Solo una de cada siete capturas por extorsión terminó en condena entre 2022 y 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 2022 y 2025, la Policía Nacional registró 7,654 capturas por el delito de extorsión, mientras que el Poder Judicial contabilizó 1,180 resoluciones condenatorias relacionadas con ese ilícito.

El contraste entre ambas estadísticas oficiales muestra que el sistema judicial emitió una condena por cada siete capturas reportadas por las autoridades.

El hallazgo surge de un cruce de información realizado por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus entre las estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad y los registros del Poder Judicial sobre procedimientos abreviados y sentencias emitidas por los juzgados de lo penal y los tribunales de sentencia.

La comparación no sigue el expediente individual de cada persona detenida, sino el comportamiento de dos bases de datos oficiales del Estado durante el mismo período.

Aunque una captura puede resolverse judicialmente meses o incluso años después, el contraste permite dimensionar la brecha entre la respuesta policial y los casos que concluyeron con una resolución condenatoria.

El período analizado coincide con la vigencia del estado de excepción, una medida implementada entre diciembre de 2022 y enero de 2026 para combatir la extorsión y otras estructuras criminales.

De acuerdo con el informe de resultados de la Policía Nacional entre 2022 y 2025, esas 7,654 capturas correspondieron a integrantes de maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado, en el marco de la lucha antiextorsión.

Del total, 1,530 fueron atribuidas a la Pandilla 18, 1,411 a la Mara Salvatrucha (MS-13) y las restantes 4,713 a otros grupos delictivos.

Como parte de esa estrategia también fue creada la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una unidad especializada que recientemente fue desarticulada tras la muerte de cinco de sus agentes en una emboscada y en medio de denuncias por presuntas irregularidades internas.

Según la Policía Nacional, esa dependencia concentró buena parte de las operaciones contra la extorsión durante el período analizado.

Este equipo documentó que esa dependencia ejecutó cerca de 1,900 millones de lempiras durante sus casi cuatro años de funcionamiento.

Para reconstruir qué ocurrió después de las capturas, EL HERALDO Plus revisó los ingresos por extorsión registrados por el Poder Judicial en juzgados de lo penal y tribunales de sentencia entre 2022 y 2025.

Los datos muestran que 684 procesos ingresaron a los juzgados de lo penal durante ese período. De ellos, 301 terminaron mediante procedimiento abreviado, una figura que permite dictar una condena cuando el imputado acepta los hechos y la pena acordada con el Ministerio Público.

Eso significa que cuatro de cada diez casos ingresados a los juzgados de lo penal concluyeron por esa vía, sin llegar a juicio oral.

Otros 656 expedientes ingresaron a tribunales de sentencia, donde se registraron 879 fallos condenatorios por extorsión entre 2022 y 2025.

La cifra de fallos en tribunales supera los ingresos del mismo período porque una parte de esas resoluciones corresponde a procesos iniciados meses o años antes, lo que evidencia el desfase entre el ingreso de un caso y su resolución final.

En conjunto, el Poder Judicial registró 1,340 ingresos por extorsión en ambas instancias y 1,180 resoluciones condenatorias durante los cuatro años analizados.

Para Francisco Cantarero Pascua, abogado penalista, esos datos deben leerse con cautela, porque una captura y una condena corresponden a momentos distintos del proceso penal.

La detención marca el inicio de la investigación, pero después intervienen el Ministerio Público, los juzgados y, en muchos casos, los tribunales de sentencia.

“No todas las capturas llegan a juicio y muchas de las sentencias que se dictan en un año corresponden a procesos iniciados tiempo atrás.

Por eso no existe una relación automática entre ambas estadísticas”, explicó.

Señaló que el procedimiento abreviado también ayuda a entender parte del comportamiento judicial, porque permite resolver un caso sin llegar a juicio oral cuando el imputado admite los hechos y acepta la pena propuesta por el MP.

