Patronato fantasma recibió L1.5 millones de Sedesol tras gestión de exdiputado de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- Andrés Alfredo Castro Turcios pasó por el Congreso Nacional como diputado suplente de Libertad y Refundación (Libre) sin figurar entre los legisladores que marcaron agenda, encabezaron debates o asumieron posiciones de liderazgo durante la convulsa legislatura anterior. Su nombre, sin embargo, sí quedó registrado en la gestión de 3.6 millones de lempiras en ayudas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus siguió el rastro de esos recursos y encontró que del monto anterior al menos 1.5 millones de lempiras en bonos de alimentos fueron canalizados mediante un patronato que no existe en la comunidad donde supuestamente funcionaba y cuyo certificado incorporado al expediente corresponde a otra colonia.

Los otros 2.1 millones de lempiras fueron gestionados por Castro para obras sociales. Al cruzar los beneficiarios con registros partidarios, electorales, laborales, mercantiles y de contratación pública, esta investigación identificó entre ellos a integrantes de la Fuerza de Refundación Popular (FRP), una corriente interna de Libre; aspirantes políticos de este partido; y propietarios de empresas relacionados con su entorno.

Además de ser suplente de Juan Barahona, conocido como “Gorra Juca”, Castro dirigía en Francisco Morazán la FRP, un movimiento interno de Libre al que estaban vinculadas varias de las personas que recibieron recursos gestionados por él.

EL HERALDO Plus contactó a Castro vía WhatsApp para consultarle sobre los 3.6 millones de lempiras gestionados, el patronato mencionado en los documentos, la entrega de los 1,500 bonos y los vínculos identificados con otros beneficiarios, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

Este es el segundo reportaje de una serie de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus sobre el rastro de las ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados de Libre. La primera entrega documentó que entre 2023 y 2024 canalizaron casi 224 millones de lempiras de Sedesol.

La ruta de Castro comienza con la gestión de mayor monto identificada a su nombre en 2024: 1,500 bonos de alimentos por 1.5 millones de lempiras solicitados para habitantes de un sector que este equipo periodístico no logró localizar.

La solicitud fue presentada el 17 de diciembre de 2024 por Elia Mercedes Barahona Ortega, quien se identificó como presidenta del “Patronato de la colonia Sosa, sector Las Minitas” y pidió 1,500 bonos de alimentos, valorados en mil lempiras cada uno, para habitantes de esa comunidad.

El patronato, sin embargo, no dejó rastro en el lugar donde supuestamente funcionaba.

Durante un recorrido realizado por EL HERALDO Plus en La Sosa, residentes consultados dijeron no conocer un sector denominado Las Minitas ni identificaron a Barahona Ortega como presidenta de un patronato de la colonia.

Algunos pobladores mencionaron lugares con nombres similares, entre ellos un sector conocido como “La Lomita”, pero durante el recorrido no fue posible localizar la zona consignada en la solicitud ni a personas que reconocieran la organización que pidió los recursos.

Para descartar un posible error en el nombre o la ubicación, la Unidad de Investigación de EL HERALDO consultó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) sobre los patronatos registrados en La Sosa.

La búsqueda municipal tampoco encontró un patronato que representara al sector Las Minitas en La Sosa ni registros de Elia Barahona como presidenta de una organización comunitaria de esa colonia. La Alcaldía identificó a Yamileth Medrano como presidenta del patronato reconocido en La Sosa.

El expediente contiene además un certificado de patronato, pero el documento corresponde a otra colonia y no al supuesto sector Las Minitas de La Sosa mencionado en la solicitud. Por tanto, esa certificación no acredita la existencia ni el reconocimiento municipal de la organización que solicitó los 1.5 millones de lempiras. Estos elementos —la falta de reconocimiento entre residentes, la ausencia en los registros municipales y un certificado correspondiente a otra colonia— sostienen el hallazgo central sobre la organización consignada en la solicitud.

El trabajo de campo buscó además establecer si existían rastros de la entrega de los alimentos. Este equipo consultó a residentes, propietarios de pulperías, puestos de comida, tortillerías y otros comercios sobre distribuciones realizadas por Castro o personas vinculadas a Libre.

Aunque el patronato no pudo ser localizado en La Sosa, su nombre sí dejó una huella en internet. En marzo de 2024, meses antes de que se solicitaran los 1.5 millones de lempiras, fue creada en Facebook una página denominada Patronato de la colonia Las Minitas, cuya fotografía de perfil utiliza una imagen similar al sello que posteriormente apareció estampado en la solicitud presentada ante Sedesol.

El 17 de marzo de 2024, la página compartió una serie de fotografías publicadas originalmente por Castro el 12 de febrero de ese año. En ellas, el entonces diputado suplente aparece junto a pobladores, dirigentes y canastas de alimentos.

