Unag otra vez secuestrada por la ambición política y el reciclaje de figuras internas
Docentes denunciaron que para evitar protestas en la elección de nuevas autoridades, los estudiantes fueron enviados a clases virtuales. Congreso intervino por tercera vez la Unag
- Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 13:44
Tegucigalpa, Honduras. Bajo el pretexto de que no hay recursos económicos para alimentación, las autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) enviaron a unos 2,800 estudiantes a su casa a recibir clases virtuales, pero detrás de la medida existe la suspicacia de un control mientras la Junta de Dirección Universitaria (JDU) elegía a un nuevo rector.
Ante las sospechas de que este nombramiento no escapaba de la influencia política y a las triquiñuelas internas, el Congreso Nacional ordenó el miércoles recién pasado otra intervención, que sería la tercera en lo que va de una década.
Desde el 2016, esta universidad, ubicada en Catacamas, Olancho, es presa de un grupo de docentes, que confabulados con los políticos del departamento se disputan su control como si se tratase de un “botín político”, conduciéndola continuamente a crisis donde los más afectados son los estudiantes.
Actualmente aproximadamente 2,800 internos pagan las consecuencias de una nueva disputa de poder y de una deficiente gobernanza, luego de que el 20 de enero por la noche, un día antes del inicio de su primero periodo académico en el 2026, se les ordenó quedarse en sus hogares y recibir clases en línea.
Sin embargo, unos 30 alumnos extranjeros no lograron regresar. Son los únicos que se les ve por las instalaciones universitarias.
Tras el fracaso del primer concurso para elegir al nuevo rector —cuyo plazo vence el 23 de febrero—, la crisis en la Unag se profundizó. El envío de los estudiantes a sus casas, bajo el argumento de que no hay presupuesto para la alimentación, terminó por trascender los muros de la academia, luego que por petición de unos docentes el Congreso Nacional aprobó el miércoles una nueva intervención, que sería la tercera desde 2016.
Mientras la nueva Comisión de Gestión aprobada por el Poder Legislativo se hace cargo de la administración de la Unag, las aulas, los laboratorios, los dormitorios y los centros de práctica en el campus universitario lucen vacíos y silenciosos.
Para algunos docentes, la medida de enviar a los estudiantes a casa a recibir clases en línea lejos de responder a criterios de innovación pedagógica, busca desarticular cualquier intento de protesta o movilización estudiantil que pudiera interferir con el polémico proceso de nombramiento del nuevo rector, asegurando así una universidad vacía mientras se ejecutan las negociaciones de poder.
El rector de la Unag, Víctor Gonzáles, negó que se haya mandado a los estudiantes a clases virtuales para que no interrumpieran el proceso de selección del nuevo titular de esa universidad y lamentó que se haya solicitado una nueva intervención.
“Creo que estaban diciendo de que el proceso de elección del nuevo rector no se está llevando apegado a la normativa y yo le aseguro que el que hizo la propuesta no conoce la normativa, porque en la explicación que dio hay cosas que no están apegadas a la realidad”, justificó.
Según él, “la situación de que los estudiantes del campus central, no estén en clases presenciales, deriva a que tenemos dificultades financieras, para pagar la alimentación de ellos. Resulta que ahora mismo con el cambio de gobierno, la Secretaría de Finanzas no ha podido realizar las transferencias conforme a la programación financiera que se tiene”.
“Por experiencia siempre hemos tenido retrasos al inicio del año, pero hemos dejado un colchón financiero, además del respaldo de los proveedores que nos apoyan con crédito, para alimentos de personas y animales. Con este respaldo avanzamos enero, febrero mientras las transferencias de la administración central se regularizan”, detalló el rector.
Explicó que en esta ocasión no tienen reserva porque se dio un retraso en las transferencias de la gestión 2025. En fondos de operación faltan entre 50 y 80 millones de lempiras pendientes de transferir de la gestión 2025. "Y eso entonces nos ha dejado en una situación que no le podemos pagar a los proveedores”.
Uno de los principales proveedores es Banasupro, con quien se tiene una deuda de aproximadamente 30 millones de lempiras. Esta entidad venía suministrando a la Unag alimentos para humanos y para animales. Debido a la falta de pago, Banasupro también no le ha podido pagar a sus proveedores. "También se trabaja con Agrosupro que es una dependencia de Banasupro, que nos ha facilitado las operaciones en la universidad”, detalló.
