El gran reto de la DAET: denuncias por extorsión se desplomaron en 83%

Tegucigalpa, Honduras.- Revertir la desconfianza ciudadana e implementar una verdadera estrategia de lucha contra el delito de extorsión que golpea a miles de emprendimientos son parte de los desafíos que enfrenta la recién creada División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

La población hondureña —donde uno de cada diez habitantes afirma haber sido víctima de extorsión, según un estudio de la organización ASJ— espera que este nuevo brazo policial no solo se enfoque en la captura de cobradores, sino que también logre desarticular a las organizaciones criminales y sus redes de protección, integradas en algunos casos por policías, políticos, fiscales y jueces corruptos.

Esta nueva unidad, dependiente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), surge tras el cierre reciente, el 29 de mayo, de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de la muerte de cinco de sus miembros cuando realizaban un quite de drogas en Corinto, Omoa, Cortés.

Que la DAET sea un ente confiable, tanto interna como externamente, representa un reto mayor. Un cambio de nombre y una readecuación de su estructura dentro de la DPI no garantizan por sí solos la confianza ciudadana, sobre todo porque otras agencias policiales también han sido permeadas por el crimen y la delincuencia, al punto de que una decena de sus miembros guarda prisión por delitos como robo con violencia, allanamiento de morada, tortura, abuso de autoridad, falsificación de documentos e implantación de pruebas.

De acuerdo con diversos expertos en el tema, el objetivo inicial de la nueva división policial debe ser recuperar la confianza ciudadana mediante mecanismos de denuncia seguros, que eviten que las víctimas sean delatadas ante las estructuras criminales que operan en sus comunidades.

Según reportes analizados por EL HERALDO Plus, las denuncias por extorsión cayeron estrepitosamente entre 2022 y 2025: pasaron de 1,819 a 307, lo que representa una reducción del 83 por ciento.

Para el comisionado general Daniel Molina, director de la DAET, la denuncia es el activo más importante y aseguró que la confidencialidad es absoluta. "A la línea 143 todo ciudadano puede acceder. La llamada cae directo a nuestras personas, al jefe de la Unidad de Extorsión, a mi persona”.

"Tengan la plena confianza que nosotros estamos enmarcados en la ley. Dentro de nuestra gestión cualquier situación que se dé, por muy mínima que sea de alguna situación irregular de un elemento policial, vamos a actuar con contundencia, aplicando lo que es el derecho para deducir las responsabilidades", prometió Molina.

Para prevenir la infiltración del crimen organizado, la DAET se regirá por un esquema de evaluaciones permanentes y una disciplina estricta.

"Todos los seres humanos en todas las organizaciones deben de ser evaluados, debemos estar atentos a cualquier situación irregular que podamos enfrentar", dijo Molina, subrayando que la certificación de personal idóneo es el mecanismo clave para garantizar que quienes operan en funciones sensibles mantengan la integridad requerida.

Para el director de la DAET, el fin no solo es desarticular a los cobradores de extorsión en calle, sino también a las redes de inteligencia que han infiltrado la seguridad pública y así evitar la contaminación de los agentes.

La preocupación por la infiltración es compartida por Nelson Castañeda, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), quien subrayó que la nueva división antiextorsión debe evitar los errores que llevaron al fracaso a sus antecesoras —la FNA, la FNAMP y la Dipampco—.

"Lo que se espera de la DAET es un ente nuevamente especializado que cuente con todo el recurso logístico, personal capacitado, certificado, personal que esté bajo esquemas de transparencia, rendición de cuentas", demandó.

Recordó, con preocupación, cómo el registro de denuncias cayó en años recientes, lo que refleja una profunda pérdida de confianza. "Nos debemos preocupar y también nos da como una reflexión clara o un diagnóstico claro del porqué de 2022 al 2025, el registro de denuncias cayó en un casi 73%", advirtió.

Los reportes analizados por EL HERALDO Plus, a partir de la solicitud SSSS-2951-2025, evidencian que la caída fue más profunda y progresiva de lo que en apariencia se comenta.

En 2022, la Secretaría de Seguridad registró 1,819 denuncias por extorsión. Un año después —2023—, ese número decreció a 881 casos denunciados, lo que equivale a una caída del 51.6 por ciento.

En 2024, la cifra volvió a bajar: 519 denuncias, un descenso del 41 por ciento. Para el siguiente año —2025—, los reportes se derrumbaron a su mínima expresión, con 307 denuncias, lo que representó una reducción del 40.8 por ciento.

La comparación entre 2022 y 2025 desnuda la crisis de desconfianza: 1,512 denuncias menos al año o, en otras palabras, una caída del 83 por ciento.

Otro de los puntos señalados por Castañeda es la necesidad de un enfoque cualitativo sobre la cantidad de capturas. "Que tenga una visión clara de calidad y no cantidad, como sí lo vimos, pues, en la gestión anterior", advirtió, afirmando que las detenciones masivas sin evidencias no resuelven el problema de la extorsión.

Un informe de logros de la Secretaría de Seguridad sobre la gestión 2022-2025 revela que la extinta Dipampco capturó a 7,654 personas por delitos de extorsión y otros conexos.

En cuanto a la conformación de la DAET, su director obvió referirse a la cantidad de elementos que necesita para emprender una verdadera batalla contra la extorsión. "Nosotros pensamos contar con una buena cantidad de recurso humano. El personal es algo importante para poder tener posicionamiento territorial", indicó, eludiendo la pregunta.

Sobre el presupuesto y la logística, aclaró que la división aprovecha la infraestructura administrativa de la DPI. "Nosotros formamos parte de lo que es la Dirección Policíal de Investigaciones, entonces con su presupuesto nosotros estamos ejecutando las operaciones y todo lo que es el aspecto administrativo".