“Compartimos con dirigentes de La Sosa. Estamos cercanos trabajando para que nadie se quede atrás y avancemos juntos. ¡Unidos y organizados siempre venceremos”, escribió Castro en la publicación.

En las fotografías aparecen además algunas de las personas del entorno de Castro que posteriormente fueron identificadas por esta investigación entre los beneficiarios de otras ayudas sociales gestionadas por el excongresista.

Las imágenes documentan una actividad de Castro con supuestos pobladores de La Sosa y la presencia de canastas de alimentos, pero en ningún momento identifican a Las Minitas como un sector de la colonia ni permiten establecer que correspondan a los 1,500 bonos solicitados diez meses después.

Pero el rastro de los recursos gestionados por Castro no termina en el patronato fantasma. Al revisar los otros 2.1 millones de lempiras canalizados para obras sociales, esta Unidad de Investigación encontró conexiones con integrantes de su entorno político y una coincidencia posterior entre tres beneficiarios.

Gloria Emmanuelle Arias Yu Way, Kenneth Varela Matute y Génessis María Núñez Lagos recibieron ayudas gestionadas por Castro y, meses después, los tres aparecen como socios de una misma empresa: Transparencia Investigativa S. de R.L., una encuestadora que posteriormente fue registrada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Arias, actual diputada suplente de Libre en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), solicitó en noviembre de 2023 capital semilla para un emprendimiento audiovisual. Se presentó ante Sedesol como una persona de “escasos recursos” y recibió casi 100 mil lempiras. Cinco meses después constituyó, junto a otros seis socios, la encuestadora que posteriormente fue registrada ante el CNE.

Varela recibió casi 100 mil lempiras para adquirir equipo de creación de contenido visual. Su vínculo político conduce directamente al FRP: había ocupado cargos en estructuras internas de Libre y en las primarias de 2025 buscó una diputación suplente por Francisco Morazán dentro de la misma corriente que Castro dirigía en el departamento. También ocupó una gerencia en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

La tercera conexión es Núñez. Recibió poco más de 92 mil lempiras para un emprendimiento tecnológico tras alegar limitaciones financieras. Una fuente conocedora de la relación entre ambos la identifica como expareja de Castro. Aunque es arquitecta, durante el gobierno de Xiomara Castro ocupó la jefatura de Ingeniería del Infop y posteriormente trabajó en el Instituto Nacional del Diabético (Inadi).

Los documentos no demuestran que las ayudas fueran entregadas a cambio de actividad política ni que los recursos recibidos de Sedesol se utilizaran para constituir la empresa. Sí documentan que tres personas beneficiadas mediante gestiones del mismo congresista terminaron meses después asociadas en una encuestadora que participó en el siguiente ciclo electoral.

Para el abogado y analista político Oliver Erazo, este tipo de conexiones evidencia los riesgos de permitir que los congresistas intervengan en la canalización de beneficios financiados con recursos estatales.

“Los diputados legislan, no deberían intervenir en la distribución de ayudas sociales. Estos casos demuestran por qué se necesitan límites claros que impidan utilizar la intermediación de recursos públicos para fortalecer estructuras políticas”, cuestionó Erazo.

Entre las ayudas gestionadas por Castro también aparecen recursos destinados a comprar o reparar equipos para personas que ya tenían empresas en esos mismos negocios. Dos de esas compañías, además, ya vendían bienes o servicios al Estado.

Kelly Michell Durón Velásquez recibió 100 mil lempiras para reparar una impresora destinada a trabajos gráficos. Para entonces ya tenía constituida desde 2021 Inversiones Durón Velásquez S. de R.L., dedicada precisamente a servicios de impresión y publicidad.

Una revisión de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus en HonduCompras identificó que, entre 2022 y 2025, la empresa obtuvo 16 contratos con instituciones públicas por casi 550 mil lempiras.

Silvio Joel Brizo Ramos recibió 100 mil lempiras de Sedesol para reparar un plóter utilizado por Prisma Digital S. de R.L., su empresa de impresión. Para entonces, el negocio ya era contratista del Estado: entre 2022 y 2025 aparece en una veintena de registros de contratación pública que suman más de 2.4 millones de lempiras.

Brizo tampoco era ajeno al entorno político de Castro. Fue cercano a su campaña y en 2025 buscó una diputación suplente por Francisco Morazán dentro del FRP.

Los expedientes dejan sin responder por qué Sedesol aprobó recursos para financiar equipos vinculados a negocios que ya operaban y, en dos casos, contrataban con el Estado. La documentación revisada no detalla qué criterio se utilizó para determinar la necesidad económica de estos beneficiarios.