Expertos: Gobernación, diputados y ONG son responsables de los L150 millones
Los proyectos siguen sin ejecutarse y la opacidad reina en todo el proceso. Mientras tanto, las autoridades eluden su responsabilidad en la fiscalización y rendición de cuentas
- 30 de julio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- Más de 150 millones de lempiras fueron gestionados por diputados de Libre y entregados por la Secretaría de Gobernación a dos ONG dirigidas por militantes del partido. Aunque controlan, aprueban y gestionan los recursos, ninguna institución asume la responsabilidad de fiscalizarlos, dejando en el limbo la rendición de cuentas y la transparencia.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, intentó deslindar a su dependencia de cualquier obligación de rendición de cuentas.
“Esos son fondos del Congreso Nacional (asignados a las ONG), y quien hace la auditoría son los diputados, y a quien deben presentar el informe es al Congreso Nacional de la República”, indicó.
Sin embargo, esa versión contradice lo que establece la legislación hondureña. De acuerdo con la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto —en sus artículos 292 (2023), 338 (2024) y 349 (2025)—, estos fondos no pertenecen al Congreso Nacional, sino al Presupuesto General de la República, y deben ser auditados exclusivamente por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La normativa establece que la institución ejecutora, en este caso la Secretaría de Gobernación, está obligada a presentar un informe de liquidación al TSC una vez concluidos los proyectos, con copia a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional.
Las organizaciones que fueron beneficiadas por los diputados y el gobierno son la Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), ambas dirigidas por personas vinculadas directamente al partido Libertad y Refundación (Libre).
EL HERALDO Plus comprobó que los recursos fueron canalizados a través de al menos siete instituciones públicas: entre ellas, Gobernación y Justicia, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y Educrédito. No obstante, hasta la fecha no hay evidencia de obras iniciadas ni informes de ejecución disponibles al público.
Ante el vacío de información y la falta de acciones institucionales, este equipo de investigación consultó a expertos en derecho, exfiscales del Ministerio Público y diputados de diferentes bancadas.
El abogado Henry Salinas, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, fue enfático en señalar que el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar. Según explicó, el Fiscal General debería actuar sin considerar afiliaciones políticas y presentar requerimientos fiscales contra cualquier funcionario o particular involucrado en el uso indebido de estos fondos.
“La corrupción debe perseguirse sin importar el partido o jerarquía. Estos fondos están siendo utilizados para fines político-electorales, y eso es constitutivo de delito”, aseguró Salinas.
Además, cuestionó el silencio del Ministerio Público en este caso, y recordó que mientras en el pasado la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) sí presentó requerimientos, hoy el fiscal general parece más enfocado en eventos del ayer que en atender las denuncias actuales.
“Necesitamos respuestas de este momento, no justificaciones sobre elecciones de hace una década”, sentenció.
Salinas también destacó el mal desempeño institucional reflejado en el Índice de Transparencia Legislativa elaborado por la Red Internacional de Transparencia Legislativa.
Honduras obtuvo apenas 23 puntos sobre 100, siendo el Congreso Nacional el peor evaluado de América Latina, especialmente por la opacidad en el manejo de fondos por parte de los diputados, de acuerdo con el profesional del derecho.
La exfiscal Nilia Ramos coincidió en que hay responsabilidad penal y administrativa en todos los niveles, tanto en los diputados que gestionaron, el ministro que entregó los fondos sin verificar su uso y las ONGs que no ejecutaron los proyectos.
“Repartieron el dinero del pueblo hondureño como si fueran confites en un cumpleaños”, dijo con indignación.
A su juicio, el Ministerio Público no solo debe investigar a miembros de la oposición, sino también a los funcionarios y aliados del partido de gobierno. “Todos tienen responsabilidad: por acción u omisión”, sostuvo.
Ramos denunció también que este patrón se repite en cada gobierno, pero que en este caso hay un agravante: se trata de una administración que llegó al poder con una bandera anticorrupción.
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Estafa
“Prometieron justicia. Prometieron transparencia. Pero lo que vemos es más opacidad, más silencio, más complicidad. El Ministerio Público no puede seguir callado. La ciudadanía está harta. Quiere justicia de verdad, no discursos”.
La abogada penalista y exfiscal del Ministerio Público, Claudia Erazo, cuestionó la legalidad con que fueron ejecutados los fondos, señalando que debe investigarse si la Secretaría de Gobernación, como institución ejecutora, tenía realmente una unidad habilitada para administrar esos recursos públicos. De no existir tal unidad, explicó, el otorgamiento de fondos podría haberse hecho de forma irregular.
“¿Quién firmó? ¿Quién autorizó esas transferencias? Si no existe una unidad ejecutora debidamente constituida, entonces el ministro de Gobernación no tenía atribución directa para autorizar esos fondos, a menos que algún reglamento interno así lo estableciera. Si no existe tal unidad, hay responsabilidad directa”, afirmó Erazo.
Además, fue categórica al recordar que el Ministerio Público tiene facultad para investigar de oficio, sin necesidad de esperar denuncias formales.
“Fui fiscal y asesora en varias unidades del Ministerio Público. Sé que toda investigación periodística documentada puede servir como base para abrir una investigación de oficio. Está contemplado en el reglamento interno de la Dirección de Fiscalía. Por tanto, esta investigación periodística debe generar una acción inmediata”, subrayó.