Aseguró que la institución está enfocada en profesionalizar el combate de la extorsión mediante un proceso de estructuración y de estrategia rigurosa. "Estamos focalizando nuestro esfuerzo en las ciudades de mayor incidencia: Tegucigalpa, San Pedro Sula, lo que es Villanueva, Choloma, El Progreso y La Ceiba", señaló Molina.

De acuerdo con Castañeda, la expectativa sobre la DAET es que haga todo lo contrario a lo ejecutado por la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y la Dipampco, especializada en el monopolio de la investigación en materia de extorsión y delitos relacionados o conexos, pero que en apenas 46 meses se contaminó.

“Nos debemos preocupar por qué en los últimos cuatro años el registro de denuncias por extorsión cayó, cuando la afectación llegó a casi al 10.6% de los hogares hondureños. Estamos hablando de más de 270, 000 hogares víctimas de ese delito”, cuestionó.

Castañeda espera de la DAET sea un ente especializado que cuente con todo el recurso logístico, personal capacitado, certificado y que, a su vez, opere bajo esquemas de transparencia, rendición de cuentas, evaluaciones de resultados verificados y que tenga una visión clara de calidad y no cantidad.

lamentablemente "conocimos que la Dipampco casi estaba obligada a hacer detenciones masivas por delitos vinculados más que todo al microtráfico, pero más que todo eran detenciones de personas consumidoras de droga. Con todo ello lo que buscaban era justificar el famoso estado de excepción que tuvimos por casi tres años y un mes", criticó Castañeda.

En sus primeros 35 días de operatividad, la nueva división policial, de acuerdo con sus registros, ha capturado a 47 personas vinculadas a la extorsión y ha realizado 172 patrullajes en vehículos motorizados, 133 a pie, 88 retenes fíjos y mantiene una estricta vigilancia en el sector transporte.

Según Molina, la estrategia de la DAET incluye un trabajo coordinado con el Ministerio Público para judicializar casos sólidos. "Nosotros ejecutamos las diligencias y lo que anticipamos es que las investigaciones que realizamos sean contundentes con las evidencias adecuadas", sostuvo.

Sin embargo, los expertos advierten que el desafío va más allá de la estructura formal. El comisionado general, en condición de retiro, Danilo Orellana, sugiere una estrategia más integral que involucra a otras instituciones. Es del criterio que por un lado se deben hacer intervenciones sociales y, por otro, se debe ejecutar la estrategica de forma quirúrgica, apoyada con inteligencia técnica.

Enfatizó en la necesidad de contar con personal altamente especializado en áreas claves. Sugirió contratar ingenieros en informática y electrónica, porque los extorsionadores utilizan medios sofisticados para cometer el delito. La tecnología es fundamental para rastrear los flujos financieros ilícitos.

Además, expresó que, para combatir la extorsión, la DAET debe identificar los puntos y colonias peligrosas, las rutas de extorsión y los principales comercios víctimas de ese delito.

Uno de los ejemplos más visibles son Chamelecón y la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, sectores históricamente golpeados por este crimen. El Estado debe ingresar con otras instituciones, incluido el Instituto de la Propiedad (IP), para verificar si las viviendas son habitadas por los verdaderos propietarios o si estos han sido expulsados por miembros de maras y pandillas.

De igual manera, dos expertos en el tema de lucha contra la extorsión que trabajaron para la FNA sostuvieron que los extorsionadores, sobre todo cuando se trata de maras y pandillas, no solo han permeado a los entes operadores de justicia, sino que también tienen conexiones a nivel político.

Estas conexiones evitan que los maleantes terminen en la cárcel. "Mire, si usted está en un retén y lo quitan para que pase un cargamento de droga, ¿qué le va a llevar usted a un juez? Por eso los gringos inventaron el delito de la conspiración, que es facilitar para que otro cometa otro delito".

El delito de conspiración sería de gran apoyo para desarticular a los grupos extorsionadores, narcotraficantes y criminales, sin embargo, "no se aprueba porque hay gente grande políticamente metidos en ese bajo mundo”, criticó uno de los entrevistados.

Otro de los grandes problemas es "esa bendita cuestión de que el juez es independiente en sus resoluciones, entonces la gran estrategia de los penalistas es el contacto con los jueces y ahí va el billete. Para mí ahí es donde está el principal problema, el tema de la contaminación institucional", criticó.

Asimismo, sostuvo el entrevistado, una de las fortalezas del crimen organizado dedicado a la extorsión es su conocimiento de las debilidades del Estado. “Por eso se agarra a una cabecilla de El Pedregal y el siguiente día sigue extorsionando”.

Y eso se debe a que no existan cárceles con protocolos de máxima seguridad para los miembros de estructuras criminales. Esa es la realidad. El Salvador, a manera de ejemplo, construyó una cárcel y suspendió las comunicaciones de los reos con el exterior, detalló.

Al contrario, en Honduras se captura a un individuo y al día siguiente sigue coordinando y mandando, vía teléfono o a través de las visitas, a menores de edad a cobrarle a ciertos negocios, o sea que el cabecilla sigue moviendo el dinero ahora protegido y alimentado por el Estado y eso no puede continuar así, señaló el experto.

Actualmente, la expectativa ciudadana sobre la DAET es alta, pero cautelosa, dado el antecedente de contaminación de la Dipampco y de la DPI. Los expertos coinciden en que la nueva división policial tiene la oportunidad de marcar un antes y un después, siempre y cuando no se vuelva ciega a la corrupción interna.