Equipo valorado en L1,100 millones sin usar en Palmerola

Comayagua, Honduras.- Los pilotos que aterrizan y despegan en la pista del aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, lo hacen de forma visual, tanto de día como de noche. La causa: los equipos necesarios para activar los instrumentos de aproximación no se encienden, pese a tener entre dos y tres años de haber sido instalados, pero permanecen abandonados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus tuvo acceso a documentos que constatan que las empresas españolas encargadas de las obras complementarias para garantizar la seguridad operacional de Palmerola cumplieron con su trabajo.

Las compañías especializadas en aeropuertos entregaron los proyectos al entonces ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos. Sin embargo, este ignoró los procedimientos que debían seguirse para transferir las obras al concesionario Palmerola International Airport (PIA), según denunciaron sus ejecutivos.

Actualmente, Palmerola cuenta con una moderna torre de control equipada con instrumentos de última generación que se están deteriorando desde hace dos o tres años. También dispone de radares y sistemas de navegación aérea que deberían estar al servicio de los pasajeros del aeropuerto.

Estos equipos también servirían para las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo) de Estados Unidos y para los pilotos de la Academia Militar de Aviación (AMA) de la Base Aérea José Enrique Soto Cano, de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

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Se estima que en todos los proyectos necesarios para la operación de Palmerola se invirtieron más de 45.5 millones de dólares —equivalentes a unos 1,100 millones de lempiras al cambio actual— provenientes del Programa de Conversión de Deuda con el Gobierno de España.

El estado de las obras en Palmerola cobra importancia tras que el excongresista estadounidense Matt Gaetz, un hombre cercano al presidente Donald Trump, denunció en su programa televisivo que en Palmerola se opera con equipo desactivado, lo que pone en riesgo las operaciones y seguridad de la base militar de Estados Unidos que funciona en el sitio.

La empresa UTE Consorcio Elecnor-Sampol fue la encargada de construir la central eléctrica y los anillos por un monto de 14.5 millones de dólares (más de 380 millones de lempiras), según Fernando Pinzón, gerente de Ingeniería y Mantenimiento de PIA.

Pinzón explicó que esta obra recibe la energía de la red de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la distribuye en todo el polígono del área concesionada del aeropuerto.

Mediante una subestación principal y un cableado de anillos de media tensión, la central distribuye energía a 15 subestaciones. Sin embargo, como no está en funcionamiento, impide que se enciendan las luces, equipos y algunos edificios.

La misma empresa también estuvo a cargo del balizamiento, por un costo de 5.5 millones de dólares (unos 140 millones de lempiras). Pinzón explicó que el balizamiento consiste en ayudas visuales instaladas para guiar y orientar a los pilotos durante el aterrizaje, rodaje y despegue.

Se trata de las luces de pista, que ya fueron instaladas y entregadas -al igual que la central eléctrica- desde el 23 de septiembre de 2022. No obstante, la SIT no las puso en funcionamiento para hacer la entrega oficial al operador.

“Los equipos que están instalados en Palmerola son modernos, son equipos de marcas top, no estamos hablando que se encuentran en cualquier ferretería, son equipo eléctrico que se utiliza en aeródromos de primer nivel a nivel mundial”, sostuvo Pinzón.

Otra de las obras importantes es la torre de control, también construida por la empresa UTE Consorcio Elecnor-Sampol, valorada en siete millones de dólares (más de 180 millones de lempiras). Según el experto, este componente no se ha puesto en funcionamiento desde que fue entregado por la empresa.

La misma compañía construyó el edificio de bomberos, denominado Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, por un monto de 2.9 millones de dólares (75 millones de lempiras). Esta instalación fue habitada antes del inicio de operaciones del aeropuerto entre noviembre y diciembre del 2021.

Para el equipamiento de la torre de control se contrató a la empresa Indra Sistemas S.A., por un monto de dos millones de dólares (más de 50 millones de lempiras). El proyecto fue entregado a la SIT en agosto de 2023.

Este equipamiento incluye sistemas de comunicación para la torre y otros destinados a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), pero tampoco están operativos.

Además, la empresa Elecnor S.A. instaló sistemas de vigilancia y ayudas a la navegación (NAVAIDs) por un monto de tres millones de dólares (L78 millones). Estos fueron entregados el 28 de febrero de 2022, es decir, hace más de tres años, según los documentos en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Estas ayudas se componen de un VOR/DME, que proporciona información sobre la ubicación y distancia del aeródromo, pero no está en uso.

También incluye un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS categoría 1), cuya instalación está finalizada, pero no operativa. Solo se requiere un vuelo de verificación para constatar que las ayudas están funcionales.

Al iniciar operaciones, las autoridades sí proporcionaron las pasarelas de embarque (mangas), compradas a la empresa TK Airport Solutions S.A. por un monto de 4.2 millones dólares (superando los mil millones de lempiras).

Las pasarelas de embarque conectan el edificio de la terminal con cada una de las aeronaves. “Nosotros, desde el inicio de las operaciones anticipadas del aeropuerto, las tenemos bajo nuestra responsabilidad”, dijo Pinzón.