Sobre el retorno a clases presenciales, indicó que podría concretarse en aproximadamente 15 días, lo que coincide con el próximo 23 de febrero, fecha en la que, según la Ley Orgánica de la UNAG, deberá estar electo el nuevo rector.
Por su parte Susana Cárcamo, gestora de cobra de Banasupro, confirmó que en efecto este ente le proveía parte de los alimentos tanto del agro como para el comedor estudiantil, “y si mantiene una deuda todavía. La cantidad de deuda la manejan en ellos”.
“Ahorita no estamos abasteciendo a nadie porque no podemos tomar compromisos administrativos hasta que vengan las nuevas autoridades. Después del 27 de enero no podíamos comprometernos con nadie, ni con proveedores y esto es como un (efecto) dominó”, añadió.
La falta de previsión presupuestaria y la decisión de mandar a los estudiantes a sus hogares no ha gustado a muchos docentes, quienes consideran que tal determinación, lejos de responder a criterios de innovación pedagógica, busca desarticular cualquier intento de protesta o movilización estudiantil que pudiera interferir con el polémico proceso de nombramiento del nuevo rector, asegurando así un campus vacío mientras se ejecutan las negociaciones de poder.
Con ello, la actual administración habría eliminado el contrapeso físico en el campus, permitiendo que la elección de la máxima autoridad se desarrolle en un ambiente de silencio sepulcral, ajeno al escrutinio de quienes son la razón de ser de la institución, dijo un ingeniero, docente de la Unag, que pidió la confidencialidad por temor a represalias.
Otra vez los mismos
Después de una década de haber entrado en una crisis y con dos juntas interventoras, la Unag todavía no alcanza una gobernanza estable, producto de que varias de las personas anárquicas siguen en la institución y con sus aliados políticos, siempre buscan el control de la universidad.
La politización es uno de los lastres que golpea la gobernabilidad en esta academia. Los diputados de Olancho ven a la Unag como una agencia de colocación para emplear a sus activistas, pero para ello buscan controlar a los representantes de los órganos universitarios, quiénes se ven obligados a pagar los favores a sus patrocinadores
De esta manera cada administración ha llenado la universidad con activistas de los partidos de turno. Por otro lado, cada autoridad que llega nombra a su parentela, por eso en este "centro de estudios es común que esté llena de sobrinos, cuñados, cuñadas, esposas, hijos y nueras de los miembros de los órganos universitarios y de varios de los que actualmente quieren ser rectores".
La elección del nuevo titular de la Unag, según su estatuto, está a cargo de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) integrada por cinco miembros que, según docentes universitarios, cuatro son afines a Libre.
El 17 de noviembre de 2025, la JDU convocó a participar en el concurso público para elegir al nuevo rector, postulándose los profesionales Francisco Barahona, Gerardo Moya, Jorge Cardona, José Trinidad Reyes, Juan Pablo Suazo, Kenny Najera, Óscar Redondo (exrector), René Caceres, Roy Menjivar y Víctor González (rector actual)
El 20 de enero, la JDU comunicó que el primer concurso para nombrar al rector de la Unag- fracasó, por lo que, al aplazar a todos los concursantes, ese mismo día convocó a un segundo concurso y se volvieron a inscribir casi los mismos: Emerson Martinez, Víctor Gonzales, Orlando Murillo, Gerardo Moya, Jorge Zuniga, Gerardo Caceres, Roy Mengivar, Óscar Redondo, Jaime Salgado y Keny Nájera.
Ante el fracaso de la primera convocatoria, un grupo de docentes acudió al Congreso Nacional solicitando una tercera intervención de la universidad. Días después, por supuestas presiones políticas, Gerardo Lagos renuncio como miembro de la JDU.
Sin embargo, José Luis Castillo, otro de los integrantes de la JDU, aseguro que otra intervención de esa academia sería un retroceso y garantizó que el 23 de febrero habría nuevo rector y que el integrante que renunció sería remplazado por alguien nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU).