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Interactivo
Por su parte, el abogado penalista Germán Licona advirtió que los fondos fueron canalizados directamente desde el Congreso Nacional a las ONG, sin pasar por las secretarías de Estado, posiblemente para eludir los controles administrativos y evadir la rendición de cuentas.
“El Congreso usó a las ONG como intermediarias para mover fondos sin pasar por los filtros institucionales. Hay personas en las comunidades que aparecen como beneficiarias, pero nunca recibieron ayuda. Otras, por vergüenza y dignidad, están devolviendo el dinero porque sienten que fueron expuestas al escarnio público”, afirmó.
Licona señaló que la Secretaría de Gobernación debió crear y supervisar una unidad ejecutora, que verificara la capacidad técnica de las organizaciones y evaluara si podían ejecutar los proyectos. En caso de no contar con esa capacidad, los fondos debieron transferirse a las municipalidades.
“Aquí hay una cadena de responsabilidades: los diputados que señalaron a dedo a los beneficiarios, las secretarías que omitieron crear mecanismos de control y las ONG que recibieron los recursos sin mostrar resultados. El Ministerio Público debe actuar contra los tres niveles”, sostuvo.
La diputada Suyapa Figueroa, reconocida por su postura crítica dentro del Congreso, recordó que este esquema de financiamiento a través de ONG no es nuevo. La extinta Maccih ya había documentado esta mecánica durante gobiernos anteriores, y denunció que la actual administración la ha replicado.
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Buscador
“Este gobierno prometió romper con la corrupción del pasado, pero lo único que ha hecho es reproducir el mismo modelo de desvío de fondos, y en algunos casos de forma aún más descarada”, señaló.
Además, expuso que “las ONG se usan como vehículos para evadir la Ley de Contratación del Estado, porque no tienen que licitar, no presentan cotizaciones y eso facilita la corrupción y el lavado de activos”.
Figueroa también alertó sobre la posible compra de votos en el Congreso mediante la entrega discrecional de estos fondos. “Se deben investigar los montos, las fechas en que se entregaron, y si coinciden con votaciones estratégicas dentro del Legislativo. Eso sería corrupción legislativa directa”, advirtió.
La diputada cuestionó la impunidad estructural que permite que estos casos se repitan. “La corrupción es grave, pero la impunidad es peor, porque le garantiza a los corruptos que podrán seguir operando sin consecuencias. Este gobierno, como los anteriores, apuesta a que una futura amnistía los protegerá”.
“Estamos ante una práctica sistemática que no solo debe investigarse, sino dejar precedentes judiciales reales. La ley debe aplicarse. La ciudadanía no puede seguir pagando el precio de la inacción”, concluyó.
El abogado César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fue tajante: en el caso de los 150 millones de lempiras asignados a ONGs ligadas al oficialismo, todos los actores involucrados deben rendir cuentas. Nadie está exento de responsabilidad.
Espinal detalló que, aunque los trámites para constituir una asociación civil ante la Secretaría de Gobernación suelen ser largos y engorrosos, estas ONGs aparecieron repentinamente registradas y con contratos millonarios.
“¿Cómo es posible que organizaciones, probablemente sin cumplir todos los requisitos, accedan tan rápido a fondos públicos? Es el mismo patrón de siempre: crear estructuras legales para simular legalidad y ocultar manejos irregulares”.
Para el abogado, el mecanismo es claro: se entrega el dinero a terceros —ONGs, en este caso— fuera del control directo del Estado, para que luego los fondos puedan ser utilizados con fines partidistas, políticos o incluso personales. Y frente a esa operación, todos los actores tienen participación.
“Los diputados gestionan, Gobernación canaliza, las ONGs ejecutan —al menos en papel—. Eso significa que cada uno tiene un rol en la cadena de responsabilidades, y por tanto todos están obligados a rendir cuentas”.
Además, Espinal fue enfático al señalar que el Ministerio Público debe investigar de oficio este caso, ya que existe suficiente información en el dominio público, como reportajes periodísticos y documentos oficiales, para iniciar diligencias sin necesidad de una denuncia formal.
“Hechos como este no pueden quedar en el archivo muerto. La normativa interna del Ministerio Público les permite iniciar investigaciones de oficio, y esta información ya está sobre la mesa. No estamos hablando de papeles extraviados; los expedientes existen, los fondos se transfirieron, las fechas están claras. Es más fácil investigar ahora que después”.
Espinal también instó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Secretaría de Transparencia a tomar cartas en el asunto. Aunque se anunció una supuesta investigación desde el Poder Ejecutivo, los resultados han sido inexistentes.
“Lo que tenemos es una operación de imagen: ruido mediático para calmar el escándalo, pero cero resultados. Dicen que investigan, pero no hay informes, no hay sanciones, no hay nada. Y cuando no pasa nada, en realidad está pasando mucho: lo que están intentando es encubrir una corrupción evidente”.
Por último, el representante del CNA fue contundente al concluir que "las ONGs que recibieron y no ejecutaron, la Secretaría de Gobernación que canalizó sin control, y los diputados que iniciaron todo el proceso. Estamos hablando de recursos del Estado, y eso exige responsabilidad no solo legal, sino también política y ética. El pueblo hondureño merece saber dónde está su dinero”.
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