Irregularidades, aumentos y opacidad: Comisión de Gestión hunde a la Unag en crisis

Tegucigalpa, Honduras.- Lejos de restablecer el orden en la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), las medidas de la Comisión de Gestión y de las nuevas autoridades universitarias electas solo han profundizado la politización, la ingobernabilidad y la crisis administrativa en dicho centro de educación superior, convirtiéndolo nuevamente en botín de guerra para los políticos de turno.

La comisión, designada por el decreto legislativo 37-2026, está presidida por Javier David López Padilla. También la integran Ramón Cárcamo Rivera, Olvin Rigoberto Álvarez Rodríguez, Luis Mejía Cálix y Ernesto Guillermo Cornejo Ortiz.

“Dos somos abogados, pero hay tres políticos que están a favor del gobierno de turno que todo lo que les manda lo aprueban”, declaró el comisionado Cornejo. Este denunció que las decisiones importantes se imponen por mayoría simple sin tener en cuenta criterios técnicos o legales.

Cornejo recordó que una de las obligaciones de la comisión es impulsar las auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque en la universidad no se han realizado auditorías completas desde 2009.

Otra responsabilidad es regular la administración de todos los bienes de la universidad, lo que implica “decisiones como ordenar la cuestión del personal, los ascensos, la cuestión de los plus que se dan en la universidad”.

Sin embargo, desde su inicio en febrero reciente, la gestión de la comisión ha estado marcada por irregularidades, como el cuestionable nombramiento del rector Roy Menjívar, a quien de inmediato le aprobaron un plus salarial de 20,000 lempiras.

EL HERALDO Plus constató en el portal de transparencia de la Unag, en la sección de remuneración de empleados, que el salario bruto para el cargo de rector aumentó de 71,300 lempiras a 87,800 lempiras.

Además, el comisionado confirmó la marcada politización de la comisión y el abuso de autoridad dentro del grupo de trabajo. Al desconocer la legislación administrativa, el Estatuto y el reglamento de la Unag, han realizado procesos al margen de la legalidad. Estos procesos no solo están estancados en el Consejo de Educación Superior (CES), sino que también invalidan los títulos de los últimos egresados.

Cornejo explicó que el nombramiento de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), tras un proceso de selección plagado de errores de procedimiento, fue impugnado por el participante Esaú Arias, quien llegó hasta la final del proceso de concurso, pero la comisión no quiso evaluarlo, a pesar de que tenía ese derecho.

Aunque hubo un buen inicio para elegir a los miembros de la JDU, se llamó a concurso público y se elaboraron las bases, a la hora de seleccionar a los miembros se cometieron errores de procedimiento.

"Nosotros se lo hicimos ver a la comisión, pero apurados por colocar a los políticos de turno en esa comisión se cometieron errores de procedimiento porque a los que no salieron y a los que creyeron y participaron en el proceso ni siquiera se les notificó. No hubo una resolución, no están ni siquiera firmadas las actas y la JDU fue juramentada por el presidente y el secretario", externó.

"Eso fue una ligereza por tener el control de la universidad —amplió—, porque realmente la JDU es el órgano principal de administración y de dirección de la universidad y por tener rápido ese control cometieron esa ligereza. Hoy está impugnado todo el proceso pidiendo nulidad de todo lo accionado por uno de los afectados con justa y razón legal".

Otro de los puntos más cuestionados es el nombramiento del vicerrector académico, Mario Edgardo Talavera Sevilla. El comisionado denunció que se violó el estatuto y reglamento interno, ya que el funcionario no se sometió al concurso público de méritos exigido por ley.

“El vicerrector académico actualmente no cumple porque no fue nombrado con base en concurso público de mérito; simplemente nos presentó un curriculum que cumple con lo que el rector quiere que sea del partido del partido de turno y ese no es requisito”, denunció Cornejo.

En ese nombramiento “por lo menos yo no di mi voto, ni lo dio tampoco el presidente de la comisión porque a nosotros nos interesa que todo se haga con base en la legalidad”. Este proceso no ha sido validado por el CES en vista que no hubo concurso. "Aquí en esta universidad el orden no le gusta a la gente".

