Fracasa combate a la extorsión y se multiplican grupos criminales

Tegucigalpa, Honduras.- El último día de cada mes, doña María (nombre ficticio por razones de seguridad) saca de la gaveta de su negocio 3,000 lempiras y los mete a un sobre. Luego, espera que llegue un joven, que luce el corte de pelo mohicano, con la ceja partida y una cara de pocos amigos, a recoger el dinero.

“Duele entregar lo que a uno le cuesta ganarse, pero es la única forma que se puede trabajar y evitar que lo maten o que le pase algo malo a mis hijos”, expresó la señora, quien se angustia cada vez que le llegan a cobrar la extorsión o el mal llamado “impuesto de guerra”.

La extorsión sigue siendo uno de los delitos que afecta directamente a las micros y pequeñas empresas. Las organizaciones criminales atacan a los emprendedores, como dueños de pulperías, polleras, glorietas, barberías, salones de belleza, souvenirs, al sector transporte y toda presa desprotegida por el Estado.

Un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), titulado "2 años y medio bajo el estado de excepción ¿y los resultados?", revela que, pese al estado de excepción que cubre el 75% del territorio nacional, las extorsiones y los homicidios persisten en Honduras .

Según el análisis más reciente, el porcentaje de victimización por extorsión aumentó de 9% en 2022, con 266,262 hogares afectados por el delito, a 11.6% en 2024, para un total de 304,388 hogares expuestos a este cobro ilegal.

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Una encuesta realizada por la plataforma especializada Le Vote, citado por el informe de ASJ, señala que 1 de cada 10 hondureños es víctima de extorsión, con mayor incidencia en municipios claves como el Distrito Central, en Francisco Morazán; San Pedro Sula, Cortés; y La Ceiba, Atlántida.

Según expertos, la extorsión genera un efecto paralizante en el sector privado y las pequeñas y medianas empresas, que sufren pérdida de empleos y miedo a invertir, debido a las amenazas constantes, afectando la inversión nacional y extranjera, frenando el desarrollo económico.

Jorge Lanza, un experimentado transportista de la capital hondureña y que tiene décadas de ser víctima de la extorsión, contó a EL HERALDO Plus que la Mara Salvatrucha MS-13 supuestamente dejó de cobrar por completo el impuesto de guerra y la Pandilla Barrio 18 avisó a sus extorsionados que no seguirá cobrando, aunque estos últimos lo siguen haciendo en algunas zonas.

Lo anterior no significa que los comerciantes no sufran la extorsión, más bien surgen pequeñas estructuras como hormigas,. “Aquí ya ni se sabe a quién se le paga, porque ahora la '18' y la '13' dicen que no están cobrando, pero hay un cachimbo de grupitos de dos y tres que son los que se encargan de andar estafando gente”, confesó Lanza.

Los transportistas detectaron que han tomado fuerza estructuras como Los Chirizos, El combo que se deja, Los Especiales y el M-1. Con comprar un teléfono tienen el arma para intimidar a un transportista, en otros casos son infiltrados, porque hace poco capturaron a dos conductores y a la pareja de uno de de ellos por ser autores de la extorsión.

Cuando son grupos de dos o de tres personas piden que se les den unos 15,000 o 20,000 lempiras semanales. Dependiendo de la cantidad de buses bajo el dominio del transportista por ruta, así es el monto de dinero que solicitan los criminales.

Los cobros se aplican según el tipo de marero, algunos cobran 700, otros 500 y hasta 200 lempiras diarios por unidad a la semana, una gran cantidad de dinero, pero lo peor es que en algunos lugares se pagan hasta a siete organizaciones.

Lanza ejemplificó que esta situación ocurre en la ruta de Río Abajo, una de las más golpeadas. En tanto, en otros lugares pagan a cuatro o tres grupos criminales. Es sabido que en las rutas del bulevar Fuerzas Armadas y en el anillo periférico pagan a dos estructuras criminales.

El combate a este tipo de actividades criminales ha resultado tan ineficaz que muchas rutas han sido cerradas, algunas de manera temporal y otras de forma definitiva. Los delincuentes imponen sus exigencias a voluntad, aumentando los pagos cuando se les antoja y llegando incluso a demandar aguinaldo”, décimo cuarto mes e incentivos para Semana Santa, extorsionando sin freno a los empresarios del sector.

En la capital dejaron de funcionar rutas porque los extorsionadores pidieron incrementos, como en la de Arturo Quezada, Calpules, Cerro Grande y El Reparto. El servicio en Los Pinos también estuvo paralizado, pero ya volvieron a reactivarse, después de llegar a un acuerdo.

No obstante, hay otros sectores donde los pobladores se han quedado sin transporte público por culpa de los extorsionadores, como El Sitio, donde no volvieron a trabajar. Los mareros no lo permitieron.

