Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este miércoles el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), contra el estado de excepción.
El recurso fue admitido luego de que el Poder Ejecutivo ampliara esta medida por un lapso de 45 días más, iniciando desde el 19 de mayo hasta el 3 de julio.
Cabe recordar que el pasado 6 de febrero, la ASJ presentó el recurso contra los decretos ejecutivos que han extendido el estado de excepción por 21 ocasiones.
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"Sala de lo Constitucional admite recurso de inconstitucionalidad presentado por ASJ contra el estado de excepción".
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Castañeda explicó que si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad de suspender algunos derechos constitucionales, enfatizó que deben seguir el proceso correspondiente que consiste en que el decreto debe pasar por el Congreso Nacional para ser ratificado, sea modificado o improbado. Esto está contemplado en el inciso 4 del artículo 187 de la Constitución de la República.
"Nosotros no estamos en contra del combate frontal contra el crimen organizado, más bien hemos sido los que más lo hemos promovido. Lo que pedimos es que se hagan legal y de debida forma, que no se suspendan derechos y garantías si no se cuentan con todos los mecanismos", declaró Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ.
Por otro lado, señaló que esperan que la Sala de lo Constitucional emita un fallo a favor antes de las elecciones generales convocadas para el 30 de noviembre, apuntando que "es peligroso entrar a un proceso electoral basado en una restricción de derechos y garantías".
El representante de ASJ afirmó que el estado de excepción durante la jornada electoral es antodemocrático, es contrario al Estado de Derecho y de los estándares internacionales.
Además, señaló que la eliminación del estado de excepción le ayudaría al Estado de Honduras evitar repercusiones por las violaciones a derechos humanos que se han cometidos amparados por el decreto PCM-29-2022 que ha sido extendido repetidamente.
El gobierno presidido por Xiomara Castro tomó la determinación de decretar un estado de excepción con el fin de combatir la inseguridad, principalmente en los barrios y colonias más peligrosas de Distrito Central y San Pedro Sula.
Aunque desde el oficialismo se sostiene que esta medida ha ayudado a reducir los índices de criminalidad, otros sectores han cuestionado sus pírricos resultados.
Desde el 6 de diciembre de 2022 hasta marzo de 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) contabilizó 350 masacres registradas bajo el estado de excepción.