En el ámbito administrativo, la comisión descubrió un desorden completo, pues tanto el rector como el jefe de Recursos Humanos desconocían el número real de empleados. Tras un levantamiento digital, se contabilizaron cerca de 920 trabajadores, de los cuales muchos no tenían expedientes físicos. Este hecho evidencia una gestión de pagos opaca que operaba sin controles básicos.

En cuanto a la Gerencia Administrativa, a petición de Menjívar, la comisión nombró a la abogada Iris López, de filiación nacionalista, para ocupar el cargo, a pesar de que en la Unag existe una Facultad de Ciencias Administrativas con doctores en finanzas. Este nombramiento generó malestar entre varios sectores universitarios.

En consecuencia, se cumplió con los políticos de Olancho al colocar a una de sus figuras clave en una gerencia donde no se han producido cambios significativos. La situación sigue igual, con la adquisición de productos a Banasupro y los proveedores de bienes y servicios en las mismas condiciones que antes.

La situación es tal que los procesos de adquisición a través de esta oficina son lentos, sumándose a ello una baja ejecución presupuestaria.

Sin embargo, la contratación de nuevo personal es ágil, lo que incrementa el supernumerario que ya tiene la Unag. Así, la ejecución de la asignación para sueldos y salarios sí llega al cien por ciento mensualmente.

EL HERALDO intentó contactar telefónicamente a la nueva gerente, pero no obtuvo respuesta.

Por otro lado, Cornejo denunció que Menjívar adjudicó una licitación de un proyecto de 133 millones de lempiras para la construcción de un edificio, ignorando las advertencias y recomendaciones técnicas de la propia Comisión de Gestión y del departamento legal de la universidad. "Yo incluso personalmente le recomendé que no firmara, que tuviera cuidado con eso porque eso es delicado", señaló el comisionado.

Se trata del proyecto "Xiomara Castro", un edificio residencial para estudiantes mujeres, cuya licitación se lanzó a mediados de 2025.

Cornejo afirmó que el control de los procesos de licitación en la Unag está, según las denuncias, en manos de una "comisión de confianza" del rector. Esta situación ha generado una desconfianza generalizada en el sector privado. "En la universidad ya no hay confianza de las empresas para participar porque saben que pierden el tiempo y ya saben cuáles son las empresas que van a salir favorecidas", afirmó el comisionado, lamentando la falta de transparencia.

La ausencia del TSC durante más de dos décadas ha permitido que se instalen malas prácticas y aumentos salariales desmedidos. Ahora el TSC solicita a la universidad una partida de 9.1 millones de lempiras para auditar las gestiones anteriores, detalló Cornejo.

Actualmente, el ente contralor está en la Unag auditando únicamente un contrato de venta de concentrado entregado en la administración anterior al consorcio Alibar, un caso que EL HERALDO denunció hace unos meses.

Otro hecho repudiable es la colusión entre la rectoría y el sindicato, donde el propio rector es beneficiario directo de los incrementos del contrato colectivo. "El rector es miembro del sindicato y es beneficiario del sindicato. En otras palabras, no hay parte patronal... nadie cuida los intereses del Estado porque todos son miembros del sindicato", cuestionó el abogado, evidenciando el conflicto de intereses latente.

Cornejo detalló que con el objetivo de intentar rescatar la institución, se ha propuesto un plan de reforma. Este incluye modificar "estatutos restrictivos creados para el beneficio de los empleados internos, hasta el punto que solo puede ser rector, vicerrector, gerente el que trabaja en esa universidad", criticó.

No obstante, añadió que dicha propuesta se enfrenta a la resistencia de los mismos grupos que se benefician del caos actual. Esto provoca que cualquier intento de modernización sea bloqueado por la mayoría política dentro de la comisión.

"Ninguna persona externa puede ingresar a esa universidad. Por lo tanto, como punto de partida, necesitamos romper esos lazos. El problema es que nos encontraremos con dos votos a favor y tres en contra. Si no les conviene a los políticos en funciones, entonces no vamos a poder avanzar, aunque tengamos la intención de hacer algo positivo, será difícil mientras esa situación persista", lamentó.

