La falta de confianza en las instituciones públicas no es un problema abstracto ni una discusión reservada para académicos. Se refleja todos los días en la vida cotidiana del hondureño: en quien decide no denunciar un delito porque supone que nada ocurrirá; en quien paga un soborno para acelerar un trámite que debería ser gratuito; en quien observa que algunos expedientes avanzan con rapidez mientras otros permanecen olvidados; y en quien termina buscando influencias para obtener un servicio que el Estado está obligado a garantizarle.
Cuando una institución pierde credibilidad, también pierde capacidad para cumplir su función. La ciudadanía deja de colaborar con la Policía, desconfía de los fiscales, evita acudir a los tribunales y asume que la atención médica, la educación pública o la ejecución de una obra dependerán más de contactos políticos que de reglas claras. Así se crea un círculo perverso: la debilidad institucional genera desconfianza y la desconfianza profundiza la debilidad institucional, y eso traducido en resultados: es un Estado de derecho débil que sostiene una fuerte inseguridad jurídica.
Los indicadores internacionales confirman que el problema es serio. En 2025, Honduras ocupó la posición 116 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Sus peores resultados estuvieron en justicia penal, cumplimiento regulatorio, ausencia de corrupción y justicia civil. Asimismo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 otorgó al país apenas 22 puntos de 100 y lo ubicó en el puesto 157 de 182 países.
Estos datos no solamente describen al Estado; describen también la calidad de vida de su población. Una institución ineficiente obliga a perder horas de trabajo en una fila, aumenta los costos de obtener justicia, expone a los enfermos a servicios deficientes, deteriora la educación de los niños y permite que obras necesarias sean sustituidas por proyectos escogidos con criterios partidarios.
Por eso, los gobiernos deben abandonar la visión populista que reduce la gestión pública a discursos, bolsas solidarias, inauguraciones y confrontaciones políticas. Gobernar también significa construir sistemas de mérito, digitalizar procesos, medir resultados, proteger a los denunciantes, profesionalizar el servicio civil, garantizar compras transparentes y sancionar a quienes utilizan las instituciones para favorecer intereses particulares.
Honduras no cambiará únicamente porque llegue un nuevo gobierno o porque se anuncien nuevas promesas. El verdadero giro llegará cuando la salud, la educación, la seguridad, las obras públicas, la justicia y la investigación funcionen con continuidad, profesionalismo e independencia, sin importar quién gobierne.
La confianza no se exige ni se decreta. Se gana cuando el ciudadano comprueba que la ley se aplica por igual, que una denuncia produce resultados, que un trámite avanza sin sobornos y que el Estado responde con dignidad. Fortalecer las instituciones es, en definitiva, mejorar la vida de las personas.