El experto aseguró que incluso las aerolíneas han manifestado que no entienden cómo, teniendo equipo de última generación instalado, se utilicen sistemas provisionales que no ofrecen la misma confiabilidad.

Otro problema es que el Estado aún no entrega la estación depuradora de aguas residuales del aeropuerto, donde debe realizarse el tratamiento para cumplir con la normativa ambiental.

Erick Spears representante legal de PIA, declaró a EL HERALDO Plus que al no poner a funcionar estos equipos, las aerolíneas son las más afectadas, porque significa un gasto de 15 a 20 minutos más en tiempo y consumo de combustible al tener que ir a dar vuelta a Toncontín y se evita que el aeropuerto alcance la categoría 1 para alcanzar un mejor posicionamiento en seguridad internacional.

Señaló que Mauricio Ramos como titular de la SIT en conferencia de prensa se declaró en rebeldía contra Palmerola, y “fue cuando nosotros decidimos defendernos públicamente, y le dijimos, señor, usted tiene 200 oficios que no nos ha contestado, y eso no es rebeldía, es omisión de los deberes de los funcionarios, es prevaricato administrativo”, y decidieron acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Erick Spears, representante legal de PIA, declaró a EL HERALDO Plus que la falta de operación de estos equipos afecta directamente a las aerolíneas, ya que implica entre 15 y 20 minutos adicionales en tiempo y consumo de combustible al tener que dar la vuelta en Toncontín. También impide que el aeropuerto alcance la categoría 1 en seguridad internacional.

Señaló que Mauricio Ramos, en su calidad de titular de la SIT, se declaró en rebeldía contra Palmerola en una conferencia de prensa.

“Fue cuando nosotros decidimos defendernos públicamente, y le dijimos: señor, usted tiene 200 oficios que no nos ha contestado. Y eso no es rebeldía, es omisión de los deberes de los funcionarios, es prevaricato administrativo”, expresó Spears.

Ante esa situación, decidieron acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“¿Cuál es una de las reclamaciones propias de nosotros? Es que nos entreguen las obras; en aquel momento no sabíamos que ya estaban recepcionadas por parte de ellos”, cuestionó. Posteriormente, la embajada de España comunicó que fueron entregadas desde 2022.

Con la llegada del nuevo ministro de la SIT, Octavio Pineda, “a dos semanas de asumir el cargo, nos convocó a una reunión. Firmamos un memorándum de entendimiento el 20 de enero de 2024, en el cual se establecen las bases de los problemas y cómo abordarlos”, relató.

A partir de ese acuerdo, PIA decidió retirar de forma unilateral la demanda ante el CIADI como muestra de buena fe. No obstante, todo se estancó, ya que las obras llevan dos años sin uso y ahora deben ponerse a punto con una nueva inversión para garantizar su funcionalidad.

El ministro de la SIT declaró este jueves que “mucho del tema de la degeneración de esta situación que hoy nos encontramos fue por malas decisiones anteriores. Estas obras las tuvo que haber hecho el concesionario, no el concedente”.

Confirmó que firmó el memorándum de entendimiento para poner en funcionamiento la terminal de carga y que PIA retiró la demanda ante el CIADI. Además, para 2025 se acordó entre las partes una hoja de ruta para las entregas. Sin embargo, para que estas obras se concluyan, se estima una inversión adicional de entre un millón y 1.5 millones de dólares.

El financiamiento debería provenir del fondo de ayuda de España a través del BCIE o del fideicomiso, pero la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) advirtió que ese acuerdo es nulo y amenazó con denunciar el caso ante el Ministerio Público (MP), sostuvo Pineda.

El espíritu de la SIT, según sus declaraciones, es poner a punto las obras, certificarlas y entregarlas al concesionario para su operación y mantenimiento.

Mario Ayala, superintendente de la SAPP, declaró a EL HERALDO Plus que el proyecto no ha sido sometido aún a la consideración de la Superintendencia. Explicó que la información debe llegar primero a la SAP, seguir un trámite administrativo con dictámenes incluidos y luego ser elevada al pleno para pronunciamiento oficial.

Indicó que los trámites deben cumplir un procedimiento establecido, y que antes de que el proyecto llegue a la SAPP, debe pasar por la Secretaría de Finanzas (Sefin) para definir la fuente de financiamiento.

Reconoció que las obras deben ponerse en funcionamiento, pero señaló que se requieren fuentes de financiamiento, que podrían ser del Programa de Conversión de Deuda de España a Honduras, fondos del BCIE o recursos propios del concesionario, siempre que se determine el mecanismo de repago.

“Como SAPP, lo que procede es que si ellos nos mandan un proyecto de acuerdo o de entendimiento entre el concedente y el concesionario, la Superintendencia sigue el trámite correspondiente: solicita los dictámenes internos y luego lo eleva al pleno para pronunciarse de forma oficial”, precisó Ayala.