hizo. De igual manera, en la misma sesión se pasó de bibliotecario a docente a Héctor Orlando Navarro Gómez, hijo de Danuvia Gómez.
Sobre la crisis administrativa en la Unag, donde reina el abuso de autoridad, el nepotismo y el conflicto de intereses, las autoridades del CES, dirigidas por Odir Fernández como rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), guardan silencio. Cabe destacar que en el 2022, Fernández fue presidente de la segunda comisión de intervención de la Unag, donde los réditos fueron más personales que de beneficio para la institución agrícola.