Tegucigalpa, Honduras.- Luego de ser señalados por la Fiscalía de Estados Unidos de regalar una casa a Tibisay Lucena Ramírez, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Smartmatic aseguró a EL HERALDO que las acusaciones "están llenas de tergiversaciones".
Francisco Campos, representante de Smartmatic para Honduras y Centroamérica, argumentó que se trata de una "campaña de descrédito", pues "solo es parte de la estrategia de cosas e intereses más grandes y que trascienden lo electoral".
Nosotros "siempre hemos actuado con apego a la ley, de forma ética y transparente", dijo, al afirmar que son respaldados por más de dos décadas de trayectoria "intachable".
Según Campos, las acusaciones del Departamento de Justicia están llenas de tergiversaciones, y "un ejemplo claro es la referencia a un supuesto soborno en Venezuela en 2019 (la acusación dice 2017), totalmente ajena a la lógica y a la realidad. Smartmatic puso fin a todas sus operaciones en Venezuela en agosto de 2017, tras denunciar al gobierno, y desde entonces nunca ha buscado retomar negocios en el país".
Incluso, recordó que "en marzo anterior en Honduras esta empresa tuvo un desempeño admirable, todos los partidos aceptaron los resultados, nadie, absolutamente nadie, salió a reclamar" sobre los resultados.
Campos se refirió a que en marzo de 2025 esa empresa prestó los servicios de biometría y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) a Honduras.
Además, Smartmatic fue la única empresa que los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) dejaron que presentara su oferta para el sistema del TREP de las generales del 30 de noviembre de noviembre.
Denuncia de Estados Unidos
Campos se refirió a los documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida que exponen cómo el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, supuestamente entregó una casa a Lucena Ramírez en Caracas entre abril y julio de 2019.
Las autoridades federales dijeron que el acusado entregó "una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera", para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
La Fiscalía de Estados Unidos evidenció que a cambio de la ayuda de Lucena Ramírez con el estatus de la compañía como proveedor de servicios electorales en Venezuela, Piñate la sobornó con las escrituras y el uso de la residencia en Caracas.
En las elecciones de 2017, Smartmatic y el gobierno del venezolano Nicolás Maduro se enfrentaron judicialmente, luego de que la firma reportó una diferencia de un millón de votos en las cifras de participación que proclamó el chavismo, lo que derivó en la salida de la compañía del país en marzo de 2018.
En ese entonces, Maduro suspendió los pagos y los contratos de Smartmatic, que había prestado servicios de máquinas de votación y otros relacionados de 2004 a 2018, por lo que buscó la ayuda de Lucena Ramírez, presidenta del CNE de 2006 hasta 2020.
"Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el gobierno (de Estados Unidos) intenta probar y argumentar que esto implicó un pago de soborno para su ayuda en negocios relacionados con la elección mientras ella estaba empleada en el CNE", indica el documento judicial estadounidense.
Las pruebas fueron presentadas como parte de un caso más amplio contra el fundador de Smartmatic, empresa con sede en Londres que ha prestado servicios a entes electorales de países como Venezuela, México y Estados Unidos.