Lanza explicó que como sector del transporte han sostenido bastantes reuniones con las autoridades de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), pero sus agentes no llegan a los cabecillas de las estructuras criminales, “no les han podido pegar buenos golpes”.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, dijo a EL HERALDO Plus que en noviembre de 2022 el gobierno presentó un plan para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos bastante interesante y estratégico, pero lamentablemente perdió el enfoque cuando se empezó desde la Secretaría de Seguridad a trabajar más bajo el estado de excepción.

En definitiva, la extorsión se mantiene en un estado bastante crítico, ya que si bien en las denuncias hay una mejora aparentemente en este año, hay una gran deuda en la parte investigativa, judicialización y condena.

“Entonces, es ahí donde nosotros decimos que de haberse cumplido ese plan -contra la extorsión- hace dos años y medio, en este momento nosotros tendríamos a la vista mejores resultados”, lamentó Castañeda, consciente que este delito frena el desarrollo económico del país.

Comparó que de 3,286 denuncias registradas del 2022 al 2024, se ve una reducción del 70% , es como decirle que la confianza de la ciudadanía afectada por la extorsión bajó en un 70% hacia sus autoridades.

“Ese es un problema que tiene actualmente la Policía Nacional y debe de buscar las maneras de recuperar esa confianza ciudadana, mejorar la percepción, pero también es una tarea de los nuevos candidatos presidenciales, que dentro de sus planes de gobierno vaya establecido el tema de la recuperación de la confianza en la institución policial”, dijo Castañeda.

El problema es que la gente tiene temor a denunciar, porque está decepcionada de la institución por la falta de resultados “y nosotros ya lo hemos dicho, la extorsión no puede continuar bajo una tasa de impunidad del 90%”.

En las principales ciudades de Honduras, ninguna colonia está exenta del cobro de la extorsión, pero lamentablemente el control territorial se ha desbordado y la propagación de estas redes criminales han llegado a zonas del país donde antes no se reportaba este fenómeno criminal.

Los departamentos con la tasa más alta de extorsión, según los informes de la ASJ, son Intibucá con el 18.2%, Atlántida 15.8%, Colón 15.2%, Choluteca 14.8%, Francisco Morazán 14.5% y Cortés con el 12.4%.

Las ganancias son millonarias, según Castañeda, pues al año la extorsión genera entre 700 a 800 millones de dólares, es decir, unos 20,000 millones de lempiras, aunque el sector transporte lo eleva un poco más.

Castañeda precisó que se pensaba que con la creación de una nueva agencia policial y un plan antiextorsión iba a haber mayor capacidad, mayor tecnología y mayor formación para el combate al delito, pero lamentablemente no se vio ese cambio significativo.

En la lucha contra la extorsión, las operaciones de inteligencia son limitadas, debido a que en los últimos años solo se han dedicado a atender los casos donde existe una denuncia como tal, de lo contrario no se atreven a combatirlo de oficio.

Mario Fu, portavoz de la Dipampco, explicó a EL HERALDO Plus que en estos últimos años se han focalizado en combatir y dar respuesta sobre el ilícito de la extorsión, pero en razón de las denuncias que se interponen a través de la línea 143 o de manera presencial en las oficinas de esta agencia policial en todo el país.

En atención a estas denuncias, desde el nacimiento de la Dipampco, en julio de 2022 a la fecha, más de 6,500 integrantes de grupos criminales han sido capturados por estar relacionados a la venta y distribución de narcóticos, extorsiones, homicidios, lavado de activos entre otro tipo de delitos, de los cuales, el 92% de ellos se encuentran con auto de formal procesamiento y podrían recibir penas severas.

Fu defendió que gracias a las capturas que se han realizado, desde julio de 2022 hasta la fecha, más de 240 millones de lempiras no han llegado a manos de estructuras criminales por cobro de extorsión, y también se les han decomisado en efectivo alrededor de 8 millones de lempiras.

Consultado sobre si las grandes estructuras criminales se están retirando de esta práctica, como la MS-13 y la Pandilla 18, el vocero explicó que han detectado que los desertores de maras y pandillas están armando sus propias bandas criminales para cobrar extorsión, vender y distribuir narcóticos, entre otro tipo de actividades ilícitas.

La Dipampco ya ha logrado identificar que esos individuos ejercen extorsiones de manera independiente, pero simulan ser integrantes de maras y pandillas, y cuando son capturados, siempre el investigador busca acreditarle el delito de asociación para delinquir, porque cometieron el ilícito bajo la figura de una mara, pandilla o grupo criminal.

Una de las limitantes que tiene la Dipampco es que debe existir una denuncia para poder acusar a un extorsionador, por lo que buscan reformar el Código Penal para cambiar la naturaleza del delito.

¿Qué es lo que propone la Policía Nacional? Que el delito se cometa en contra del estado de Honduras, y no contra una persona particular o privada, porque las personas tienen miedo a denunciar. Si la víctima no quiere denunciar, entonces no hay respaldo legal que sustente la acción en contra del capturado, puntualizó Fu.