Tegucigalpa, Honduras.- La sanción y publicación de un decreto electoral, aprobado en medio de cuestionamientos por la legalidad del quórum, desató una inédita crisis institucional, profundizando el conflicto entre los poderes del Estado y sometiendo a fuerte presión la transición democrática del país.
La sanción presidencial del decreto que ordena un nuevo escrutinio electoral convierte al Poder Ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, en cómplice de las decisiones del Poder Legislativo alejadas de la ley y del desconocimiento de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La crisis ha rebasado el ámbito jurídico y se ha transformado en un conflicto político e institucional de alto riesgo.
La publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, apenas 24 horas después de una sesión legislativa ampliamente cuestionada, incrementó la incertidumbre y encendió las alarmas en sectores políticos, jurídicos y sociales, que advierten sobre las consecuencias de validar actos sin respaldo legal.
El diputado liberal Marlon Lara calificó como “traición a la patria” la reciente actuación del Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, al considerar que los legisladores que participaron en dicha sesión incurrieron en una falta que, según él, no prescribe.
“Si las autoridades no proceden ahora, estos hechos deberán ser juzgados en el futuro”, advirtió, quien acusó al oficialismo de actuar de manera desesperada, sin legalidad y con el objetivo de generar confusión en la población.
A juicio del legislador, las acciones emprendidas buscan aferrarse al poder pese al rechazo político, por lo que hizo un llamado a la oposición y a los sectores democráticos a defender el respeto al proceso electoral y a la transición.
Desde el ámbito jurídico, el abogado penalista Félix Ávila sostuvo que la sesión extraordinaria carece de legalidad, al no contar con el quórum necesario de parlamentarios. Además, subrayó que el Congreso no tiene legitimidad constitucional para intervenir en asuntos electorales.
Ávila advirtió que la publicación del decreto en La Gaceta resulta especialmente peligrosa, ya que transmite una apariencia de legalidad institucional a un acto que, en esencia, carece de sustento jurídico.
Para el jurista, se trata de un intento desesperado por mantener el control político en medio de un escenario de transición de poder, lo cual podría tener consecuencias imprevisibles para el Estado de derecho.
Por su parte, la diputada liberal Maribel Espinoza afirmó que la publicación del decreto evidencia la comisión de delitos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Calificó el hecho como un desafío abierto al orden constitucional.
No obstante, Espinoza destacó el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes de la alternancia en el poder, subrayando su reconocimiento a la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según la diputada, la institución castrense custodiará el material electoral y no lo entregará a terceros, a pesar de las presiones políticas.
“Haga lo que haga Luis Redondo y Xiomara Castro, la toma de posesión de diputados, alcaldes y del próximo presidente está garantizada”, afirmó.
La crisis institucional mantiene al país en un escenario de alta tensión, en el que cada decisión profundiza el enfrentamiento entre poderes y pone a prueba la solidez de la democracia hondureña, en la antesala del relevo político.
Durante una sesión extraordinaria, rodeada de dudas sobre su legalidad y marcada por ataques y actos de violencia contra diputados de oposición por parte de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre), el presidente del Congreso Nacional permitió la presentación de un informe sobre la presunta legalidad de la declaratoria, con la presencia exclusiva de diputados propietarios y suplentes de su bancada.
La cuestionada sesión legislativa que se extendió hasta la madrugada del viernes se convirtió en un espacio de discursos y señalamientos contra la oposición y el proceso electoral.
Horas después, tras la finalización de un sorpresivo Consejo de Ministros celebrado la noche del sábado, Redondo lanzó una nueva advertencia al Consejo Nacional Electoral.
Afirmó que, si este órgano no acata el decreto aprobado por el Legislativo, será el Congreso quien asuma el escrutinio y emita posteriormente la declaratoria de resultados.
