Ni la MS-13 ni la pandilla 18: extorsiones crecen en manos de delincuentes independientes

Tegucigalpa, Honduras.- En el último quinquenio, la configuración del crimen organizado en Honduras ha dado un giro alarmante, luego que los delincuentes independientes desplazaran a estructuras criminales, como la pandilla Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13), entre otras, en la comisión del delito de extorsión.

Los datos de la Secretaría de Seguridad, facilitados a través de la solicitud de información SSSS-2951-2025, revelan que la extorsión, como una plaga incontrolable, se ha extendido en 16 de los 18 departamentos del país asfixiando y sangrando sobre todo al sector transporte y comerciantes.

Solamente entre los años 2022 y 2025 la unidad policial registró 3,526 denuncias por ese delito que fueron ejecutadas por 66 grupos o estructuras criminales, evidencia un análisis realizado por EL HERALDO Plus.

Esta diversificación de las fechorías revela que la extorsión ya no es patrimonio exclusivo de las maras y pandillas, sino que se volvió un modelo de negocio criminal adoptado por bandas emergentes y delincuentes comunes que aprovechan el miedo generalizado para exigir pagos ilícitos.

Según los registros en poder de este equipo de trabajo, por cada 10 denuncias por extorsión, cinco señalaban a grupos independientes, mientras que tres a miembros de la pandilla Barrio 18. En el 8% de los casos señalaron a miembros de la MS-13 como responsables.

El actuar extorsivo del hampa también tiene un alto costo humano. Únicamente, entre enero de 2022 y 2025, Seguridad contabilizó 281 asesinatos relacionados con ese delito, pero en su data no cuantificó el número de personas que perdieron la vida a manos de los extorsionadores en el año 2021.

Sobre la lucha contra ese flagelo, el comisionado Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional y fundador de la unidad antiextorsión policial, consideró que "este problema relacionado con la criminalidad, con fenómenos sociales, no deben ser solo tratado exclusivamente por las autoridades policiales".

Esto conlleva un tratamiento holístico, que tienen que ver con causa sociales, políticas, económicas, ambientales, legales, temas de seguridad, las cuales deben ser atendidas desde la raíz por todos los sectores sociales y gubernamentales. Esta problemática social debe atacarse de forma integral, o sea con la participación de todos los sectores, incluyendo los operadores de justicia, demandó.

Agregó que la lucha contra la extorsión requiere un enfoque pleno que trascienda la simple persecución y captura, una labor realizada constantemente por la Policía.

Se necesita un acompañamiento tanto legal como de los operadores de justicia que conlleve a que los extorsionadores paguen judicialmente por sus actos. “Por eso estamos proponiendo reformas legales que permitan que los procesos avancen más rápido, pero sobre todas las cosas los procesos que protegen al afectado”, agregó

Oseguera señaló a las pandillas como los grupos criminales que más extorsionan, pero también declaró que existen otras bandas dedicadas a la misma actividad ilícita, con diferentes modalidades de operación, pero que son perseguidas con la finalidad de una captura infraganti o mediante largas indagaciones, añadió el director policial, luego que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) presentó a cinco mujeres capturadas por extorsión electrónica.

Para el criminólogo Reynaldo Rubio, la lucha contra la extorsión en Honduras sigue siendo una carrera contra el tiempo. Mientras los delincuentes diversifican sus métodos en Francisco Morazán, Cortés y otros sectores del país, la seguridad nacional depende de la capacidad de un Estado carente de una política clara y sólida de lucha contra el crimen y la delincuencia.

De acuerdo con el mapa criminal de los 18 departamentos del país, solo Gracias a Dios y Choluteca no presenta ninguna denuncia por extorsión, una situación que según Rubio podría no representar una ausencia del delito, sino una falta de confianza o de acceso a los mecanismos de denuncia en las zonas más remotas de La Mosquitia hondureña.

En Islas de la Bahía, por su parte, se reportó una denuncia, en Lempira fueron cuatro, En Yoro 182, en Atlántida 420, en Cortés 867 y en Francisco Morazán 1,710.

Una mirada más interna refleja que los extorsionadores extendieron su actuar hasta aquellos municipios recónditos, como Opatoro en La Paz, donde entre 2022 y 2025 hubo con una denuncia, en el Distrito Central fueron 1,641, en San Pedro Sula 551, en La Ceiba 353, en Choloma 110 y 93 en El Progreso.

Los datos de Seguridad muestran, además, que en los últimos cuatro años las denuncias por extorsión han venido en descenso: el 2022 fue el que presentó más denuncias con un total de 1,819, en el 2023 la suma llegó a 881, para el 2024 se registraron 519 y en el 2025 la cifra cayó a 307.

Por otro lado, este fenómeno delictivo, donde los delincuentes comunes ahora emulan la violencia de las maras para cobrar el "impuesto de guerra", también ha dejado una estela de 281 asesinatos entre 2020 y 2025.

