Tegucigalpa, Honduras.- “La verdad es que, con que haga la tarifa que tengo que pagar, me conformo”, “Lo bueno de trabajar en ese punto es que los dueños de los buses son los que se encargan de pagar la plata, así no anda en zonas calientes uno”.
Así de “normal” les queda conversar de un flagelo tan peligroso y sensible como la extorsión, algunos conductores del transporte urbano, personas que día a día cargan con el peso de pagar dinero a las bandas criminales les exigen a cambio de trabajar en “sus zonas”.
Según datos de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crímen Organizado (Dipampco), en lo que va del año –desde enero hasta junio– se han registrado más de 1,000 denuncias por extorsión en el país.
“El mayor número de operaciones y de resultados –de extorsión– se obtienen en San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades con la mayor población y las dos ciudades donde se centra la mayor parte de la economía del país”, afirmó a EL HERALDO, Mario Fu, portavoz de la Dipampco.
Según Fu, esto se debe a que “a mayor circulantes, mayor amenaza hay por este tipo de grupos delincuenciales”.
Es por esta razón, para los transportistas de la capital se ha vuelto un vía crucis sin final, tener que realizar pagos para poder prestar un servicio de movilización de usuarios.
“Le estamos apostando a la reducción y en este caso a lograr tener control sobre estas amenazas cometidas por estos grupos, no obstante, continúan existiendo espacios que son aprovechados por estos grupos y no pueden ser ni regulados ni controlados por la Policía Nacional”, admitió Fu.
No se logra regular las bases de datos de las líneas telefónicas, una de las formas más comunes de trabajar de estas bandas delictivas, por las que llaman, extorsionan, desechan el chip.
“Las operadoras de telefonía móvil están trabajando en regular esto, pero no se ha logrado en este caso tener una base de datos que sea real y certificada y que los investigadores puedan tener la plena certeza de a quién pertenece una línea telefónica”, lamentó.
Medidas
La extorsión ha golpeado a Honduras y su capital desde hace muchos años atrás. En 2022 el gobierno decidió implementar el estado de excepción, una medida que según las autoridades ayudaría a regular la situación.
Sin embargo, sectores civiles consideran que esta medida solo ha ayudado a incrementar las denuncias por abuso de autoridad y falta a los derechos humanos.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) explicó que “la idea del estado de excepción, desde que se aplicó el 6 de diciembre del 2022, es que íbamos a notar una disminución significativa en el cobro de la extorsión en el país"
"Pero, por el contrario, la ASJ ha venido demostrando que del 2022 al 2024, la tasa de victimización ha ido aumentando”, lamentó Castañeda.
El último caso más grave se presentó el pasado lunes, cuando por supuestos cobro de extorsión, delincuentes dispararon en contra del conductor de una mototaxi, un pasajero y otra persona que transitaba por la calle hasta causarles la muerte.
Según Fu, las autoridades investigan la situación “los primeros resultados es que está identificando a los que participaron en este hecho y en los próximos días ya podríamos tener resultados concretos, con esta primera perfilación e identificación de los individuos se van a iniciar las acciones de rastreo y de captura”.
Este hecho ha reflejado la verdadera situación que viven a diario los transportistas: el miedo, la angustia y la ansiedad. Sin mencionar que trabajar en el rubro es casi una ruleta rusa.
Castañeda realizó un llamado al gobierno, para que empiece a tomar medidas que verdaderamente funcionen y que puedan servir de garantía a todo este sector de la población.