Este martes reciente, el CSU nombró a Eduardo Blandín como sustituto de Lagos. Aunque el artículo 39 del Estatuto de la Unag establece que esta designación debía hacerse con las dos terceras partes (18 integrantes) de la totalidad de los 27 miembros que conforman el CSU, el nombramiento se realizó nada más con 12 votos a favor y 16 en contra.
El constante irrespeto al estatuto es otro elemento que crea disputas a lo interno de esa universidad. Incluso, la última Comisión de Concurso nombrada por el Poder Legislativo, en 2022, dirigida por Odir Fernández -actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)-, lejos de erradicar esas prácticas más bien hizo uso de ellas, conformando así una JDU con personas que tenían demandada a ese centro de estudios superiores.
De acuerdo con Castillo, esta tercera intervención de la Universidad de Agricultura representa un retroceso. Recordó que la primera intervención en 2016 mejoró varias áreas, pero dejó aspectos pendientes; la segunda fue igual. "Pero la tercera petición de intervención nos tomó por sorpresa", afirmó.
“Le garantizamos que sí vamos a tener electo rector para esa fecha, porque el estatuto ya nos dice que el 23 el último día que vacante el rector anterior debe estar nombrado el nuevo rector y eso sí lo garantizamos a la comunidad universitaria y a Honduras en general que sí va a haber rector”, prometió.
No negó que tengan llamados de algún político cuando se trabaja en los nombramientos de nuevas autoridades. “Usted sabe que cada gobierno que está en turno tiene necesidades en sus diferentes unidades y dependencias para colocar su personal. Estamos muy de acuerdo con eso, pero en la parte académica debe tenerse muchísimo cuidado porque aquí se requieren perfiles académicos”.
Para Castillo, es difícil desligar a la universidad de la injerencia política cuando se trata de un ente estatal, que no tiene autonomía, por eso es importante la idoneidad que da los lazos en la parte no política, pero siempre se necesita tener siempre unos lazos con las actuales autoridades gubernamentales para avanzar en los procesos de gestión.
“De qué nos sirve tener un rector con mucha capacidad técnica, conocimiento, investigaciones, publicaciones científicas, todo eso, si no sabe cómo enlazar con la parte política actual, con la parte gubernamental actual". Y es que en “el anterior y actual gobierno nos han dicho: 'Nosotros respetamos la academia, pero cualquiera que llegue a ese cargo de rector, necesitamos que trabaje con nosotros'”.
Recordó que por otro lado, "los candidatos a rectores sometidos a un examen psicométrico, el cual valora las competencias blandas que tiene la persona, esas características de idoneidad y de gerenciar dentro de la universidad. Esa evaluación nos va a decir si la persona es capaz de trabajar en equipo, si es capaz de escuchar, de dialogar, si la persona no es eufórica, que cuando usted le dice algo, le sale enojadísimo. Es que miramos muchos compañeros con altos grados de investigación, pero no le puede contradecir en nada, porque se creen dioses por su por su alto grado de capacidades", criticó Castillo.
Nueva intervención
La Comisión para la Gestión Universitaria aprobada por el Legislativo, que entrará en operaciones una vez su creación sea publicada en La Gaceta y sus miembros sean juramentados, asumirá el control administrativo de la institución durante 12 meses.
Este órgano temporal, que estará integrado por tres miembros seleccionados y nombrados por una Comisión Especial del Congreso Nacional, un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y un egresado de la UNAG, se convertirá en la máxima autoridad administrativa de esta academia y ejercerá las funciones que hasta ahora correspondían al CSU y JDU.
Esta comisión tendrá que designar un rector interino, conformar una nueva JDU y también podrá revisar los procesos de adquisición de bienes y servicios, solicitar informes sobre la ejecución presupuestaria y proponer la reorientación de inversiones.
En el decreto se contempló la realización de una auditoría forense sobre el manejo de los recursos públicos recibidos por la institución en los últimos cinco años. Este proceso estará a cargo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras entidades externas, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión financiera y en los procesos de elección de autoridades universitarias.
En medio de la conflictividad, un grupo de docentes demandó de las autoridades universitarias el regreso a clases presenciales de los estudiantes debido a que el país requiere profesionales de alto nivel en agricultura y desarrollo rural para enfrentar desafíos como la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático y la innovación agropecuaria, lo cual requiere una formación integral que solo la presencialidad garantiza en su máxima expresión.