Diez departamentos son los que más presentan a mayor incidencia de asesinatos por extorsión, sobresaliendo Francisco Morazán con 127 casos, Cortés con 114, Yoro con 19, Atlántida con 12, Copán, Santa Bárbara y Olancho con dos víctimas cada uno, Lempira, Comayagua y Colon con un caso cada uno.

Una mirada por año expone que en 2020 se registraron 221 asesinatos, en 2022 un total de 32, en 2023 se dieron 10 casos, en 2024 solo un caso y en 2025 un total de 17 asesinatos.

Según la data policial, el sector transporte y los comerciantes son los más golpeado por los grupos criminales: 47 taxistas, 44 motoristas de autobús, 33 comerciantes, 18 motoristas, 17 conductores de mototaxi, 12 transportistas, cinco ayudantes de bus, igual número de cobradores son parte de víctimas mortales de los extorsionadores.

Asimismo, a manos de estos criminales cayeron cuatro vendedores y tres amas de casa, tres estudiantes, igual cantidad de guardias de seguridad y mecánicos automotrices.

Para Rubio, uno de los grandes problemas que enfrenta el país en el combate de la extorsión es la falta de una política fuerte y ágil contra el crimen y la delincuencia. “Si no hay políticas no hay estrategias de seguridad y lo que la policía realiza son paleativos”, cuestionó.

Recordó que la policía captura a los extorsionadores, pero cuando los llevan a los tribunales, la parte acusadora tiene que presentar testigos, la vigilancia realizada, u otro tipo de pruebas, volviendo el proceso muy engorroso y luego los jueces por una letra en el documento acusatorio dejan libre a los capturados, criticó.

De acuerdo con Mario Fu, vocero de la Dipampco, en los últimos años se ha logrado identificar que muchos delincuentes comunes, aprovechando el temor que infunden las maras y las bandas criminales, se dedican a la extorsión causando un grave daño a la economía de diversos sectores.

“Hemos tenido, sin duda alguna, un incremento porcentual bastante significativo que denota una alerta bastante fuerte durante los últimos años que hay personas que inicialmente no pertenecen a estructuras criminales y están adoptando en este caso ejercer esta actividad ilícita haciéndose pasar por miembro de una mara o de una pandilla”, dijo.

No obstante, al momento de que ejercen las amenazas extorsivas contra una víctima y el investigador inicia con los procesos legales correspondientes para dar una respuesta, al ser requerido el ciudadano es remitido a la orden de la fiscalía de turno bajo toda la modalidad y figura que él había adoptado.

Si se identifica como integrante de una mara o pandilla, así estará figurado o plasmado en el expediente investigativo, sin embargo, se logra detectar de que mucho individuo lo está haciendo únicamente utilizando el temor, pero inicialmente él no es integrante activo de un grupo criminal”, detalló Fu.

El relacionador público conformó que aparte de los delincuentes independientes, la estructura criminal más activa en la extorsión es la pandilla 18 por eso presenta mayor número de capturas. “Seguidamente de ello vemos bandas criminales independientes como la banda los M1, en este caso Los Chirisos, los Benjamines, pero en una escala no tan representativa como la pandilla 18”, detalló.

Manifestó que “el 98% de las capturas realizadas por la Dipampco alcanzan el auto de formal procesamiento. La mayoría con prisión preventiva y un número bastante escaso de medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva. Los casos han sido elevados a juicio oral y público y el número de sentencias condenatorias está incrementando considerablemente”.

Expresó que el sector transporte es uno de los más afectados debido a la informalidad con que realizan su labor. Se trata de un rubro que debe cumplir con ciertos requisitos, pero evaden la certificación y depuración que se les ha recomendado desde hace muchos años, añadió.

Recordó que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) les viene planteando una certificación y depuración comenzando por la elaboración de un censo para identificar quiénes son las personas que laboran en el transporte, ya sean conductores, despachadores y cobradores. Al no existir un censo real, en este momento, las estructuras criminales han aprovechado para infiltrarse.

“Hemos comprobado a través de los trabajos investigativos que hay algunos conductores, cobradores y despachadores que estarían teniendo participación activa con los grupos criminales. Son los que recolectan información, son los que saben los movimientos internos en las terminales Y al final proporcionan toda la información que es utilizada por las maras y las pandillas para ejercer cobros extorsivos”, precisó.

Asimismo, Fu, pormenorizó que actualmente una de las formas de extorsión que más genera alerta es la que se ejecuta a través de las redes sociales, ya que los delincuentes utilizan plataformas de mensajería instantánea. “Y la más común en este momento es WhatsApp”.

Explicó que los delincuentes se van a Facebook, Instagram o Tik Tok, identifican a las personas que prestan servicios, que tienen algún comercio o algún emprendimiento- ya que ponen sus números de teléfono o dirección- y comienzan a enviar mensajes de texto y generar llamadas a través de WhatsApp.

De acuerdo con las estadísticas y lo manifestado autoridades y analistas, el panorama de la extorsión ha dejado de ser una lucha exclusiva contra dos grandes maras para convertirse en un combate contra decenas de estructuras, muchas de ellas conformadas por delincuentes independientes que han encontrado en el terror una forma de vida.