Finalmente, el comisionado Cornejo reiteró su posición de seguir denunciando, a título personal, estas irregularidades ante las instancias correspondientes. "Si mi partido me solicitara hacer algo ilegal, no lo haría, preferiría renunciar... Si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer?", concluyó, en un llamado urgente a poner fin al saqueo de la institución.

EL HERALDO intentó contactar telefónicamente a los comisionados López y Cárcamo, presidente y secretario de la comisión respectivamente, quienes prometieron devolver la llamada, pero no lo hicieron.

Menjívar defendió su gestión en la Unag, asegurando que avanzaba hacia la gobernabilidad a pesar de enfrentar la resistencia de grupos internos que estaban acostumbrados al manejo político de la institución.

Respecto a los cuestionamientos sobre sus compromisos políticos con diputados de la zona, argumentó que se trata de una gestión necesaria para negociar el presupuesto ante el Congreso Nacional.

"Recuerde que nuestra institución todo su presupuesto cada año hay que ir a negociarlo al Congreso Nacional. Eso implica que debemos buscar una conectividad con los diputados", explicó, evadiendo su compromiso con ellos.

Menjívar reconoció que hay polémica alrededor de una adjudicación de un proyecto por el orden de 133 millones de lempiras para la construcción de un edificio a la empresa Corrales, pero se desligó de cualquier decisión. “Precisamente fue la comisión la que tomó el caso y decidió sobre ese proyecto, no fue la rectoría”.

"Cuando yo llego a la rectoría, ese fue un caso un poco raro porque el comité que evaluó vino y declaró válido el proceso. Y cuando se iba a adjudicar pues el rector (anterior) decidió no adjudicárselo a nadie y lo dio por fracasado. Entonces cuando yo llego la empresa está demandando y yo ya no puedo hacer más".

"Fue la comisión que, precisamente, ahí es donde sí se está dando un conflicto político, porque ahí es donde están un poco a veces discutiendo intereses", señaló, desligándose de la decisión final.

Menjívar trató de minimizar la impugnación de la JDU atribuyendo el caso a discrepancias políticas dentro de la Comisión de Gestión. Sostuvo que existe un miembro de la comisión que constantemente se opone a las decisiones por motivaciones partidarias, pero reiteró que la mayoría de los casos se han resuelto mediante votaciones prevaleciendo la postura administrativa.

En cuanto a la situación del vicerrector académico, cuyo nombramiento ha sido cuestionado por la falta de validación del CES, el rector afirmó que el proceso se hizo conforme a lo que establece el estatuto tras la renuncia de la autoridad anterior.

Según Menjívar, tras gestiones legales y la presentación de documentos aclaratorios ante las autoridades de educación superior, se espera que el nombramiento del vicerrector Talavera Sevilla sea finalmente reconocido, permitiendo la normalización de la firma de títulos.

El rector también abordó las acusaciones sobre al menos cinco miembros de su familia en la nómina universitaria, afirmando que no ha nombrado a ningún pariente en sus tres meses y medio de mandato, atribuyendo la existencia de sus parientes en la institución a contrataciones realizadas por rectores anteriores.

Sobre el plus salarial de 20,000 lempiras, Menjívar argumentó que no posee autoridad para asignar ese tipo de beneficios. Explicó que dicha asignación fue una decisión de la Comisión de Gestión y que actualmente se está trabajando en un nuevo reglamento interno para establecer criterios claros y técnicos sobre la asignación de beneficios salariales.

De la misma forma, negó que sea juez y parte en las negociaciones del contrato colectivo por su afiliación sindical. Explicó que todos los empleados de la Unag están obligados por normativa a cotizar al sindicato, por lo que él se considera un "pasivo" en esta estructura. No le compete, a su juicio, rechazar el aumento salarial fijado por el contrato colectivo o no hay impedimento que diga que no le abarca a él.

En cuanto a la auditoría del TSC, manifestó estar abierto a una revisión general, aunque reconoció que el costo de 9.5 millones de lempiras para realizarla es actualmente inalcanzable.

El rector vinculó las críticas y denuncias en su contra con los esfuerzos de la universidad por alcanzar una acreditación internacional con una certificadora francesa en septiembre próximo.