“Que alrededor de cuatro de cada diez procesos concluyan por esa vía refleja que una parte importante de los casos evita llegar a un juicio oral, lo que también ayuda a reducir la carga de trabajo de los tribunales”, agregó.

La judicialización de la extorsión tampoco se distribuyó de manera uniforme en el país. Los registros del Poder Judicial muestran que los expedientes ingresados a juzgados de lo penal se concentraron principalmente en Francisco Morazán y Cortés.

Entre 2022 y 2025, Francisco Morazán recibió 402 procesos por extorsión y Cortés registró otros 200. En conjunto, ambos departamentos acumularon 602 de los 684 ingresos contabilizados en juzgados de lo penal, equivalentes al 88% del total.

La concentración es más marcada en Francisco Morazán, que por sí solo reunió 402 expedientes, equivalentes al 58% de todos los procesos ingresados a juzgados de lo penal durante los cuatro años analizados.

Muy por detrás aparecen Atlántida, con 34 expedientes; Yoro, con 14; Choluteca, con 13; Valle, con siete; y Colón y Comayagua, con cinco casos cada uno.

El resto de departamentos registró una incidencia mínima o nula en los datos revisados, lo que muestra que la persecución judicial de la extorsión se concentró casi por completo en los dos principales polos urbanos y económicos del país.

Para Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ese comportamiento confirma que el combate contra la extorsión no puede depender únicamente de capturas u operativos de saturación, sino de una cadena institucional capaz de investigar, judicializar y sostener los casos.

Explicó que la brecha entre muchas capturas y pocas resoluciones condenatorias suele aparecer cuando las detenciones no están acompañadas de investigaciones sólidas, coordinación efectiva entre instituciones y capacidad suficiente para llevar los expedientes hasta una sentencia.

“El problema no se resuelve solo capturando personas. Se necesita que la Policía investigue bien, que el Ministerio Público pueda sostener los casos y que el Poder Judicial tenga la capacidad de resolverlos. Si una de esas partes falla, las capturas no necesariamente se traducen en condenas”, señaló.

“Definitivamente se necesita un fortalecimiento de los sistemas locales de justicia, un fortalecimiento de la Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial”, afirmó.

Enfatizó que la respuesta institucional debe avanzar hacia un modelo más orientado a inteligencia criminal, investigación y coordinación entre las instituciones encargadas de perseguir el delito.

“Ahora se busca un enfoque diferenciado, más supervisado, más monitoreado, con indicadores ya definidos y una estrategia más de inteligencia e investigación criminal que de saturaciones y operaciones en campo”, sostuvo.

El análisis también identificó una inconsistencia entre las estadísticas oficiales del Estado. Mientras la Secretaría de Seguridad reporta 2,003 sentencias condenatorias por extorsión entre 2022 y 2025, el Poder Judicial -la institución responsable de emitirlas y registrarlas- contabiliza únicamente 1,180.

La diferencia asciende a 823 resoluciones, equivalente a un 70% más de las registradas por el Poder Judicial para el mismo período.

Ese contraste adquiere mayor peso porque las 7,654 capturas por extorsión se produjeron en medio del estado de excepción, una medida que amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, suspendió garantías constitucionales y permitió ejecutar allanamientos y detenciones bajo un marco extraordinario de control territorial.

Durante ese período, organizaciones de derechos humanos y especialistas cuestionaron el uso de esas facultades por denuncias de abusos, capturas sin suficiente sustento investigativo y operativos masivos que no siempre se tradujeron en procesos penales sólidos.

Cuatro años después del inicio de la ofensiva contra la extorsión, los registros oficiales muestran una brecha persistente entre las capturas reportadas por la Policía Nacional y los casos que alcanzaron una resolución condenatoria en los tribunales.

También evidencian que el Estado no habla con una sola cifra sobre los resultados judiciales de esa lucha: Seguridad reporta más sentencias que el propio Poder Judicial, mientras la persecución penal de la extorsión sigue concentrada en pocos departamentos y atravesada por los tiempos prolongados del sistema de justicia.