Sedesol pidió millones a Finanzas para ayudas sociales con solicitudes duplicadas

Tegucigalpa, Honduras.- Registros de beneficiarios duplicados y hasta triplicados, personas sin respaldo documental, números de identidad incompletos y solicitudes millonarias sin listados de quienes recibirían los recursos.

Esas fueron algunas de las inconsistencias que la Secretaría de Finanzas encontró al revisar los fondos solicitados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para financiar ayudas canalizadas por diputados y exdiputados entre 2023 y 2025.

Para reconstruir el proceso, EL HERALDO Plus analizó cinco resoluciones emitidas por Finanzas entre 2023 y 2025 sobre recursos para becas, obras sociales, infraestructura menor y cupones de alimentos. En cuatro, Finanzas dejó constancia de inconsistencias que obligaron a corregir o depurar la información antes de autorizar los fondos.

El caso de mayor cuantía comenzó en noviembre de 2023. Mediante la Resolución 424-2023, Sedesol solicitó más de 254 millones de lempiras: más de 188 millones para obras sociales, unos 65 millones para becas y el resto para infraestructura menor.

La documentación tenía vacíos. Sedesol no presentó los listados de beneficiarios de las obras sociales y la infraestructura menor. Para las becas entregó una base con 12,002 personas, pero Finanzas encontró 483 registros de beneficiarios duplicados y triplicados.

Finanzas pidió correcciones los días 7, 8, 17, 20 y 21 de noviembre de 2023. La última documentación tampoco superó completamente la revisión: Finanzas encontró “nuevamente (...) beneficiarios duplicados y con número de identidad incompletos”. Finalmente consideró 11,809 beneficiarios con información completa y autorizó más de 59 millones de lempiras para becas, frente a los más de 65 millones solicitados.

La revisión de aquella solicitud continuó en diciembre. Sedesol presentó documentación por más de 133 millones de lempiras para atender 5,080 solicitudes de infraestructura menor y obras sociales. Finanzas encontró 166 registros duplicados, beneficiarios sin documentos de respaldo y componentes que no correspondían con los conceptos permitidos.

La Resolución 544-2023 calificó la documentación como “incompleta y presenta inconsistencias”. Debido al cierre del ejercicio fiscal y a que no había tiempo para una nueva corrección, Finanzas autorizó únicamente más de 17 millones de lempiras en esa etapa.

Las inconsistencias continuaron al año siguiente. En noviembre de 2024, Sedesol solicitó más de 12 millones de lempiras para 2,589 becas. Finanzas volvió a encontrar registros duplicados y, después de depurar la información, quedaron 2,588 beneficiarios.

Un mes después, Sedesol pidió más de 72 millones de lempiras para becas y cupones de alimentos. Finanzas también encontró registros duplicados entre los becarios. Después de revisar la información, quedaron 5,973 beneficiarios. Otra diferencia apareció en los cupones: Sedesol solicitó 43,095, pero la documentación revisada por Finanzas registró 42,845.

Solo para 2023, el Presupuesto General autorizó hasta 950 millones de lempiras para infraestructura menor, obras sociales y becas, que podían gestionarse a través de Sedesol y otras instituciones. Finanzas quedó facultada para hacer los movimientos presupuestarios necesarios cuando estas dependencias solicitaran los recursos.

En el caso de las ayudas gestionadas por diputados, las solicitudes pasaban primero por el Congreso Nacional. El Legislativo las trasladaba a Sedesol y esta pedía posteriormente a Finanzas los recursos para financiarlas.

La documentación remitida incluía un “cuadro de presupuesto por diputado” y un “expediente completo por diputado”, además de la nota del parlamentario al Congreso y la comunicación con la que el Legislativo remitía la gestión a Sedesol.

Las resoluciones también muestran de qué partida salieron los recursos. Finanzas tomó dinero que mantenía bajo su administración y lo trasladó al presupuesto de Sedesol para financiar las ayudas. Esa estructura presupuestaria se denominaba Servicios Financieros de la Administración Central (449) y podía incluir asignaciones para contingencias.

En la Resolución 424-2023, específicamente, los recursos trasladados a Sedesol estaban registrados en el programa 99, actividad 005, denominada “Asignaciones de egresos por consignar”.

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó el uso de esa fuente de recursos durante la presentación de un informe sobre fondos públicos gestionados por diputados y exdiputados.

“La 449 siempre es una línea altamente discrecional y es un fondo contingente que no está sujeto a lo que establecen los planes operativos anuales”, afirmó.

Aguilar también cuestionó que Finanzas recurriera a esa estructura para financiar estas ayudas. “¿Por qué Sefin decide usar líneas de emergencia para trasladar los fondos de becas, cupones y todo ese tema vinculado al asistencialismo?”, planteó.

Las resoluciones establecieron, además, que una vez incorporado el dinero a su presupuesto, Sedesol era responsable de liquidar los recursos y reportar su ejecución ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con copia a Finanzas y al Congreso Nacional.

De las cinco resoluciones revisadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, cuatro registraron inconsistencias. Estas correspondían a solicitudes y documentación por más de 254 millones, otra por 133 millones, la siguiente era de 12 millones y la última de 72 millones de lempiras. Solo la resolución de 2025, por más de 13 millones, no presentó problemas similares.

Las inconsistencias no quedaron concentradas en una sola solicitud: reaparecieron en distintos procesos y años.

Los hallazgos se suman a lo documentado en las tres entregas anteriores de esta investigación, en las que la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus siguió el destino de estas ayudas e identificó recursos que terminaron en manos de militantes y operadores políticos.

Para el analista político Francisco Pascua, esa repetición evidencia la fragilidad con la que, desde el principio, fueron manejados los recursos públicos destinados a estas ayudas sociales.

“Cuando estos errores se repiten en diferentes solicitudes ya no se puede ver cada caso de manera aislada. Sedesol tenía que contar con controles para verificar quiénes eran los beneficiarios, que la documentación estuviera completa y que los datos fueran correctos antes de solicitar millones de lempiras a Finanzas”, explicó Pascua.

Pascua consideró “preocupante” que las inconsistencias persistieran pese a las reiteradas correcciones solicitadas por Finanzas. “Esto refleja la debilidad de los controles y la incapacidad de corregir problemas incluso después de haber sido advertidos”, señaló.